DENUNCIAS
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Una audiencia a escondidas impulsada por el Ministerio Público para llevar a cabo una prueba anticipada con un supuesto testigo protegido, fue descubierta este 10 de agosto de 2021 a las 9:00 a.m, por los abogados de defensores del Comité Indígena Lenca de Reitoca, que están acusados de quemar una posta policial, pero en el fondo es detenerlos en la defensa del Río Petacón en la comunidad de Reitoca, donde la hidroeléctrica PROGELSA está empecinada en apropiárselo.
El Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI, SOMOS CDC, denunció este 06 de agosto de 2021, que el Patronato de la Colonia Payaquí de Tegucigalpa y la seguridad privada de ese sector, les mantienen en constante vigilancia y hostigamiento por ser una organización de la diversidad sexual, además señalaron que a pesar que solicitaron que el Mecanismo de Protección, organismo del cual son un colectivo beneficiario de medidas debido a amenazas en su contra, les enviara un oficial para que constatara los hechos, no obtuvieron respuesta, según una denuncia pública difundida.
Acusados por el Ministerio Público de incendio agravado y atentado, cinco defensores del Río Petacón, en el municipio de Reitoca, fueron dejados bajo estrictas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, entre ellas que no deben volver a su pueblo, no salir del país, estar bajo la custodia de sus abogados y presentarse todos los lunes a reportarse al Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, según lo señala el acta de notificación de medidas sustitutivas de la madrugada de este 06 de agosto de 2021.
Un juez aceptó un requerimiento fiscal del Ministerio Público sin fundamento, el objetivo enviar a prisión a cinco defensores del Río Petacón en Reitoca, un municipio en el departamento de Francisco Morazán que trata de que la hidroeléctrica PROGELSA no les arrebate su fuente de agua. Las acciones policiales se llevaron a cabo en completa ilegalidad, este 05 de agosto de 2021.
Un fuerte contingente policial llegó a las 5 y 30 a.m a la comunidad de Reitoca para atacar a defensores y defensoras de derechos humanos, derribando puertas, golpeando a quien encontraran en su camino, agrediendo y acosando a una defensora, además de detener a unos cinco defensores de derechos humanos que defienden el Río Petacón de una hodroeléctrica. El terror fue utilizado para que la gente tuviera miedo, pero el peligro de muerte fue sobrepasado por la solidaridad. Mujeres con sus niños recién nacidos fueron afectadas por los gases lacrimógenos lanzados en grandes proporciones, este 05 de agosto de 2021, en la ese lugar que es parte del departamento de Francisco Morazán.
Es la segunda organización que se retira del Consejo Nacional de Protección y aduce que tomaron la decisión en una asamblea del Colegio de Abogados de Honduras, CAH, porque la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, les comunicó que el ejercicio de la profesión de abogados no está en la Ley de Protección, “el colegio no debe ser comparsa en una farsa …exigimos políticas claras y efectivas de seguridad”, señaló este gremio en comunicado público donde oficializa su salida.
La contradicción que existe es que la Comisión Técnica de Invalidez, instancia contemplada en el Reglamento de la Ley del IHSS, señala que la certificación de la calificación de discapacidad por accidentes o enfermedades de trabajo debe emitirse en 90 días, pero el trámite dura unos ocho años, debido a lo engorroso de las examinaciones por inspectores de trabajo, según lo denunció la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, en un pronunciamiento difundido este 26 de julio de 2021.
Las primeras horas de la mañana de este 23 de julio de 2021, se convirtieron en momentos de zozobra para el periodista y defensor de derechos Humanos, Cesario Padilla, cuando agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI y Policía Nacional , casi botan la puerta de su casa con estruendosos toques, a eso de las 6 y 20 a.m.
La Plataforma Agraria denunció a través de un comunicado público que la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, pretendería sobornar con la facilitación de visas a quienes sirvan de testigos protegidos para acusar a los defensores de derechos humanos Jaime Adali Cabrera del Cid e Hipólito Rivas, de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez, para que se les involucre en el crimen contra Santos Marcerlo Torres.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y las representaciones de 13 comunidades del sector San Pedro, barrios y colonias, entregaron este 29 de junio de 2021 a MiAmbiente, un Informe Técnico que evidencia la contaminación que sufren a causa de la minera Inversiones Los Pinares/Ecotec, en el Parque Nacional Carlos Escaleras, establecido en un área protegida, así como en los ríos del sector.
El impacto negativo sobre los Ríos Guapinol y San Pedro se establece a partir de las operaciones de la minera que contamina el agua en el sector.
En el informe presentan los elementos técnicos científicos que demuestran la destrucción del bosque, manto acuífero productor de agua de las Comunidades del Municipio.
También se incluye la apertura de una calle en el parque Carlos Escaleras, la cual se desarrolla de forma ilegal y sin licencias ambientales, a pesar de que existe un plan de manejo que es responsabilidad del Instituto de Conservación Forestal, ICF, que prohíbe la explotación Minera en el área protegida.
Exigieron las respectivas diligencias para la cancelación inmediata de las licencias ambientales otorgadas para las concesiones Mineras ASP, ASP2, ECOTEK y producción de energía eléctrica, que se aprobaron sin la consulta ciudadana ni el sustento de un informe técnico válido.
Tampoco se tomó en cuenta la Asamblea Municipal en la Cumbre del Agua, donde determinó decir no a la Minería, así como el Cabildo Abierto Municipal declarando a Tocoa libre de minería, además de las prohibiciones establecidas en el plan de manejo, agregaron los defensores.
Finalmente hacen un llamado a las organizaciones Nacionales e internacionales de Derechos Humanos y la Comunidad Internacional a dar seguimiento a las exigencias del Comité Municipal de Tocoa y las comunidades afectadas.
Una serie de estrategias que dejaron a un presidente fuera de su cargo y establecieron las bases de la ilegalidad, la desarticulación de la institucionalidad y una impunidad galopante que se agudiza cada día, fueron las conclusiones a las que llegó el foro vitual “La Protesta Social y la Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, desarrollado este 28 de junio de 2021, a 12 años de esos hechos violentos contra el pueblo hondureño.
Presidentes de organizaciones no gubernamentales consideran que no hay un verdadero acceso a las vacunas o beneficios para periodistas, especialmente para los comunitarios e independientes que son ignorados por las autoridades en sus mismos municipios o pueblos, durante la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.
A través de la Procuraduría General de la República el Estado de Honduras negó la incorporación del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, SUNLA, en las investigaciones sobre la desaparición forzada de cuatro garífunas, según lo denunciaron en una carta pública difundida este 09 de junio de 2021, más de 200 organizaciones nacionales e internacionales.
Cesario Padilla, ex lider estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, periodista y defensor de derechos humanos, denunció que estructuras de persecusión no han sido desmanteladas en ese centro de estudios, el sistema de justicia es instrumentalizado para perseguir a estudiantes y las actuales autoridades dicen que quieren dialogar pero no hacen nada para terminar con procesos de criminalización en los tribunales, el objetivo es seguir sembrando el terror.