El clima para el ejercicio del periodismo en Honduras sigue siendo cada día más hostil, peligroso y mortífero.  El chantaje a los medios de comunicación utilizando la publicidad oficial, el ciberacoso, la opacidad, la intolerancia de funcionarios, políticos, crimen organizado, así como las querellas judiciales a los periodistas y comunicadores sociales se han incrementado.

A casi nueve meses para que termine el gobierno de la presidenta Xiomara Castro quedará en la historia como uno de los más nefastos para los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, a criterio de varios entrevistados.

Desde el 2001 ya van 25 años sangrientos para la prensa hondureña. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en las dos décadas y media son 101 crímenes contra personas vinculadas a los medios de comunicación, de las agresiones y amenazas se perdieron los registros.

Si bien al comparar estos crímenes, entre la segunda administración de Juan Orlando Hernández (2018-2022) y la actual de Castro, hay una reducción de 14 a 11, el ambiente para la prensa y la libertad de expresión se ha venido deteriorando constantemente.

Esta es la percepción de periodistas y comunicadores sociales al analizar los avances o retrocesos que se han dado en los últimos ocho años, marcados por los gobiernos de derecha y el actual que dice ser de izquierda, pero reproduce – con aumento- los malos hábitos de sus antecesores.

Para la periodista Thelma Mejía, el periodismo en Honduras siempre ha sido una profesión de alto riesgo. Antes del 2022 el país ya tenía decenas de periodistas muertos, unos post  golpe de estado de 2009 y otros en los años posteriores. El país ya configuraba un ciclo de amenazas, intimidaciones, judicialización de casos, leyes que criminalizan la libertad de expresión, atentados y asesinatos.

Todas las figuras y delitos que amenazan la libertad de expresión se configuraban en Honduras. Había, además, una ley de secretos que restringía el acceso a la información pública. En el gobierno del expresidente Lobo Sosa existía  cierto grado de tolerancia a la crítica, en el gobierno de JOH ese espacio se achicó, la prensa enfrentó fuertes batallas para garantizar la libertad de expresión, incluyendo medios tradicionales y medios digitales y alternativos. Los comunitarios también.

En el gobierno de la presidenta Castro se eliminó la ley de secretos, pero la secretividad apareció disfrazada de otras figuras: decretos presidenciales, declaración de reserva de información en numerosas instituciones públicas, el surgimiento de campañas de odio, estigmatización hacia medios y actores críticos promovido en redes sociales por al menos 40 funcionarios públicos, campañas de desinformación, amenazas, intimidaciones, añadió.

Consideró que la tolerancia a la crítica, al igual que en el gobierno de JOH, también se ha achicado. Similar a la administración anterior, la publicidad oficial se ha usado como una política de premio y castigo. Por otro lado, en el Congreso Nacional, los diputados no han podido cumplir la promesa de derogar los delitos contra el honor, sigue la criminalización de la prensa, pero también de la protesta, el derecho a reunión y el de asociación.

En este gobierno lo que se percibe es que las relaciones entre la prensa y el poder son tensas, crecen en la polarización, y se navega en un amplio basurero informativo de la desinformación, en su mayoría gestada desde el gobierno, según estudios e investigaciones hechas por instancias civiles e internacionales de libertad de expresión.

Se percibe una confrontación y polarización hacia la prensa desde los poderes Legislativo y Ejecutivo. El último informe del barómetro de la SIP describe esa relación en sus mediciones. La relación entre la prensa y el gobierno de Castro atraviesa uno de los momentos más críticos, advierte en su informe la SIP. Igual advertencia hace Reporteros sin Fronteras y los organismos hondureños de libertad de expresión, analizó.

Ante los calificativos de que Honduras es un territorio mortífero para los periodistas, Mejía señala que dos enemigos que amenazan la libertad de expresión en Honduras son la corrupción y el narcotráfico que tienen en la impunidad y la fragilidad institucional sus principales aliados. “Mientras no se luche por rescatar el país del Estado degradado en que ha caído, Honduras seguirá siendo una nación mortífera para la prensa, independientemente del gobierno que se tenga”, puntualizó.

Ante el incremento de la violencia digital contra la prensa, ella es del criterio que las redes sociales son una herramienta muy útil para el periodismo y la ciudadanía en general, sabiéndolas usar. Pero en esta época de post verdad, populismo y polarización, muchos sectores públicos, privados y de los llamados poderes paralelos, las están usando para promover ataques digitales en donde uno de sus focos centrales son los periodistas y los medios de comunicación.

En el escenario actual del país, los medios de comunicación y los periodistas se encuentran bajo dos tipos de ataques: los tradicionales que vienen del poder: amenazas, intimidaciones, llamados a la redacción para que quiten o pongan una nota, premio o castigo con la publicidad; despidos, negativa de acceso a la información, control de las ruedas de prensa para que no surjan preguntas incómodas, entre otros.

El otro ataque que se vive en paralelo al tradicional son los ataques cibernéticos mediante perfiles falsos, suplantación de identidad de medios, los hater, los call center, las tropas digitales y la desinformación para desprestigiar, estigmatizar y generar violencia de género. Ya hay casos que de los ataques digitales se pasó a la violencia física o agresiones verbales a periodistas y actores claves que generan opinión pública o cuestionan el deterioro democrático en que se encuentra el país, explicó.

El ambiente para los comunicadores sociales está invisibilizado

De acuerdo con Mejía, el ambiente crítico que viven los comunicadores sociales al interior del país es quizá uno de los sectores más invisibilizados dentro de esta cadena de amenazas y ataques a la libertad de expresión, su situación es más compleja que la que se vive en las urbes, y se percibe una creciente autocensura por sobrevivencia.

Las historias de los comunicadores sociales de tierra adentro permiten visualizar los obstáculos que enfrentan los que ejercen el periodismo y confrontan el poder local del alcalde, del fiscal, el juez, el abogado, el patriarca político, entre otros. Los comunicadores sociales diariamente luchan por vencer la censura, la autocensura y los miedos, ante la desprotección estatal que enfrentan, expuso la periodista.

De acuerdo con el comunicador social Óscar Corea, quien labora como corresponsal de Radio América en el Valle de Comayagua y trabaja también para el canal MURA/ Tv y es integrante de Acción Lenca para la Libertad de Expresión, ALEX,  los crímenes contra periodistas son menos en esta administración, pero el ambiente para el desarrollo del quehacer informativo se ha vuelto más violento, más amenazante a tal extremo que muchos comunicadores del interior del país callan para no poner en riesgo su vida y la de su familia.

“Hemos tenido mayor libertad de expresión en años anteriores”. En el actual gobierno muchos periodistas han sido atacados hasta por la misma policía y otros han sido llevados a los tribunales de justicia. Algunos comunicadores amenazados ahora están con medidas de protección, al menos en teoría. “En estos últimos años, durante el mandato de Castro ha aumentado las amenazas y la represión contra la prensa”, lamentó.

En cada departamento del país hay alguien que representa al gobierno de turno y cree tener el derecho de ponerle un bozal a la prensa. Aquí en la ciudad de la paz hay una persona que dice que es del gobierno y que graba a los periodistas cuando están haciendo su trabajo, asegurando que todo eso se lo envía a la presidenta Castro y a la ministra de defensa y candidata presidencial Rixi Moncada.  

De esta forma intimida a los colegas, quienes han decidido por miedo tocar algunos temas, entre ellos como se está manejando el dinero en algunos proyectos que aquí se están realizando, quienes los ejecutan, quienes los están supervisando; y quienes se atreven a desafiarlo se vuelve enemigo de él y del gobierno, relató Corea.

Relató que “la autocensura entre los comunicadores sociales es terrible, prefieren  en sus programas hablar de una boda, de un cumpleaños, por miedo. Aquí hay personas que trabajan en los medios que por la publicidad se acomodaron, otros tienen miedo y están de lejos y luego están aquellos dispuestos a arriesgarse, pero estos están excluidos de la pauta publicitaria gubernamental”.

Por otro lado, la presidenta viene aquí a la zona del valle de Comayagua y no da entrevista, su gente cree que los medios vamos a replicar únicamente lo que ella dice. Su seguridad no permite que nadie se le acerque. Con Juan Orlando Hernández, sus guardias tomaban algunas medidas restrictivas, pero no como las de ahora, además el ex  presidente siempre hablaba con la prensa, recordó Corea.

Constantes agresiones

El intento de controlar a la prensa, como sucedió anteriormente es una modalidad que el actual gobierno ha adoptado. Chantajea a los periodistas, comunicadores sociales, medios de comunicación, usando la publicidad oficial; por otro lado, este sector informativo es víctima de la intolerancia de los funcionarios, de las arremetidas del crimen organizado, del ciberacoso y de las querellas judiciales.

El último ataque legal fue contra el periodista Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, querellado hace dos meses por el ministro de Finanzas Cristian Duarte, pero la justicia declaró inadmisible el recurso y dictaminó que él profesional de la comunicación no cometió difamación contra la institución del Ejecutivo.

Entre las agresiones contra la prensa también están aquellas de carácter físico: asesinatos, atentados, golpes, intimidaciones, destrucción de material informativo, limitación del acceso a las fuentes, robo de equipos, vigilancia, criminalización, estigmatización, ataques digitales, desplazamiento forzado, negación de ingreso a coberturas, detenciones ilegales, acoso sexual.

Igualmente, los periodistas tienen que luchar contra la opacidad oficial, dado que los funcionarios públicos tienen muy poco respeto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por un Instituto de Acceso a la Información Pública que tras caer en manos de políticos perdió la esencia de su labor y acomodó sus acciones a la voluntad del oficialismo.

En su caso, el comunicador social Alejandro Aguilar, quien labora para Metrotv, en Choluteca dijo que el gobierno, a través de un denominado consejo consultivo le restringió a toda la prensa el acceso al Hospital del Sur. “No sabemos qué es lo que las autoridades están tratando de ocultar”, criticó.

“Aquí siempre se ha acostumbrado que hay un político que tiene injerencia en el hospital. Como los diputados se reparten las instituciones, actualmente el movimiento que está predominando es el movimiento SRP que lo lidera el diputado Geovanny Martínez”, denunció Aguilar.

Según el comunicador, antes del 2002 la prensa en el sur del país no tuvo mayores problemas, tenía más acceso a las instituciones, sin embargo, en la actualidad si se han visto muy afectados por el bloqueo que las autoridades de salud les han puesto en el Hospital del Sur.

Las restricciones comenzaron una vez que se sacó un reportaje sobre los medicamentos vencidos. Estas limitaciones se dan en este gobierno, en el anterior había acceso para los medios de comunicación, lamentó Aguilar.

Entre tanto, Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) rememoró que en el gobierno del expresidente Hernández hubo también amenazas a la libertad de expresión, pero provenían de ciertos sectores de esa administración, “no en su totalidad como estamos viendo ahora en este gobierno. Había como mayor discreción al menoscabo de la labor del periodista, en este no, ya es más abierto, más directo desde Casa Presidencial, de los mismos ministros a través de sus redes sociales, de los colectivos del partido en el poder y de otros actores peligrosos”.

“Siento que estos han perdido el pudor por completo en despreciar la labor de los periodistas y comunicadores sociales a través de diferentes mecanismos coercitivos que van desde el otorgamiento o denegación de publicidad hasta los ataques a través de las redes sociales. Esto en el gobierno de Juan Orlando Hernández no lo miramos de forma directa, pero lo hacían de manera indirecta, pero estos han sacado completamente las uñas y no se ocultan”, valoró Sierra.

Al gobierno de Castro aún le quedan nueve meses, su administración no solo quedará marcada como nefasta para el periodismo, sino que ella pasará a la historia como la presidenta que nunca dio una conferencia de prensa para informar sobre su gestión, a lo más que llegó fue a la lectura de un repetitivo discurso en las cadenas de radio y televisión.