La industria minera de Honduras ha sido responsable de graves perjuicios al ambiente, entre ellos la destrucción directa de Ecosistemas, la contaminación del aire generada por las ingentes cantidades de partículas de polvo levantadas por grandes explosiones, el envenenamiento de fuentes de agua hasta alcanzar daños irreversibles a la biodiversidad, señala una investigación del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, denominada ¿Quién paga los daños? La minería en Honduras, de las promesas a la desesperanza.
Se suma a lo anterior condiciones laborales inseguras, el paulatino deterioro de los modos tradicionales de producción locales y, por otro, la generación de graves conflictos personales, familiares y comunitarios, además de trastornos que afectan el marco de relaciones entre sectores sociales, afectando gravemente la cohesión comunitaria y de otros vínculos importantes que posibilitan la continuación de la vida y el bienestar, agrega el documento.
Estos impactos son el resultado de falta de protección por parte del Estado de Honduras hacia las comunidades y su medio ambiente, y se concreta en grandes beneficios para los dueños de las concesiones y explotaciones, pero también como fuente directa de pobreza y dolor para muchas personas, familias y comunidades.
En la investigación se coloca como uno de los ejemplos de malas prácticas de la industria minera a la empresa Minerales de Occidente, S.A, MINOSA, que inició sus operaciones desde enero de 1983, la mina de San Andrés, ubicada en el Municipio de La Unión, Copán, al Occidente de Honduras.
Se destaca que la misma ha generado “grandes beneficios que la empresa genera para sus dueños, también ha provocado graves daños ambientales que atentan contra la salud de los pobladores, al tiempo que ha dañado el tejido social local. La mina ha deforestado los bosques de las localidades, también ha contaminado con cianuro y metales pesados (mercurio, plomo, cobre, entre otros) las fuentes de agua de gran parte de las comunidades aledañas. Por otro lado, la minera obligó al desplazamiento forzoso de unas 123 familias de pobladores, sin recibir por ello la totalidad de las compensaciones económicas prometidas”.
Corrupción estatal genera marcos legales que favorecen a mineras
Otro de los hallazgos de la investigación es que hay falta de voluntad política para controlar y poner coto a la influencia y actividades de las mineras, "que a veces entran en la ilegalidad y violan los derechos humanos".
La renuencia de algunos agentes del Estado se ve motivada por intereses personales y corrupción, que se manifiestan en la promulgación de marcos normativos favorables a los inversores mineros por parte de legisladores, así como en la colaboración de operadores de justicia en operaciones de hostigamiento y persecución contra pobladores y activistas defensores del medio ambiente que se oponen a las actividades mineras en sus comunidades, destacó CESPAD.
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