El Estado de Honduras ha minimizado la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y el gobierno no les incluyó en las excepciones para otorgarles salvoconductos , lo que pretende cerrar su espacio importante en la sociedad hondureña, sin embargo su compromiso con los derechos fundamentales les ha llevar a crear formas de monitoreo y las demandas ante instituciones estatales para que las víctimas tengan acceso a la justicia.

La Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas de Honduras, denunció que las empleadas domésticas en condición de internas se encuentran propensas a infectarse del virus COVID-19, por lo que exigió del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández incluirlas en los programas de ayudas solidarias, ya que muchas han perdido sus trabajos por la emergencia mundial.

El Mecanismo Nacional de Prevención-Honduras, MNP-CONAPREV, visitó este 16 de abril de 2020 Centro Penal de Olanchito, Yoro, con el fin de constatar las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias de este centro, en en marco de la emergencia sanitaria del COVID -19, y en relación a los defensores de Guapinol constató que están en un espacio reducido, con limitaciones de material de aseo, hogar con poca ventilación y en condición de  hacinamiento, por lo que recomendó a las autoridades judiciales la revisión urgente de la medida cautelar de prision preventiva por una menos lesiva en el marco de la emergencia y ante las condiciones de alojamiento, según lo dió a conocer en su página de facebook, este día.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/2020 el 15 de abril de 2020, mediante la cual busca fortalecer el seguimiento de las medidas cautelares vigentes adoptadas en los términos del artículo 25 de su Reglamento, según lo informó a través de un comunicado de prensa, difundido este 16 de abril de 2020.

El Ministerio Público anunció que investigaciones para revisar el manejo del presupuesto de la emergencia de Covid-19, habrían iniciado desde el 04 de abril, con un equipo conformado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, (FETCCOP),  y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC).