La organización LGTBI SOMOS-CDC estaría siendo atacada en su página oficial de Facebook, como consecuencia de denuncias que ha interpuesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contra el Estado de Honduras por el irrespeto a sus derechos, entre ellos la impunidad en crímenes de odio; la no aprobación del matrimonio igualitario y la no legislación por el Congreso Nacional de la Ley de Identidad de Género.

A través de un comunicado público, SOMOS-CDC, dijo que el día jueves 24 de noviembre del 2022 a eso de la 1:.22 pm se encontró una incursión cibernética en la página oficial de Facebook de la organización, con la publicación de 11 imágenes pornográficas de menores, lo que promovió que esa red social suspendiera de inmediato la cuenta de esta organización.

Dicha suspensión de la cuenta de Facebook que se identifica como CentroparaelDesarrolloylaCooperacionLGTBISOMOSCDC , duró alrededor de seis días fuera del aire, lo que evitó las comunicaciones por medio de esa red social por parte de la organización, que la utiliza como un medio de información para mantener al día a la Comunidad LGTBI.

Podría tratarse de una estrategia para evitar que SOMOS-CDC realice su trabajo para la comunidad LGTBI, lo cual ya debería haber llamado la atención del Mecanismo Nacional de Protección y de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,(FEPRODDHH), ambos organismos tienen la obligación de proteger y hacer investigaciones cuando personas defensoras de derechos humanos son objeto de ataques.

¿Por qué podrían ser los ataques?

El Poder Judicial ha denegado solicitudes sobre matrimonios civiles de personas del mismo sexo, declarando inadmisibles los casos. La Alcaldía Municipal del Distrito Central actuó de la misma manera al negar la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero.

Esas respuestas negativas estatales tienen un efecto rebote en notarios que no han querido autenticar matrimonios, entre ellos el de dos mujeres que se casaron en otro país.

Tales hechos obligaron a SOMOS-CDC a llevar los casos a nivel interamericano debido a la falta de justicia en Honduras, según lo ha  manifestado a pasosdeanimalgrande.com, “el Estado no nos garantiza esos derechos y además hay un alto nivel de impunidad en crímenes de odio, por falta de investigación de los mismos, lo que ayuda a que los hechos se repitan y continúen matándonos”, señaló Kevhin Ramos, Gerente de Programa de Participación e Incidencia Política,  de la mencionada organización.

Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, por el crimen de Vicky Hernández, una defensoras trans que fue asesinada en San Pedro Sula, en el marco del toque de queda del golpe de Estado de 2009, y donde hay indicios racionales de la participación de policías en este hecho violento.

La CorteIDH en su sentencia señaló que “esta Corte estima necesario ordenar al Estado que, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, adopte un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Este procedimiento deberá permitir a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos, de tal forma que éstos sean conformes a su identidad de género auto-percibida”.

Sobre la violencia contra las personas de la comunidad LGTBI, la CorteIDH ordenó  al Estado de Honduras , en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la Sentencia, un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.

El protocolo debe tener carácter vinculante de acuerdo con la normativa interna. Este protocolo deberá estar dirigido a todos los funcionarios públicos que intervengan en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de personas LGBTI víctimas de violencia, así como al personal de salud pública y privado que participe en dichas investigaciones. Dicho protocolo deberá incluir la obligación de que los agentes estatales se abstengan de hacer uso de presunciones y estereotipos discriminatorios al momento de recibir, procesar e investigar las denuncias.

Este es el pronunciamiento difundido por SOMOS-CDC sobre los ciberataques:

Lea la sentencia de la CorteIDH en el caso de Vicky Hernández, Aquí