DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
La Mesa de Derechos Humanos en Honduras demanda que el Ministerio Público y el Poder Judicial pongan fin al uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Organización, Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), quienes deben comparecer a Audiencia Inicial este 13 de abril de 2021, en franca desigualdad ante la empresa avícola El Cortijo que contamina el Río Choluteca, pero que es tratada con guantes de seda por la justicia y no es castigada por sus acciones contra el medio ambiente por el Estado de Honduras que utiliza la criminalización para sepultar la protesta pacífica en el país.
María Luisa Borjas, diputada y ex comisionada en retiro de la Policía Nacional, se vio orillada a conmutar una condena de dos años y ocho meses de prisión, por el delito de calumnias constitutivas de difamación, después que el sistema judicial emitiera una orden de captura y una alerta migratoria en su contra, el 30 de marzo de 2021. La Audiencia se llevó a cabo en la tarde de este 09 de abril de 2021.
Hernán Rafael Silva Martínez denunció una feroz persecución por tener documentos que evidencian una supuesta corrupción en las fuerzas armadas y desde entonces los militares estarían empleado diferentes estrategias de persecución en busca de la documentación. Este 08 de abril del 2021 cuando se dirigía a su casa logró tomar una fotografía a uno de los vehículos que lo estaba siguiendo.
Los pobladores de las comunidades aledañas a los ríos Ulúa y Chamelecón, en el Valle de Sula, al Norte de Honduras, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por policías cuando realizaban una segunda caminata exigiendo la conformación de una comisión para la reparación de los bordos, este 06 de abril de 2021.
Vanessa Zúniga, una mujer trans y activista de la Asociación de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad, SIDA en Tela , APREST, en el departamento de Atlántida, fue asesinada el 31 de marzo de 2021, justamente la misma fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.
Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Teresa Valladares, y Fernando Hernández, de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH y pobladores de Tegucigalpa, permanecieron detenidos desde el 29 de marzo de 2021 bajo los cargos de desplazamiento forzado. Un juez les dejó con medidas sustitutivas a la prisión y esperan la Audiencia Inicial para el 13 de abril próximo.
Juan Carlos Cerros, líder indígena y defensor ambiental, fue acribillado a balazos cuando se dirigía a su casa en la colonia Nueva Granada, que se ubica entre los municipios de Chinda en Santa Bárbara y San Antonio, en el departamento de Cortés, este 21 de marzo de 2021.
Cerros Escalante, era representante de las comunidades unidas por el Río Ulúa, coordinador Consejo Indígena Nueva Granada, miembro de la Plataforma Nacional Indígena Honduras y del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS.
Habría sufrido un atentado años atrás y fue deslazado de su comunidad, por eso tenía medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, pero retornó después de un tiempo debido a que ahí estaba su patrimonio y su familia.
Dos años antes
“Nosotros estamos claros que las tierras no están en venta y no las estamos regalando, somos los que decimos que hacer con ella y no un grupo de empresarios que se creen dueños del país… yo sufrí un atentado y créanme que estoy dispuesto a dar mi vida, pero no a esas empresas privadas”, estas fueron sus palabras cuando participaba en una reunión de las comunidades unidas por el Río Ulúa, en enero del 2019.
Betty Vásquez, coordinadora del MAS, condenó el hecho violento, la criminalización y persecución de que fue víctima el defensor , quien era coordinador de las comunidades que son afectadas por la represa Hidroeléctrica El Tornillito.
Según Vásquez se trata de un crimen político por el activismo permanente por la defensa del territorio, entre las riberas del Río Ulúa, en el municipio de San Antonio, Cortés y de Chinda en Santa Bárbara. Él y su familia vivían en la comunidad de Nueva Granada donde se declararon el 23 de febrero del 2017, libres de extractivismo y dijeron no a la instalación del proyecto Hidroeléctrico El Tornillito.
Las comunidades indígenas Lencas sobrellevan una dura lucha contra hidroeléctricas en el occidente de Honduras, donde se instalan proyectos extractivos sin la consulta previa e irrespetando la voluntad de los pobladores.
"No dudamos que para lograr sus propósitos el gobierno actual y sus grupos de poder económico y militar hacen todo lo posible por sacar de circulación a quien se oponga a sus propósitos. Es por ello por lo que tenemos el derecho a pensar que en el caso de Juan Carlos Cerros se trata de un asesinato orientado a hacer desaparecer la oposición en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Tornillito", señaló en un comunicado público la Coordinadora Nacional de Redes y Organizaciones Ambientalistas de Honduras, CONROA, en relación al crimen del ambientalista, Juan Carlos Cerros, ocurrido la noche del domingo 21 de marzo de 2021.
Un exagerado despliegue militar que se mantiene hasta ahora, y represión contra la población para propiciar reelección de un alcalde que apoya a hidroeléctrica Progelsa, denunciaron personas defensoras de derechos humanos del sector, quienes temen un desenlace fatal por esta arbitrariedad.
La empresa en mención sin la consulta previa a la población se ha empecinado en apoderarse del Río Petacón que es una fuente de agua para proveer de este líquido a toda la comunidad. Para lograr esta acción que conlleva el lucro , cuenta con agentes estatales como fiscales y policías que han promovido juicios ante los tribunales de justicia, una forma de criminalización para detener la resistencia a perder el río.
Defensores ambientalistas que tienen más de un año luchando contra las acciones de la Empresa Avícola el Cortijo, en la ciudad de Tegucigalpa, denunciaron que está contaminando el Río Choluteca con las descargas de aguas sucias sin ningún tipo de sanción por parte de las instituciones de sanidad del Estado.
La Coordinadora Ambiental Indígena Campesina del Departamento de la Paz, denunció la tala ilegal en la comunidad de Planes de Marcala, en el sitio denominado el “borbollón”, donde se encuentran varias rastras cargadas de madera y como medida de las comunidades para evitar esta ilegalidad procedieron a hacer tomas de carrteras el pasado 01 de marzo de 2021.
Lidia Ramos Simeón es esposa de Jeremías Martínez, ambos son defensores del medio ambiente. Él fue criminalizado por los delitos de usurpación, daños y tiene más de dos años de estar privado de libertad su el Juicio Oral y Público finalizó este 09 de marzo de 2021 y el viernes 12 de este mismo mes, se emitirá la sentencia.
Miembros de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, CONPAH, expusieron que mientras se mantuvo en cuarentena a la población por la pandemia del Covid-19, hubo aprovechamiento en contra de los pueblos de la Mosquitia, en Gracias a Dios, donde incluso usurparon firmas para promover la apertura de carreteras y destrucción del territorio.
Aumentan las preocupaciones de la sociedad con la reforma en la compra de vacunas Covid-19, donde habrá carta abierta de los fondos del Estado, sin obligaciones de transparencia, eso es lo que fue aprobado por el Congreso Nacional de la República en esta semana, diversos sectores ven venir otro problema con los fondos públicos como el defalco al seguro social.