Seis departamentos fueron escenario de la muerte violenta de 23 personas que se dedican a la defensa de la tierra, los territorios y el ambiente, 12 en el departamento de Colón, 6 en Yoro, 2 en Atlántida, 1 en Lempira, 1 en Choluteca y 1 en Intibucá, según informó este martes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH.
Más de una veintena de defensores del ambiente, la tierra y del territorio perdieron la vida violentamente, desde el año 2022, en Honduras, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación en el país reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre exhortó al Estado hondureño a realizar una investigación exhaustiva, bajo los estándares del debido proceso y la debida diligencia, para que estos hechos no se repitan y evitar que queden en la impunidad.
“Es deber del Estado hondureño garantizar el ejercicio de la defensa del territorio y del medio ambiente, a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores”.
Indicó que Honduras urge de una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de la tierra, los territorios, del ambiente y, en general, de los derechos humanos y se le asigne el presupuesto necesario para su efectiva implementación.
Honduras continúa siendo uno de los países del continente más peligrosos para la defensa de los derechos humanos
“La impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra los defensores de la tierra, los territorios y del ambiente, alimenta aún más la violencia en contra de ellos”, cuestionó.
En los últimos años, la criminalización hacia los defensores que buscan proteger la tierra, los ecosistemas y sus territorios, se ha convertido en un peligro tanto para ellos como para sus familiares.
6 departamentos escenarios de la muerte de 23 defensores
La situación de violencia contra los defensores de la tierra, de los territorios y del ambiente es alarmante, se estima que, desde el año 2022, al menos, 23 personas que se dedicaban a esa actividad humanitaria, perdieron la vida violentamente, más de una docena de ellos en el 2023, sin que se conozcan, en la mayoría de los casos, a los responsables ni las causas que motivaron esos crímenes.
En esta radiografía de la inseguridad para los defensores de la tierra, el ambiente y de los territorios, seis departamentos fueron escenario de la muerte violenta de 23 personas que se dedican a esas actividades, 12 en el departamento de Colón, 6 en Yoro, 2 en Atlántida, 1 en Lempira, 1 en Choluteca y 1 en Intibucá.
Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión y difamación.
Crisis en el Aguán debe ser priorizada por el Gobierno
En las últimas horas, el CONADEH condenó y expresó su repudio por el asesinato de Kevin Meza, miembro de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI).
Informes preliminares indican que, el 15 de octubre, Kevin Meza murió de impactos de bala en su rostro que le provocaron la muerte de inmediato en la Empresa Agrícola Santa Inés, mientras que otros miembros de la EACI fueron objeto de agresiones.
El CONADEH considera que, por la situación sistémica en la que se encuentran estas comunidades campesinas, deben ser de atención prioritaria para las autoridades hondureñas y así evitar la pérdida irreparable de más vidas.
Preocupa, al CONADEH, la impunidad de estos hechos, ya que es un problema estructural, en Honduras, que impacta negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos y, en consecuencia, de la vigencia del Estado de Derecho.
La tenencia de la tierra, en el Bajo Aguán, es una crisis permanente que demanda de la atención inmediata de las autoridades, para prevenir la pérdida irreparable de la vida de más personas.
Se estima que, entre el 2009 y el 2014, se registraron centenares de acciones violentas que dejaron innumerables heridos y, al menos, más de un centenar de personas muertas en circunstancias violentas entre las víctimas figuran campesinos, guardias de seguridad, policías, soldados, empleados de la Corporación Dinant, el apoderado legal de un movimiento campesino e incluso particulares.
Cuadro con los crímenes divulgado por CONADEH
