DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
El Estado de Honduras tiene la responsabilidad de proteger a las personas que se encuentran en situación de calle porque no sólo los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas de base son población en riesgo ante la pandemia del COVID-19, también existe otro sector vulnerable que está en la indigencia en el país.
Agentes de la Policía Nacional preventiva del departamento de El Paraíso, en el Oriente de Honduras, están a sus anchas en la aplicación de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes contra las personas que son detenidas por infringir el toque de queda, entre las que se cuentan toques eléctricos, aplicar la inmersión como en la década de los 80, y colocar una toalla empapada de gas pimienta en el rostro de quienes tienen la mala suerte de caer en manos de los agentes estatales que gozan de toda la impunidad, según varias denuncias registradas por el periodista Fermín García de dicha zona.
Este 24 de abril de 2020 los abusos policiales en los retenes llegaron a tal extremo de provocar la muerte de un ciudadano, herir a otro de gravedad y detener a un tercero. Todos son hermanos y el hecho ocurrió en la comunidad de El Paraíso en Omoa, Cortés, en la zona Norte de Honduras. Según denunciaron los familiares de las víctimas los responsables son agentes de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, del Destacamento Maya Chortí, de Masca, en ese departamento.
Cristhian Martínez, un migrante hondureño, denunció que hay gran cantidad de personas de Honduras que están a la deriva pues fueron sacados de los Estados Unidos hacia el Estado de Tamaulipas en México, pero después llevados a otros sitios, entre ellos a la frontera con Guatemala donde les detuvieron.
La pandemia del Covid-19, ha aumentado la preocupación del Comité de la Diversidad Sexual en Honduras debido a que en su mayoría la población LGTBI se encuentra en calamidad y está concentrada mayormente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Comayagua y Choluteca, de los cuales cuatro son de los más afectados por la pandemia, según un comunicado de prensa difundido este 15 de abril de 2020.
Hay graves violaciones a los derechos humanos contra niños y niñas infractoras, que van desde tortura, explotación sexual comercial y desaparición forzada, en los distintos centros de reclusión del país, según el informe “Estado Crítico de la Nación en Tiempos del Covid-19”, presentado en conferencia de prensa virtual por la Mesa de Derechos Humanos, el pasado 14 de abril de 2020.
Las organizaciones de mujeres y feministas alertaron este 08 de abril de 2020, de la grave situación de violencia contra las mujeres en la emergencia del Covid19, período en el cual las cifras se dispararon alarmantemente sumando más de 7 mil denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar, reportadas por el Sistema Nacional de Emergencias-SNE 911, solo en el mes de marzo de 2020, de las cuales 4 mil 245 se dieron en la primera quincena de este mes, o sea al principio del toque de queda.
El equipo de seguridad interno del Ingenio Azucarero La Grecia y la Empresa de Seguridad Privada (CRAE´S), fueron acusados de abrir fuego contra los campesinos y asesinar a la defensora de la tierra Iris Alvarado Chávez, este 02 de abril de 2020. En el ataque fueron heridos otros campesinos, en la comunidad de “Cerro Escondido” en el departamento de Choluteca.
Las comunidades se organizaron en un intento por frenar la pandemia del Covid-19, tomando acciones como el cierre de entradas y salidas de las zonas, acudir con la gente más vulnerable y aislada de los pueblos para informar y aconsejar sobre los cuidados, además de buscar en lo natural un aporte por la falta de medicina tradicional.
Evelyn Johana Castillo, miembra de la Red de Mujeres de Ojojona, en el departamento de Francisco Morazán, fue detenida el 24 de marzo de 2020. Estuvo en una bartolina por más de 24 horas bajo amenaza constante. Una policía de esa zona encontró el momento propicio para cobrarle caro el haber defendido a una vendedora cuando la misma agente estaba intimidándola y trataba de que no siguiera con sus ventas en el parque días atrás. La agente escribió en el libro de novedades que la defensora violentó el toque de qued.
En el contexto de esta crisis sanitaria, el Poder Judicial es doblemente responsable de lo que pueda suceder a los defensores en relación con su vida y salud. Teniendo en cuenta que el Estado tiene la máxima responsabilidad sobre las personas que están bajo su custodia, en el caso de Guapinol, todavía es mayor porque están en prisión preventiva debido a la inutilidad de los recursos presentados ante las autoridades judiciales, señaló el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, en un comunicado difundido este 19 de marzo de 2020.
Tras la captura este día 17 de marzo de 2020 de la defensora de derechos humanos, Aleyda Huete, en Choluteca, resurge la duda de la utilización de las influencias políticas del presidente del Congreso Nacional , Mauricio Oliva, para meter sus manos en las capturas y apertura de procesos penales contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la disidencia política de esa zona de donde él es diputado.
El militar de las Fuerzas Armadas de Honduras ha regresado con más fuerza contra los indígenas tolupanes después de que la justicia de la zona le diera una sentencia irrisoria por amenazas y daños en noviembre de 2019.
La Corte de Apelaciones ha demorado en dar la resolución al Recurso de Revisión de Medidas del caso de los defensores de Guapinol, pese a que ya ha transcurrido el término el 13 de marzo de 2020, que la Ley señala para dar una respuesta, impidiendo que la parte defensora pueda realizar otra acción legal, lo que significa retardo injustificado de justicia.