Solicitamos se tomen medidas a corto y largo plaza para garantizar la vida de las personas bajo custodia del Estado en los centros penitenciarios y que se proceda a realizar una investigación, que se investiguen de manera seria e imparcial todas las muertes ocurridas en las administraciones anteriores y la actual, las cuales han quedado en la completa impunidad, señalaron varias organizaciones de sociedad civil, tras la muertes violenta de seis personas privadas de libertad en la cárcel de Ilama, en Santa Bárbara, en el Occidente de Honduras, el pasado 04 de julio de 2022.

A través de un pronunciamiento las 22 organizaciones firmantes, aglutinadas en le Red de Organizaciones de  Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Honduras, recuerdan que no hay excusa para que se soslaye la seguridad de las personas que están encarceladas, quienes están bajo la custodia del Estado de Honduras y a las que se les debe garantizar sus derechos,  entre ellos el de la vida e integridad.

Las autoridades de la cárcel de Ilama, denomina "El Pozo", se habrían enterado de las muertes de miembros de la pandilla 18, desde las siete y media de la mañana del 04 de julio , pero hasta unas cuatro horas después llamaron a medicina forense para que pudiera hacer el levantamiento de los cuerpos. A esta fecha no hay un informe que detalle la causa del múltiple crimen.

El gobierno anterior tenía militarizadas los centros penales bajo la responsabilidad de militares, pero a finales de febrero la presidenta Xiomara Castro inició un proceso gradual de desmilitarización, pasando el mando a la policía penitenciaria. 

Este es el comunicado difundido el recién pasado 05 de julio de 2022: