La Policía Nacional Preventiva fue denunciada de intimidar a pobladores del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho, que mantienen un retén de protección contra el virus del Covid19, desde hace varios días.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, inadmitió más de 20 Recursos de Amparo interpuestos por personas defensoras, en el mes de mayo recién pasado, para que se les restituye el derecho a defender los derechos humanos obstaculizado por los decretos ejecutivos en el marco del Covid19 que suspendieron garantías constitucionales, entre ellas el derecho a circulación.

El Consejo Nacional de Protección no se ha reunido para tomar decisiones cruciales sobre las violaciones a los derechos humanos de los grupos beneficiarios de la Ley de Protección como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están sufriendo serios ataques por realizar su labor.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, alertó que en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, donde se encuentran siete defensores de Guapinol, hay ya un privado de libertad contagiados por Covid19, lo que detonará en más contagios, tal como se lo habían advertido al Estado de Honduras, que a través del Poder Judicial se empeña en matenerlos ilegalmente bajo prisión preventiva, y este comité responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández y al Poder Judicial por un posible desenlace fatal contra ellos.

El Congreso Nacional, CN, en Honduras aprobó el pasado 21 de mayo de 2020, la Ley de uso obligatorio de mascarillas y la aplicación de protocolos de bioseguridad, por medio de una Asamblea Legislativa virtual, esta misma ordenanza fue una disposición desde el Poder Ejecutivo, sin considerar la precaria realidad de la mayor parte de la ciudadanía hondureña en especial de las personas en precarias condiciones económica.