Como nunca visto, el país vive un alto nivel de violencia política que cada día escala de las agresiones verbales a las físicas tal como recientemente ocurrió con el ataque a Cosette López, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con el asesinato de Juan López, ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Colón.

Casa Presidencial, ministros, funcionarios, diputados y la militancia de Libre, coordinada y visceralmente atacan con toda virulencia a los críticos del gobierno, sean estos nacionales o de la comunidad internacional.  

Discurso confrontativo desde el Poder Ejecutivo y Legislativo cada día va en aumento. La misoginia o ataques de odio contra las mujeres cada vez son más viscerales, sobre todo en las redes sociales ya que muchos responsables se esconden bajo cuentas falsas, mientras que otros lo hacen abiertamente.

Algunos medios tradicionales y periodistas también son parte de esos grupos de respuestas agresivas y descalificadoras contra aquellos que piensan distintos o no comparten la ideología de la gente que actualmente está en el poder.

Para Augusto Aguilar, experto en temas electorales, este tipo de agresiones siempre se ha dado en todos los procesos electorales, pero esta vez ha aumentado incontrolablemente.

Él considera que esto es parte de esa conflictividad que sacude a todas las estructuras sociales del país y ahora más con las redes sociales sobre las cuales no hay un control.

Ese problema no solo lo tenemos en Honduras, sino que está presente en toda América Latina, porque se están usando las redes sociales y algunos medios de comunicación para hacer campañas sucias, para denigrar a la gente, sobre todo a los que piensan distinto.

Que los políticos se comporten a la altura, depende mucho de la dirigencia de los   partidos. “Ellos deben llamar a sus representantes y a sus seguidores a moderar la lucha, el lenguaje. Otra cosa que es más grave todavía es la mentira que se reproduce en las redes y esto daña a personas y al proceso electoral”, reflexionó.

Al referirse a los ataques a Cossette López y al asesinato del ambientalista Juan López, regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón, Aguilar, invitó a los políticos a actuar con responsabilidad, pues los hechos muestran que se está pasando de la agresión verbal a la física y eso es altamente peligroso.

Confrontación y agresividad

Los hondureños viven una conflictividad auspiciada desde los tres poderes del Estado, pero los ataques más viscerales, llenos de odio y hasta vulgares provienen más del ejecutivo y legislativo, con algunas respuestas en los mismos términos de la oposición. O sea que, lo que desde el gobierno se están sembrando eso están cosechando.

La misma presidenta Xiomara Castro continuamente lee un discurso irreal, confrontativo y amenazante. Utilizando las cadenas de radio, se apega a un formato que hace referencia a la madre de todas las batallas, a  las amenazas de un golpe de Estado, que el diputado Obed López, del mismo partido Libertad y Refundación (Libre) ha desmentido públicamente asegurando que eso es parte de la retórica de una estrategia mal concebida por el ejecutivo.

Y es que los hechos muestran que la violencia política aumentó con la llegada del Libre a la administración pública. Es muy evidente como el liderazgo y la militancia de este partido- a través de la Secretaría de Planificación Estratégica, diputados y funcionarios públicos, los colectivos y sus ejércitos de boot- actúan coordinadamente para crear un escenario de intimidación.

Desde estos sectores, las agresiones contra las mujeres y los que adversan ciertas actuaciones gubernamentales han sido continuas y sin escrúpulos. Esto comenzó cuando el diputado de Libre, Mauricio Rivera, en mayo de 2022, atacó a pedradas las instalaciones de Ciudad Mujer, en la colonia Alameda de Tegucigalpa.

Luego, Bartolo Fuentes, otro diputado de esa misma entidad política, fue querellado también por la diputada Lissi Matute Cano, quien lo acusó de haber proferido calumnias en su contra en un programa de televisión en septiembre de 2023. Asimismo, fue llevado a los tribunales de justicia por agredir a su compañera diputada Melbi Ortiz.

Igualmente, en un foro televisivo el diputado por Libre, German Altamirano, llamó “muñecas de la mafia” a las diputadas nacionalistas María Antonieta Mejía y Merary Díaz. En los tribunales de justicia, Altamirano tuvo que pedir disculpas a las congresistas.

Por otro lado, las diputadas del Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza, Fátima Mena, Iroshka Elvir y otras de la oposición han denunciado ser víctimas de una violencia ejecutada por la seguridad del legislativo, cumpliendo orden del congresista presidente del Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro.

Sobre este tipo de violencia, el congresista Carlos Umaña también consideró que se está pasando de lo verbal a lo físico. Ya no “estamos” hablando solo de polarización. Polarización es cuando usted dice que es el único que tiene razón en sus ideas, pero está subiendo a la intolerancia. Con la intolerancia llega la descalificación o la desacreditación de las personas.

El ejemplo que está sucediendo con la consejera Cosette López, que le atacaron a su familia, a su hija, o sea, ya no hay escrúpulos. Las campañas anteriores, si bien han sido abiertas, había descalificaciones, pero no había indicios, por ejemplo, de mandar a traer gente para agredir a otros, deploró.

Eso de que vamos a hacer esto, vamos a mandar a traer a los colectivos, por ejemplo, vamos a traer a las bases. Decir a grupos que estén listos, que esto es una guerra. Eso no existió en la campaña anterior, o sea, había descalificaciones, pero ahorita están llegando al aspecto personalizado.

“Lo más terrible es cuando la violencia política viene desde el mismo gobierno. El Estado es el ente garante de cuidar la seguridad de los ciudadanos, pero cuando el mismo Estado pide violencia, cuando el mismo Estado ejecuta, politiza y se vuelve intolerante, el nivel de agresiones puede ir en escala”, criticó Umaña.

Luego, describió, viene otro problema, que las víctimas de la violencia política no tienen a quién acudir en busca de protección, porque los organismos protectores de derechos humanos están acaparados por los agresores y hasta los mismos policías son activistas políticos.

Mire, el mejor ejemplo es haber politizado la seguridad de los hospitales del Estado creando un grupo armado, prácticamente. Lo que pasó con el ambientalista regidor que mataron en Tocoa lo debió haber protegido el Estado, por supuesto que lo debió haber protegido, recordó Umaña.

Deploró la protección selectiva. Mientras Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) anda con seis guardaespaldas, el ambientalista Juan López estaba desprotegido. El clima de violencia política es una realidad, sin embargo, es cuestionable cuando esta proviene del gobierno hacia sus críticos, la mentó el congresista.

Aparte del ejército de bots pagados por el gobierno, ministros, funcionarios y asesores gubernamentales y opositores no dan tregua con la violencia política en la red. Entre los burócratas sobresale Ricardo Salgado, ministro de Planificación y Estrategia; José Carlos Cardona, titular de la Secretaria de Desarrollo Social  (Sedesol) Eduardo Reina y Gerardo Torres, canciller y vicecanciller respectivamente, así como el asesor Gilberto Ríos. De los opositores destaca Rashid Mejía y uno que otro diputado nacionalista o liberal.

Ciega virulencia estatal

Cuando de atacar se trata los funcionarios estatales no hacen selección. Atacan en grupo, respaldados por sus batallones de troles. Entre las personas más agredidas están Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del  Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); Julietta Castellanos, ex rectora universitaria, y Alice Shackelford, coordinadora residente de la oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa y Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos.

Según el abogado Lester Ramírez, “desde la misma Casa Presidencial salen unos discursos bastante agresivos, confrontativos. Cuando la presidenta habla de que va a ser una gran batalla, una gran guerra, nos está como incitando a la violencia”.

Muchos de los de los violentos en las redes sociales son identificables. Usted puede ver que muchas agresiones vienen de varias secretarias como la de Planificación y Estrategia, de los mismos ministros. A cualquier persona que les adversa ellos tratan de mancharla, ensuciarla, de afectar su reputación.

Los ataques cada vez son más fuertes. A ellos no escapa ningún crítico. Son ataques misóginos. Contra Gabriela Castellanos, Julieta Castellanos, Alice Shackleford, contra la embajadora Dogu, precisó Ramírez.

Esto de la violencia política es un tema muy complicado porque a  “mí me han dicho diputadas que ellas en este periodo legislativo se han sentido realmente hostigadas, acosadas y muchas de ellas están pensando en no volver a participar en la política”, expresó el profesional del derecho.