Una audiencia contra la defensora Mayra Banegas, militante de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, sería la primera acción legal del año 2023 y que está siendo impulsada por Juan Bautista Gonzales Maradiaga, empleado de seguridad de los tribunales de lo penal , pero que sería una instrumentalización de la empresa Pollos El Cortijo, para sembrar la división en las comunidades que son afectadas por la contaminación del Río Choluteca, según una alerta de la organización antes mencionada, este 05 del año en curso.

La lucha por la defensa de la fuente de agua que ha provocado el encarcelamiento de siete defensoras y defensores que son parte de ARCAH; enfermedades de la piel por contaminacion; impacto sicológico debido a amenazas constantes; vigilancia y otras formas de represión por parte de la Empresa Pollos El Cortijo, que cuenta con el respaldo de los cuerpos de seguridad del Estado y la tolerancia de Mi Ambiente, dependencia del actual gobierno que no ha tenido voluntad política para actuar conforme a la gravedad de los daños ambientales y de salud de la población de las aldeas de Germania, Yaguacire, Mimbres, Lomas de Germania y la Aldea de Loarque, al Sur de la capital hondureña.

Las primeras acciones penales se llevaron a cabo en marzo de 2021 en el marco de una protesta contra la compañía avícola fueron capturados Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH; Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Valladares y Fernando Hernández, también integrantes de ARCAH acusados ​​por el delito de “Desplazamiento Forzado”, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, quedando en libertad a través de un sobreseimiento definitivo el diciembre de 2021, por parte de la Corte de Apelaciones a la cual acudieron los defensores de los enjuiciados, la cual dijo que no encontraron sustento para que continuara el juicio, siendo notificados hasta abril de 2022 de la resolución.

Aunque la contaminación continúa, las inspecciones realizadas por Mi Ambiente a la empresa no han tenido éxito porque se anuncian de antemano y el escenario es modificado, según denuncias de ARCAH en julio de 2022. La institución gubernamental parece creer la historia de cambios de la empresa y no toma las medidas urgentes que tienen contaminado el rio y enferma a las poblaciones afectadas, lo que significaría una complacencia a prácticas que violentan los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

El principio número 1 destaca sobre " El deber de  protección  del Estado : aclara las implicaciones de las obligaciones existentes de los Estados de proteger los derechos humanos de las personas que viven en su territorio o jurisdicción contra los impactos perjudiciales de terceros, incluidas las empresas. Para ello es necesario promulgar y aplicar políticas, leyes, reglamentos y adjudicaciones eficaces".

Mientras el principio 2 habla en relación a " La responsabilidad de  respetar : establece la responsabilidad de respetar los derechos humanos como  norma mínima mundial de conducta esperada para todas las empresas , dondequiera que operen. Exige que las empresas eviten causar o contribuir a los impactos perjudiciales sobre los derechos humanos a través de sus propias actividades. Además, las empresas deben tratar de prevenir o minimizar los impactos que están directamente con sus operaciones relacionadas, productos o servicios por sus relaciones comerciales".

En el año 2018 la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, realizó una Carta de Entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, en donde destaca la creación de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos , y del cual se ha derivado un programa de asistencia técnica, según el sitio web de esa dependencia con fecha 31 de mayo de 2019.

En un informe del Grupo de Trabajo Sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas , sobre una visita realizada a Honduras del 19 al 28 de agosto de 2019, resaltó " la ausencia de un marco normativo e institucional sólido que protegiera de los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas y proporcionara acceso a un recurso efectivo, en un contexto en el que los proyectos de desarrollo y las inversiones parecían haber superado la protección de las personas y el medio ambiente#.

También hubo que la falta de rendición de cuentas por los daños causados ​​por las empresas a menudo se agravó por los ataques, el hostigamiento y la intimidación contra quienes se pronunciaron en contra de los abusos y exigieron responsabilidades por las víctimas, lo cual a su vez hubo conflictos sociales y la falta de confianza en las instituciones del Estado, con repercusiones negativas duraderas en las comunidades locales, las empresas y los inversores, explicado en el informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 15 de mayo de 2020.

Aunque la SEDH inició este proceso desde 2018, a la fecha las nuevas autoridades de la dependencia ni siquiera han recibido a los defensores de ARCAH que de forma reiterada insisten sobre la contaminación del Río Choluteca.

Con esta falta de voluntad política se deja de lado las observaciones del Grupo de Trabajo Sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, sobre Honduras, lo que es un alimento para la impunidad de las prácticas nocivas de la compañía avícola .

Esta es la alerta de ARCAH sobre este nuevo proceso de criminalización, que se llevará a cabo a través de una audiencia en el Juzgado de Paz del Distrito Central, este 06 de enero de 2023:

Lea el informe del Grupo de Trabajo Sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, de su visita a Honduras en este enlace