La comunicadora social Bertha Suazo, quien vive y realiza información laboral en Marcala, La Paz, denunció recientemente ser objeto de persecución y hostigamiento directo por parte de la Policía Nacional Preventiva, bajo supuestas instrucciones de los jefes policiales de la localidad.

Los comunicadores sociales del interior del país no solo tienen que enfrentar el amedrantamiento policial y de funcionarios públicos, sino que también tienen que encarar el desamparo del mecanismo de desprotección estatal. 

En un video, la afectada expone la situación que está viviendo a raíz de su trabajo como comunicadora social. Según ella, la situación de amedrentamiento bloquea por completo el ejercicio de su trabajo informativo, agravada además por el incumplimiento de las medidas de protección que el Estado debería garantizarle para el desempeño seguro de su actividad.

Como es imperativo que las autoridades competentes esclarezcan las denuncias de persecución y determinen responsabilidades ante el uso arbitrario de la fuerza pública para coartar la libertad de expresión en los departamentos, Pasos de Animal Grande llamó a la estación policial de Marcala para conocer la versión de las autoridades policiales señaladas, pero la operadora respondió el oficial a cargo no se encontraba y no sabía a que hora iba a estar en su puesto de trabajo. 

La denuncia de Suazo expone el clima de vulnerabilidad que afecta de manera sistemática a los comunicadores en el interior del País. Tanto en Marcala como en otras regiones, ejercer la comunicación social se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pero lo más lamentable es que las amenazas provienen de los agentes de seguridad del Estado quienes en lugar de velar por la integridad de los informadores, obstaculizan su trabajo y vulneran sus derechos fundamentales. 

Los antecedentes de hostigamiento contra la prensa en las zonas departamentales evidencian un patrón recurrente de impunidad y desprotección institucional. Los comunicadores sociales que operan fuera de esta capital se enfrentan cotidianamente a presiones, intimidaciones y bloqueos informativos, trabajando frecuentemente en un estado de total indefensión frente a los abusos de poder de funcionarios y fuerzas del orden. 

La retórica en las redes sociales de Leda García Pagán, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) de que los derechos humanos actualmente “se promueven y protegen con acciones, no con discursos” es desbaratada por la denuncia de Suazo donde señala directamente a los policías y la falta de aplicación efectiva de los mecanismos de protección para periodistas y comunicadores sociales como generadores de violencia contra los que ejercen laboralmente informativos.

A pesar de existir normativas y protocolos orientados a salvar la vida y el trabajo de los comunicadores, en la práctica en las regiones las víctimas continúan expuestas a represalias por parte de actores con poder político y policial. 

La denuncia interpuesta desde Marcala se suma a la larga lista de alertas sobre los peligros que afronta la prensa descentralizada en el territorio hondureño. De esta manera, la falta de garantías reales de seguridad para los informadores, así como el amedrentamiento pone en riesgo el derecho de la población a estar informada.