El acoso sistemático que está llevando a que muchos periodistas abandonen Honduras, o se vayan al exilio, menoscaba la democracia y lleva a la sociedad a perder sus voces relevantes, denunció la periodista Dina Meza, en la audiencia 29 del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 11 de julio de 2024.
Según experto, la protección de los periodistas no solo es una cuestión de proteger la verdad y justicia, sino una necesidad imperiosa de mantener la integridad de la información y la democracia a nivel global.
En esta audiencia regional sobre “el exilio de periodistas e impactos en la libertad de expresión”- participaron representantes de Cuba, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes expusieron la realidad de persecución que viven los periodistas en estos países.
En la cita, se expuso como en estas naciones se ha logrado detectar prácticas de hostigamiento cada vez más sofisticadas y sistemáticas, dentro de las que destaca el hackeo de cuentas en redes sociales, la violencia en espacios físicos y digitales, el descrédito en medios de comunicación oficialista, el uso de la legislación interna para criminalizar el ejercicio efectivo de derechos humanos, así como una persecución transfronteriza.
“En lo que respecta a Honduras, se ha identificado como las causas que generan el exilio de periodistas la persecución por parte de élites y el gobierno central, así como gobiernos locales. También son víctimas de las represalias del crimen organizado y del narcotráfico cuando abordan temas relacionados con estos actores y su vinculación con el poder público”, sostuvo Meza, periodista y coordinadora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
Los grupos criminales y los cárteles transnacionales de la droga se han infiltrado. con tal eficacia en el país. En diciembre de 2022, Pen International visitó Honduras y se reunió con un grupo de periodistas que han enfrentado un ambiente hostil, de amenazas que los han llevado a la autocensuran o escriben anónimamente o bajo pseudónimo por miedo a la persecución.
Otros se enfrentan a acosos legales o discriminación por cuestiones de género. La impunidad es otro de los principales patrones que ejerce el Estado hondureño para aportar al exilio. Los casos de periodistas que son víctimas de algún delito debido a su labor se mantienen sin acciones de seguimiento por parte de las instituciones.
Otro aspecto es la inoperancia institucional del Mecanismo Nacional de Protección, creado por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en el 2015 que incumple su mandato, cuestionó Meza.
Destacó que otro de los patrones que obligan al exilio a los periodistas es la elaboración de campañas de desprestigio, “al igual que la colocación de sello de falso o cualquier trabajo periodístico o de investigación que no sea del agrado del actual gobierno. Esto pone en precario la credibilidad del medio de comunicación y de los periodistas”.
Aseguró que la ASOPODEHU ha registrado en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro- desde mediados de 2023 a la fecha- cuatro periodistas que tuvieron que irse al exilio y otros cuatro se encuentran en estos momentos en proceso de salida.
Además, al menos dos periodistas al mes quieren largarse de Honduras porque ven imposible seguir trabajando en la labor de periodistas. Pen International ha constatado que el gobierno de Xiomara Castro ejerce presión variable sobre los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”, denunció.
El patrón observado de violencia contra la prensa se ha exacerbado por el discurso estigmatizador de autoridades y funcionarios públicos que tildan de adversarios y delincuentes a las voces críticas, poniendo en riesgo la integridad de periodistas, defensores y trabajadores de medios de comunicación.
Este discurso es un arma letal en un contexto de profunda impunidad y debilidad institucional. Además, otra preocupación es la existencia de marcos normativos restringidos. que critican la libertad de expresión e incluyen en el Código Penal las injurias, difamación y calumnias, sostuvo Meza.
En este contexto resulta de gran preocupación el acoso sistemático a periodistas, mujeres y defensoras de derechos humanos. PEN International ha documentado los relatos de acosos selectivos, vigilancia, amenazas y campañas de desprestigio destinadas a perseguir a periodistas.
El hecho de que existan periodistas de Honduras en situación de exilio genera impacto, entre ellos que la sociedad pierde una voz relevante que le transmitía información para tomar decisiones, menoscabando por otro lado la democracia. El exilio del periodismo en Honduras revela el fracaso de las instituciones encargadas de justicia, criticó.
Las salidas de emergencias se han incrementado en el último año. Los periodistas salen rápidamente llevando solo lo necesario, si es que consiguen fondos para poder sostenerse unos meses fuera del país. Pero su retorno tiene mucha incertidumbre porque no hay condiciones de seguridad para su regreso.
Una vez que salen del país, enfrentan varios retos. Uno de ellos es que no existe personas conocidas u organizaciones que puedan acompañarles por lo que el proceso de llegada se complica respecto a procesos legales. La falta de atención psicológica y médica provoca que los problemas de salud generados a raíz del exilio se profundicen.
El proceso de inserción en la sociedad a la que llegan se agrava. Muchos de ellos son víctimas de discriminación, sumada a la inestabilidad económica y la falta de oportunidades laborales.
Las reacciones del Estado hondureño sobre el exilio de periodistas se han caracterizado por la descalificación de las amenazas suscitadas, por el desprestigio a través de argumentos que desacreditan su exilio, detalló Meza.
Preocupación por lo que sucede en la región
Cintia Alba, coordinadora del programa Centroamérica y El Caribe de Articulo 19 con oficina para México y Centroamérica exteriorizó la preocupación por la situación de exilio de periodistas, particularmente de Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
“Nos preocupa esencialmente porque el ascenso de los gobiernos autoritarios y dictatoriales en América Latina, particularmente en Centroamérica y el Caribe, ha trastocado la garantía de derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, de acceso a la información y de prensa”.
Los actos represivos de estos gobiernos se han focalizado en las personas que cuestionan públicamente el estatus quo de violencia, censura, corrupción e impunidad que se vive en dichos países.
La represión y las agresiones en contra de personas que ejercen la libertad de prensa y de expresión ha derivado en que periodistas o medios de comunicación independientes tengan que salir forzosamente de sus países de origen, incluso que les sea retirada su nacionalidad.
Consideramos urgente y prioritario visibilizar las causas, los factores, las condiciones de salida y los retos que enfrentan los periodistas en el exilio, con la finalidad de que el análisis contribuya al entendimiento de la problemática e impulse la implementación de acciones favorables para este grupo de personas, planteó Alba.
Persecución en Cuba
Por su parte Alain Espinoza, miembro de Cubalex, una ONG defensora de derechos humanos de Cuba, explicó que el exilio forzado de los periodistas en esa isla es provocado por una represión política que tiene como fin mantener el control sobre la narrativa pública y suprimir la disidencia en el país. Para ello, el Estado utiliza un entramado represivo que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corto tiempo, torturas, tratos denigrantes contra cualquier voz crítica e independiente.
Cada vez las tácticas de hostigamiento son más sofisticadas y sistemáticas, dentro de las que destaca el hackeo de cuentas en redes sociales, la violencia en espacios físicos y digitales, el descrédito en medios de comunicación oficialista y el uso de la legislación interna para criminalizar el ejercicio efectivo de derechos humanos.
Desde 2021 se ha documentado el exilio forzado de al menos 44 personas periodistas, de ellas 28 son hombres, 15 son mujeres y una se identifica como otro género. Estos datos evidencian la extrema gravedad de la represión y una dimensión de género que afecta de manera especial a las mujeres, quienes a partir de la violencia visceral a la que son sometidas se ven obligadas a abandonar el país para proteger no solo su integridad física y profesional, sino también la de sus padres.
Estas prácticas a menudo se convierten en agresiones de doble y triple vía a partir de la prohibición de retorno al país y las constantes amenazas a los familiares que quedan en la isla. Este tipo de práctica además busca promover el abandono del periodismo independiente para el acceso a información diversa.
En la mayoría de los casos, el exilio es causado como la única vía de escape a la prisión prolongada y en condiciones inhumanas y degradadas. Las personas periodistas en condición de exilio ven afectados todos los ámbitos de la vida.
En el ámbito económico y profesional enfrentan condiciones muy desfavorables. Dependen de manera casi exclusiva de las redes tecnológicas y las plataformas digitales, o que les impide solventar de manera adecuada sus necesidades, disfrutar su derecho a la vida digna y las precariza como personas y profesionalmente, manifestó.
Espinoza es del criterio que el exilio forzado de personas periodistas impide el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, el debate diverso en temas de interés público que da sostén a la democracia y además conduce a nuestra sociedad a la desinformación, viola el derecho a saber y posibilita las violaciones de derechos humanos.
La realidad nicaragüense
De igual manera, Guillermo Medrano de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua detalló la difícil situación que viven los hombres y mujeres de prensa, quienes, ante el asedio, la persecución y la violencia desmedida ejercida por agentes estatales y paraestatales, toman la difícil decisión de exiliarse para salvaguardar su integridad física y proteger a su familia.
Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis de violaciones a derechos humanos, las cuales escalaron a niveles de mayor violencia a partir de la rebelión cívica de 2018, cuando el Estado, a través de sus instituciones, desataron una feroz represión en contra de los diversos sectores de la sociedad, donde los periodistas no han sido la excepción.
La falta de libertades civiles que se vive, junto con el apriete hostil hacia la prensa independiente, impulsado por el gobierno, ha generado que entre abril de 2018 y junio de 2023, al menos 263 periodistas hayan sido obligados al exilio. Una cifra devastadora, la mayor de los cinco países que hoy nos encontramos en esta audiencia.
Entre los principales patrones de represión que ejerce el Estado nicaragüense para forzar el exilio de periodistas están las amenazas de encarcelamiento, asedio e intimidación en las casas de las víctimas, el uso de lenguaje estigmatizante, la difamación y calumnia en contra de los profesionales de la comunicación y medios de comunicación independientes.
Estos son parte de las estrategias gubernamentales con la única intención de silenciar a la prensa. Las jornadas de asedio e intimidación se han extendido a las familias de periodistas que se encuentran en el exilio. También incluye a periodistas jubilados o retirados, pormenorizó Medrano.
Además, continuó desglosando, otro factor que predomina como una amenaza permanente es la judicialización de la práctica periodística implementada a través de la aprobación de leyes arbitrarias, como la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley de defensa de los derechos del pueblo.
Es relevante mencionar que la retención migratoria, el decomiso de pasaportes y la prohibición de retornar al país que hace la Dirección General de Migración y Extranjería no solamente ha afectado a periodistas, sino también a sus familiares. Esto automáticamente se convierte en un destierro. También como parte del acoso, varios periodistas exiliados han denunciado el cierre de cuentas bancarias, sin explicación, ni notificación por parte de los bancos, especificó.
Es crucial señalar, dijo Medrano, que en el exilio las oportunidades laborales en el campo de la comunicación y el periodismo son escasas. Son pocas las personas que logran encontrar un espacio para desarrollarse profesionalmente. La mayoría debe repartir su tiempo entre diversas áreas y tratar de satisfacer sus necesidades básicas.
Además, se enfrenta a una serie de dificultades en principio porque muchos de ellos salieron del país sin documentos, pasaportes o títulos y esto le genera problemas de movilización y comprobación de sus estudios profesionales, lo que deriva en que las personas periodistas tengan dificultades para regularizar su situación migratoria en el país de acogida.
Para sobrevivir a esa adversidad, los periodistas han tenido que desarrollar un periodismo colaborativo. En otros casos, un periodista debe colaborar hasta con tres medios de comunicación para lograr ajustar un salario que pueda sancionar los gastos mínimos, precisó.
Lo que pasa en El Salvador
Sobre lo que sucede en El Salvador, Gabriel Labrador, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, sostuvo que entre 2022 y 2023 se documentaron cinco casos de periodistas exiliados- cuatro mujeres y un hombre- debido a amenazas y situaciones de riesgo derivadas de su labor.
Ellos fueron víctimas de campañas sistemáticas de agresión digital en redes sociales, la estigmatización en el discurso público, el hostigamiento judicial, las amenazas directas y la violencia basada en género.
Relató que el gobierno aprobó una ley mordaza que castigaba con cárcel de 15 años a quien publicara mensajes provenientes de pandilleros, una normativa que con la cual se buscaba frenar el trabajo de la prensa que ha documentado y revelado el pacto secreto entre la administración Bukele y los grupos criminales.
La salida de periodistas impacta negativamente la calidad de información disponible para la sociedad salvadoreña, reduciendo el número de voces críticas y especializadas sobre distintos temas, lamentó Labrador.
Guatemala no es la excepción
Asimismo, Lucía Escobar, periodista guatemalteca en el exilio desde el 2023 compartió el contexto en que trabajan sus colegas que ha llevado a más de 20 periodistas a salir de ese país.
Durante la administración de Alejandro Giammattei, tanto las instituciones del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial, específicamente el Ministerio Público, fueron cooptados por poderes corruptos y antidemocráticos.
Según un informe del 2023 elaborado por la red Rompe el Miedo Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el 72 por ciento de los periodistas exiliados o entrevistados fueron criminalizados mientras realizaban cobertura sobre corrupción e impunidad.
El 77.8% recibió múltiples y reiteradas ataques como amenazas e intimidaciones, señalando que trabajaron en contextos hostiles y de acoso principalmente a través de redes sociales.
La gran mayoría de víctimas identificó a los actores políticos como sus agresores. Por otro lado, ninguna organización local de Guatemala se encontraba preparada para atender la urgencia en los casos de exilio con excepción de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
La insuficiente atención al creciente número de exiliados impacta en las condiciones de vida de los periodistas, generando efectos negativos en la sociedad y profundizando el clima de autocensura y privando a las personas del derecho a ser informadas, reflexionó Escobar.
Presión sobre los medios de comunicación
Para Alberto Brunori, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en América Central y el Caribe, el exilio de los periodistas ha aumentado en los últimos años debido a la presión sobre los medios de comunicación de muchos países.
Remarcó que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de los Derechos a la Libertad de Opinión y Expresión ha destacado en su último informe la función vital de una prensa libre, independiente, pluralista en la democracia.
La creciente presión sobre los medios de comunicación y las tendencias autoritarias, inclusive en estado democrático, están cerrando el espacio a medios independientes. Esto ha forzado a muchos periodistas, como hemos escuchado, a huir, creando un vacío informativo y debilitando la capacidad de la sociedad para mantenerse informada y crítica.
“El exilio de periodistas implica una gran pérdida para la democracia y una alerta sobre la vigencia de los derechos humanos. También implica una situación que requiere la atención especial, es atención y reconocimiento del papel que cumplen fuera de sus países”, analizó.
Rememoró como los periodistas luchan no solo contra la desinformación, sino también desafían la narrativa oficial para poder cumplir su responsabilidad con la sociedad.
Brunori, pidió a la comunidad internacional a tomar medidas conducentes a proteger a los periodistas en el exilio. Es imperativo garantizar su seguridad y capacidad para que continúen su labor esencial en la defensa de la verdad de la justicia y de la democracia. Su protección no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad imperiosa de mantener la integridad de la información y la democracia a nivel global”, meditó.
En la audiencia se instó a cada uno de los países a establecer mecanismos de protección integrales y modalidades de apoyo efectivas para prevenir que los periodistas en situación de riesgo tengan que exiliarse para garantizar su derecho a la libertad de expresión y de prensa, incluso para proteger su integridad física.
Asimismo, se sugirió que la CIDH intervenga para que los Estados establezcan mecanismos accesibles para proveer apoyo y asistencia a las personas periodistas en condiciones de exilio, que faciliten su integración en los países de acoso y que se comprometan a evitar más prácticas represivas contra estos profesionales.