DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
La abogada Kenia Oliva, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, denunció que para el equipo legal la falta de respuesta a acciones judiciales en el caso de los ocho defensores del Río Guapinol encarcelados, puede ser una retención maliciosa del expediente para retrasar la libertad de ellos.
La detención ilegal del doctor Eliud Girón, fue un arresto orquestado que tiene por objeto amedrentar a los médicos que han denunciado las atrocidades del gobierno de Juan Orlando Hernández, a criterio de la doctora Ligia Ramos, Fiscal del Colegio Médico de Honduras.
En plena pandemia los médicos, enfermeras y trabajadores del área, se encuentran bajo una situación salarial precaria, condiciones de mala alimentación, problemas de movilización por la suspensión de garantías, contagios por falta de equipos de seguridad adecuados y presión por parte de funcionarios del gobierno si hablan la problemática, así lo denunció la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, en entrevista a pasosdeanimalgrande.com, este 07 de agosto de 2020.
Niñas obligadas a parir producto de una violación sexual por no tener acceso a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, PAE, porque está restringido el uso; mujeres a las que no se les atiende por cáncer u otras enfermedades, hasta la falta de acceso a la comida, son solo algunos de los problemas que se han agudizado para las mujeres, y sobre los cuales el Estado de Honduras se hace de la vista gorda, respaldándose en la Covid-19 como pretexto para dejar un abandono completo a las mujeres, así lo dicen a pasosdeanimalgrande.com dos defensoras de los derechos de las mujeres .
Un Recurso de Reposición presentado por organizaciones de derechos humanos y personas defensoras desde el 07 de junio de este año, se mantiene en las gavetas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esta falta de respuesta violenta el derecho a defender los derechos humanos a miles de personas en Honduras y por ende las acciones en favor de las víctimas son reducidas en terreno debido a las restricciones gubernamentales por Covid19.
La Coalición Contra la Impunidad,(CCI), se pronunció este 28 de julio, mediante una conferencia de prensa virtual sobre la desaparición forzada de cuatro hondureños Garífunas y la reciente muerte de dos, como un patrón de violencia sistemática desde hace años para despojarlos del territorio y acrecentar riquezas turísticas de empresas coludidas con el Estado, incumpliendo la sentencia de asegurar la protección de la población, de acuerdo al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,CorteIDH.
A más de 60 horas del secuestro de cuatro integrantes del pueblo garífuna, en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, entre ellos el presidente del patronato, no hay resultados y se teme que la policía solo esté haciendo como que trabaja en la investigación para encontrarles, pero que no hace nada con la intención de cubrir a quienes los sacaron de sus casas, y que son agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, (DLCN), según dijeron testigos de la zona.
Los líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de La Cruz, Sneider Centeno, Milthon Joel Martínez Suany, Aparicio Mejía y otro identificado aún, fueron secuestrados de su casa por hombres fuertemente armados que tenían identificaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y se los llevaron por la fuerza, sin que pasadas varias horas de los hechos, hayan sido encontrados.
Desde el 16 de marzo que se decretó la suspensión de garantías en Choluteca se han reportado dos asesinatos, dos allanamientos y una detención arbitraria, además de represiones en la zona por las protestas por falta de comida y derecho al trabajo. Desde las elecciones del 2017 es una de las ciudades donde más se reportan incidentes graves a defensores de derechos humanos, periodistas y civiles en general.
El sistema de justicia en Honduras también se fue de cuarentena en Honduras en la pandemia de Covid-19, pero no es que por contagios sino debido a la ineficiencia, lentitud y fortalecimiento de la impunidad. Los recursos presentados para que se les restituyan los derechos a las víctimas no han funcionado, mientras a los perpetradores les facilita el camino, tal es el caso de los involucrados en el crimen de Berta Cáceres que sí han obtenido respuestas, así lo señalan los abogados y defensores de derechos humanos Kenia Oliva y Ariel Madrid.
Las personas que laboran en las empresas de maquila y de alimentos, han manifestado al presidente Juan Orlando Hernández y a la Secretaría de Trabajo, que se solidaricen con a quienes no se les están cumpliendo los derechos obligándoles a laborar en ambientes de contaminación, sin las suficientes medidas de bioseguridad, según lo informó Joel Almendares, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, (CUTH) a pasosdeanimalgrande.com.
Mediante el decreto de emergencia PCM 30-2020, se ordenó poner a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, las tierras fiscales, nacionales y ejidales, lo que beneficiaría a grandes productores y agroindustriales, según denunciaron organizaciones campesinas.
La situación de contagio por el Covid19 en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán, se le salió de las manos al gobierno de Juan Orlando Hernández, lo cual debió de preverse desde el principio de la pandemia y los llamados de alerta de diferentes organizaciones que interpusieron recursos a favor de los privados de libertad por el peligro latente que ahora es una realidad, según denunciaron familiares y organizaciones que trabajan en las cárceles.