Para evitar que el desalojo se tornara violento con consecuencias graves para la integridad física de los afectados y afectadas y dada la agresividad de los agentes policiales enviados a solicitud del alcalde de La Esperanza, Javier Martínez, los vendedores y vendedoras desalojaron el local donde ofrecían sus productos.

De acuerdo con el informe de la (CINPH) los vendedores y vendedoras indígenas fueron reubicados en la calle frente al nuevo Mercado Artesanal, donde hay un terrible hacinamiento dentro y fuera del mercado y que además se encuentra frente al cementerio de Intibucá y a la par de una quebrada de aguas servidas.

El lugar presenta condiciones insalubres e indignadas para la convivencia humana. No hay champas para resguardarse del sol o la lluvia y tampoco existen condiciones de seguridad.

Las personas vendedoras de verduras y frutas, que en su mayoría son mujeres indígenas lencas provenientes de las comunidades, se fueron con sus productos a ubicar adentro y a las orillas del mercado quemado, donde se mantiene la toma de vendedores de ropa, zapatos y granos, para estar en un lugar céntrico y limpio. 

Ante esto, los cuerpos armados han hecho un cordón bloqueando 3 calles principales del centro de la ciudad donde estaba el mercado CICAÍ que albergaba a la gente damnificada del siniestro para que los vendedores no vuelvan a entrar. 

“Como vigilantes de estas acciones de persecución y represión contra el pueblo indígena, el equipo de comunicaciones de la CINPH entrevistó al inspector Juarez, quien manifestó que obedecían una ordenanza municipal emitida por el alcalde de Intibucá, Javier Martínez”, señala la denuncia de la organización indígena.

Por otra parte el sub inspector Leiva dijo a los medios de comunicación que “lo sucedido hoy era por el desarrollo del país y por el bien de la ciudadanía para que tuvieran acceso a circular libremente. Le preguntamos entonces por qué si están defendiendo el derecho a la libre circulación ellos impedían el paso en la zona con un cordón de militares y policías a lo que respondieron que era, para que los vendedores no lo volvieran a ocupar”, detalló el informe de la CINPH.

La alcaldía de Intibucá ha expresado que los vendedores y vendedoras  violentan el derecho a la libre circulación y que aún no había una orden de desalojo del juzgado porque esperarían el diálogo previsto para mañana desde las 3.00 pm entre la Corporación Municipal y los vendedores y vendedoras.

“Manifestamos que estas acciones son políticas represivas, racistas y violatorias de los derechos de las poblaciones indígenas y de los derechos laborales y constitucionales, violatorias de los acuerdos tomados en cabildos abiertos provenientes del régimen de Juan Orlando Hernández  y del alcalde Javier Martinez y su corporación municipal”, expresó la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH)