Hay una experiencia creciente a nivel global y regional de un mal uso de los estados de excepción, los cuales son usados ​​para la concentración del poder, la normalización de los derechos humanos o la flexibilización de los controles administrativos contra la corrupción, dijo este domingo 27 de noviembre de 2022, la Mesa de Derechos Humanos en relación al anuncio de la presidenta Xiomara Castro de declarar el estado de excepción en Honduras para enfrentar la situación de inseguridad, y especialmente el incremento de la extorsión.

Los desafíos que amenazan la paz en la región, el papel de la sociedad civil, los medios independientes para la protección del Estado de Derecho, la corrupción y la filantropía que debe partir de una agenda desde las necesidades de las comunidades y no de la propia, son algunas de las preocupaciones externadas en el primer día del Foro Centroamericano de Donantes que se realiza en un hotel de la capital de Honduras.

Las cifras cada año son alarmantes, miles de personas se ven obligadas a desplazarse forzadamente sin que el Estado de Honduras tome acciones que terminen con la violencia que les obliga a dejar sus hogares o el país, así lo destaca un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que describe el calvario de unas 942 personas en el año pasado sufrieron este flagelo.

En un evento público transmitido por el canal 20 del Congreso Nacional y en  redes sociales, la Junta Nominadora eligió su Junta Directiva integrada por presidencia, secretaría y vocería, recayendo en Mario Urquía, del Colegio de Abogados de Honduras, CAH; María Elena Sabillón, de las Centrales Obreras y Carlos Padilla, en representación de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.