El gobierno de la presidenta Xiomara Castro pasa a la acción penal contra periodistas y medios de comunicación , pareciera que se está viviendo el terror del golpe de Estado o del gobierno del ex presidente Juan Orlando Hernández que se usaba el derecho penal para amedrentar y de hecho se fortalecieron las figuras de los delitos contra el honor para darle latigazos legales o que estén a las puertas de la cárcel con el objetivo de que desistan de ejercer el periodismo de investigación y llamarse al silencio ante arbitrariedades. Ahora la mirada y la presión está sobre el director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez a quien la Secretaría de Finanzas le anunció una querella por la investigación "Al Descubierto danza de millones de fondos públicos para elecciones de LIBRE", referente al pago de votos en las elecciones primarias de dicho partido el pasado 09 de marzo de este año.
El periodista Rodríguez y la Radio Cadena Voces son objeto de reiteradas presiones y anuncios de querellas desde diferentes instituciones del gobierno y del Congreso Nacional, cuando publica investigaciones y noticias que esas personas consideran que no deberían publicarse porque les afecta su imagen pública y peor aún en tiempo de elecciones, estas reacciones colocan a los funcionarios y al propio gobierno de la presidenta Xiomara Castro como intolerantes a la crítica y violatorios de convenios y tratados internacionales de libertad de expresión.
Hace menos de un mes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, quien impulsó 12 querellas contra diversos medios de comunicación . Aunque públicamente dijo que no las retiraría, lo cierto es que no mostró un documento ante el Ministerio Público donde se desestimaba esa acción. Información extraoficial ha confirmado que militares de las Fuerzas Armadas siguen presionando para que el ente acusador siga adelante con las querellas, en concreto no hay tal desistimiento.
Esta situación mantiene a Honduras en el ojo de la comunidad internacional que en ese anuncio de querella del Jefe del Estado Mayor Conjunto se pronunciaron señalando lo peligroso de esas acciones para la democracia. En el caso del periodista Dagoberto Rodríguez, la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado conde señala que "Las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión", declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
"Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental", aseguró Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Este es el comunicado íntegro:
Querella contra Radio Cadena Voces en Honduras es intento de intimidación, afirma la SIP
Miami (19 de marzo de 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala con preocupación que la querella penal interpuesta el martes por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), es un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
RCV denunció en un informe reciente un sobregiro de 6.500 millones de lempiras -más de USD 250.000- en la Tesorería General de la República, presuntamente destinados a la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa), según informes de prensa.
Como respuesta, la Sefin anunció la interposición de una demanda por injurias y calumnias contra Rodríguez y acusó al medio de difundir información sin pruebas documentales.
La entidad gubernamental argumentó que "la acusación hecha por el medio de comunicación RCV no presenta ninguna evidencia o prueba documental, por lo cual es eminentemente especulativa", e indicó que la denuncia había sido desvirtuada en su totalidad mediante el Comunicado DCI-013-2025.
Asimismo, sostuvo que la Ley de Emisión del Pensamiento ampara el derecho a la información, pero no a la difusión de lo que consideró una "campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente".
En respuesta, RCV reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y sostuvo que su denuncia sobre el sobregiro de 6.500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República se basó en "información creíble y verificable".
La emisora argumentó que su labor se fundamenta en el derecho constitucional de informar a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos y rechazó cualquier intento de censura o amedrentamiento que busque silenciar su labor periodística. Además, enfatizó que "RCV no se prestará a narrativas oficiales que pretendan desvirtuar hechos documentados ni cederá ante presiones que buscan silenciar la denuncia sobre el uso indebido de fondos públicos".
Las denuncias penales contra periodistas y medios de prensa por presuntas calumnias e injurias contradicen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión reconocidos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y en la Declaración de Chapultepec de la SIP, cuyo principio 10 sostiene que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".
Existe consenso creciente entre organismos internacionales y jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de calumnias e injurias que se imputen al periodismo.
"Las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión", declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP. "Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental", aseguró Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, enfatizó que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa. En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente", indicó Jornet, director de La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina.
La SIP observa con preocupación la situación de la libertad de prensa en Honduras. En enero pasado la organización se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas del diario El Heraldo. En febrero la SIP condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Posteriormente el militar anunció que retiraría las denuncias, pero aún no lo ha concretado.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.