La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (WOLA), criticó el estado de excepción establecido a través de un decreto ejecutivo por la presidenta Xiomara Castro e hizo un llamado a velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Además recordó que el involucramiento de las Fuerzas Armadas de Honduras en tareas de seguridad es una contradicción con el plan de gobierno de la mandataria para refundar Honduras.

WOLA ha publicado diversos informes sobre Honduras en relación a la problemática de los derechos humanos y la impunidad. En esta ocasión a través de un pronunciamiento de fecha 07 de diciembre de 2022, desmenuza diversas actuaciones estatales y hace un llamado público “para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y  El Salvador , quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas”. 

Lea el comunicado completo de WOLA:

Otros organismos se han pronunciado

En relación a este tema, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, vio que “El Decreto Ejecutivo que contempla el Estado de Excepción debe ser objeto de aprobación en el Congreso Nacional e informado inmediatamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)”.

El CONADEH dijo también que tal decreto exigirse ciertos derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le corresponde también al Estado hondureño, notificarlo ante el Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Mientras la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, dijo en un comunicado que “aún con las salvaguardas adoptadas, la regulación del estado de emergencia en el mencionado decreto presenta riesgos que podrían concretarse durante la implementación de la estrategia, si no se toman medidas de debida diligencia, tales como: (i) que los órganos operativos de seguridad y defensa, encargados principales de ejecutar las primeras fases del plan, no asuman funciones y competencias más allá de las establecidas en el ordenamiento nacional y las normas internacionales; y, (ii) que participen en la ejecución de la estrategia instituciones que tienen funciones claras de dirección y control respecto al aparato de seguridad”.