Nunca jamás visto en la historia desde la creación del Mecanismo Nacional de Protección, que un Consejo Nacional de Protección se prestara resucitando a la Comisión Ad-Hoc para resolver impugnaciones. El primer caso que resuelve y con la ilegalidad bajo el brazo, para despojar de medidas de protección al defensor Jorge Jiménez de JOPRODEH.
El Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos rechazaron que en la investigación del crimen del defensor Juan López, participen la Fiscalía de Toca, Colón y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguan (UMVIBA), en el Equipo Multidisciplinario que ha creado el Estado a través del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad porque consideran que “es una falta de respeto a la memoria de Juan López y todos los mártires del Bajo Aguán”, según lo dieron a conocer en un comunicado público este 17 de septiembre de 2024.
A casi 24 horas después del asesinato del ambientalista Juan López, las autoridades no han enviado señales de que iniciaron la investigación del crimen, pero la iglesia católica a través del padre Carlos Orellana, de la Parroquia San Isidro Labrador, responsabilizó al alcalde Adán Funez, de ser el autor intelectual de la muerte a través de hombre a sueldo. Mientras el CONADEH denunció que ya había advertido sobre la falta de implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH para el Comité de Bienes Comunes y Públicos.
El 20 de agosto del presente año el Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización, procedió a juramentar a la representante designada por el Poder Ejecutivo ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), pero mantiene su negativa a juramentar a la representante electa en legal y debida forma por la Sociedad Civil, señalaron las organizaciones de derechos humanos JOPRODEH y ASOPODEHU, en un comunicado de prensa este 26 de agosto de 2024.
En respuesta a las amenazas que el presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, difundió en la sesión del Congreso Nacional el día 14 de agosto de 2024, organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, JOPRODEH y ASOPODEHU, se pronunciaron a través de comunicados de prensa donde señalan que ya se trata de una conducta reiterada del titular del Legislativo contra las pocas voces críticas que se atreven a señalar sus ilegalidades.
