La publicación que reveló que funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro están haciendo negocios con los migrantes que cruzaron el país en su ruta hacia los Estados Unidos y que fue realizada por el medio digital Reporterosdeinvestigación.com, ha tenido consecuencias contra los periodistas que han investigado estas ilegalidades: por un lado el administrador de Guasaule , Marlon Varela, ha tratado de desprestigiar la investigación y en las últimas horas la Gobernadora departamental, Ilse Villatoro ha amenazado una querella si el medio no cambio el titular del reportaje, a través de una nota enviada a la periodista Wendy Funes, directora de este medio de comunicación.

Según lo denunciado Funes el 31 de julio recién pasado, el medio sufrió un ciberataque que sacó del aire la publicación denominada "Funcionarios involucrados en jugosa industria de transporte de Migrantes", que apenas estuvo en aire unos tres días.

En la nota que envió la Gobernadora Ilse Villatoro a Funes, le anuncia una querella si no procede a cambiar el titular.

Según lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un informe publicado por la Relatoría de la CIDH para la Libertad de Expresión, que la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión ya la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia. La Relatoría Especial ha señalado en el mismo sentido la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los y las periodistas a un mayor riesgo de violencia.

A este respecto, la Relatoría ha recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno.

De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.

En las últimas semanas la periodista Wendy Funes ha sido objeto de campañas de desprestigio a través de panfletos , lo cual no ha sido investigado por las autoridades. Tanto el Ministerio Público como la DPI no procedieron a tomar la denuncia de la comunicadora social, y el Mecanismo Nacional de Protección a pesar de tener pleno conocimiento de su riesgo no ha sido ágil en la y mantiene dilatada una reunión de Comité Técnico donde se toman decisiones sobre las medidas, lo que coloca en un extremo riesgo a la periodista y su equipo de reporterosdeinvestigación.com que como colectivo solicitaron desde hace más de un año la protección por constantes amenazas que han recibido.

Esta es la carta enviada por la Gobernadora Departamental de Choluteca, Ilse Villatoro a la periodista Wendy Funes, donde le señala que "...le solicito que se abstenga de emitir publicaciones con contenido e ilustración que falte a la verdad en el cual vaya implícito mi nombre, cargo y fotografía; así mismo que realice la enmienda respectiva al título de la investigación e ilustración ya señalada".