Organizaciones de libertad de expresión y libertad de prensa solicitaron a los Estados Centroamericanos, este 23 de marzo de 2023 , mecanismos de atención oportuna para proteger a los periodistas , debido a que están siendo objeto de una escalada de violencia sin precedentes.
Fue a través de una conferencia de prensa que contó con la presencia la representante de Reporteros Sin Fronteras, (RSF), América Latina, Bia Barbosa, la periodista salvadoreña y representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), y Jonathan Bock el coordinador del centro de Estudios de Libertad de Expresión (FLIP).
En un comunicado de prensa entregado a periodistas de diferentes medios de comunicación en la capital hondureña, señalan que América Latina actualmente es el continente más letal y peligroso para la prensa, y en el año 2022, unos 39 periodistas fueron asesinados en la región, la cifra más alta desde que se llevan registros lo que representa la mitad del total de los periodistas asesinados en todo el mundo. Si bien hay diferentes particularidades en cada uno de los países también existen patrones de ataques contra la prensa que se repiten en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Algunos de estos ataques son privaciones ilegales de la libertad, exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal y estigmatización. Otro factor común es que el principal agresor de la violencia contra la prensa es el Estado. En promedio, el 70% de los ataques son perpetrados por personas servidoras públicas.
En Honduras, después de un gobierno a cargo de un presidente vinculado con narcotráfico y preso en Estados Unidos, se esperaba una transición con preponderancia hacia la protección de los derechos humanos y el establecimiento de un ambiente propicio para la pluralidad periodística, donde la libertad de expresión fuera de uno de los ejes fundamentales.
Sin embargo, esa pluralidad se ve empañada por más violencia hacia los periodistas, consistente en crímenes, agresiones y discursos estigmatizantes y descalificantes desde funcionarios de gobierno hacia periodistas críticos.
Frente a un contexto de ataques constantes contra el periodismo independiente, es urgente la construcción de espacios de articulación entre colegas a nivel nacional y regional, respetando la diversidad de opiniones e ideas, con un fin común: la defensa de la libertad de prensa y expresión .
Pasos de Animal Grande conversó con Alba López, presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras,(ACOSH), quien fue víctima de un atentado que la dejó debatiéndose entre la vida y la muerte en diciembre de 2022, uno de los únicos casos en los que el Mecanismo de Protección ha puesto un poco de interés.
La periodista y defensora de los derechos humanos, ha sido constante en la lucha contra las Zonas Especiales de Desarrollo, ZEDE y contra la privatización del agua.
López también fue beneficiaria del Mecanismo de Protección en el 2020 y 2021, por recibir amenazas contra su vida, en la defensa del medio ambiente, en el caso concreto relacionado con proyectos habitacionales en la reserva de La Tigra, aproximadamente a 35 kilómetros de Tegucigalpa proyectos que dejarán en una grave situación por la falta de agua a miles de capitalinos.
“Vivimos en un país con inseguridad y los periodistas nos sentimos desprotegidos, siento que hay falencias, la prensa debe estar en las mejores condiciones porque somos el ojo y somos la veeduría social en este país”, subrayó.
La periodista es el vivo ejemplo que Honduras es un territorio difícil para la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Además, a más de cuatro meses de su atentado no hay investigación que arroje resultados, con su caso queda evidenciado que la investigación en el país es pobre y casi nunca se llega a la conclusión para deducir responsabilidades a los perpetradores.
En medio de este panorama que afecta gravemente la vida de los y las periodistas, el mecanismo de protección en Honduras , en este momento, no es una opción para salvaguardar la vida de este sector.
Por otra parte las autoridades no le toman interés y se encuentra en una crisis institucional, técnica y presupuestaria por la falta de voluntad política para dirigir adecuadamente una institución vital para salvaguardar la vida de periodistas amenazados.
La representante la representante de (RSF), Bia Barbosa, en conversación con Pasos de Animal Grande, manifestó su preocupación ante un Mecanismo de Protección que está prácticamente desmantelado.
A su juicio el no funcionamiento de este Mecanismo es por la falta de recursos, personal capacitado falta de institucionalidad. “Hay todo un trabajo por hacer con el nuevo mandato del Consejo Nacional de Protección que también debe establecer diálogo amplio con todos los sectores de sociedad civil”.
Agregó que al conversar con varios los periodistas de este país, la respuesta que dan es que el Mecanismo no sirve para nada, “Necesitamos una política pública que proteja a los periodistas en su cotidianidad y que se creen en consonancia con los afectados para salvaguardarles la vida”.
El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz, también conversó con Pasos de Animal Grande y asegura que en Honduras no hay voluntad política de proteger la vida ni los derechos humanos de defensores, periodistas y comunicadores sociales, sino más bien parece que es agenda de este gobierno la desprotección.
Las diferentes organizaciones reunidas en la conferencia de prensa, recuerdan la obligación de los Estados de adoptar medidas concretas de protección cuando existe una situación de riesgo real e inminente para una determinada persona o grupo de individuos.
Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, cita el comunicado difundido.
CONTENIDO DEL COMUNICADO