“Rechazamos categóricamente la aprobación y puesta en práctica de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono para la justicia climática, aprobada por este gobierno, sin ninguna consulta con nuestros pueblos y al mismo tiempo que se están impulsando proyectos para el despojo de nuestros territorios”, señaló la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, este 31 de julio de 2023.
.Según la organización el pasado 26 de julio fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, la Ley Especial de las Transacciones de Carbono para la justicia climática, sin haber sido consultada con los pueblos indígenas en Honduras, desconociendo una vez más el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI); consignado en convenios y declaratorias, ratificados por el Estado hondureño.
La información fue publicada por el periódico Poder Popular del gobierno de la presidenta Xiomara Castro donde señala que la Ley fue aprobada por las bancadas del Congreso Nacional y que “Con esta ley Honduras está facultado para realizar transacciones de carbono con entes, organizaciones, y empresa nacionales y extranjeras. De acuerdo con el titular de la Secretaria de Medio Ambiente, Lucky Medina, en una primera instancia, Honduras podría acceder a un aproximado de 30 millones de dólares y para finales del 2024 a comienzos del 2025, se proyecta una captación de 120 millones de dólares”.
Mientras las OFRANEH explica que se trata de una burla para los pueblos indígenas a quienes los gobiernos anteriores y éste han desconocido aprobando leyes que les afectan sin que hayan tenido la consulta previa, libre e informada.
Argumentos de OFRANEH
Los bonos de carbono forman parte esencial del programa para reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD por sus siglas en inglés) surgido en la COP13 efectuada en Bali en diciembre del 2007. Desde el inicio los pueblos indígenas señalamos las posibles consecuencias, entre ellas los despojos territoriales y desalojos, que se han venido dando en los últimos 16 años.
Los desalojos de los pueblos Sengwer y Ogiek en Kenia, es una muestra de los deplorables desatinos instigados por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) y ONUREDD, los cuales junto al gobierno de Kenia, desconocieron los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas; en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Existe una larga lista de ejemplos de los desmanes cometidos por los proyectos REDD, tanto en África como América Latina, en nombre de una supuesta conservación, la que permite a las empresas contaminantes pagar, para continuar con sus aportaciones de gases contaminantes, y los estados nación proceder a proteger los bosque que se encuentran en peligro de desaparición.
La narrativa de conservación que promueven los organismos internacionales y estados nacionales se ha convertido en una enorme farsa, que paulatinamente viene saliendo a flote. Las grandes empresas verificadoras encargadas de las transacciones de los bonos de carbono, han sido señaladas pos sus inciertas prácticas que colocan al descubierto un enorme fraude; mientras la contaminación continúa de forma insostenible.
Las falsas soluciones al cambio climático, no han sido más que un pretexto para evitar asumir el fin del uso de combustibles fósiles, y lograr efectuar los cambios requeridos para frenar la destrucción de la naturaleza.
Los casos de las verificadoras Verra y South Pole, demuestran la mala fe existente por parte de los organismo internacionales; mientras los pueblos indígenas hemos sido objeto de engaños y despojos a manos de los denominados cowboys del carbono.
El estado de Honduras, el 22 de junio del 2022, de forma muy prudente decreto una moratoria sobre los fondos de carbono. En un breve comunicado conjunto entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) hacen alarde de la suspensión que aducen es “Con el objetivo de evitar la colonización del comercio del carbono de nuestros bosques”.
En diciembre del año pasado, en el Congreso Nacional, circulaba un anteproyecto de Ley REDD, que en ningún momento fue consultado con los pueblos indígenas. La Ley que fue aprobada en días recientes, no hace ninguna mención sobre los pueblos indígenas y mucho menos de salvaguardas, desconociendo de esta forma las Salvaguardas de Cancún, adoptadas en el 2010, en el marco de la COP16.
Dichas salvaguardas son enfáticas en cuanto “la participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales”. El estado de Honduras tiene una larga y sórdida trayectoria en desconocer los derechos de los pueblos indígenas, que se agravó durante la narco dictadura; y todo parece indicar continua sucediendo con la actual administración gubernamental.
El CPLI es uno de los pilares esenciales de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas. No obstante haber sido condenado en dos casos ante la Corte Interamericana de Derechos, por la violación al derecho a la consulta en las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, 8 años de haber sido emitidas las sentencias, no existen indicios que el Estado se apegue a su cumplimiento.
La larga lista de las violaciones al CPLI continúa creciendo. El caso de la Ley recién aprobada que de forma cínica incluye la mención de “justicia climática”, entra en contradicción con las negociaciones a puertas cerradas para la explotación petrolera en la plataforma marítima de Moskitia. Por un lado el Estado pretende salvar los bosques tropicales mientras al mismo tiempo algunas millas mar adentro permitirá la exploración petrolera.
Las buenas intenciones que puedan tener los organismos internacionales y quizás algunos funcionarios locales, naufragarán en medio de la inexistencia de un estado de derecho. El desconocimiento del CPLI manifestado por el gobierno del “socialismo democrático” no es más que el continuismo de las políticas de despojo que se han venido dando desde hace siglos.
Desde la OFRANEH, rechazamos categóricamente la aprobación y puesta en práctica de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono para la justicia climática, aprobada por este gobierno, sin ninguna consulta con nuestros pueblos y al mismo tiempo que se están impulsando proyectos para el despojo de nuestros territorios.
Publicación original de OFRANEH Aquí