Lunes, May 2024

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El gobierno de la presidenta Xiomara Castro aún no muestra voluntad política para proteger la tierra y territorios de indígenas y garífunas en Honduras y se continúa con la lógica capitalista de permitir el despojo y proteger a los megaproyectos con la militarización en las comunidades, dijo el abogado Edy Tábora del Bufete Justicia para los Pueblos, BJP, a pasosdeanimalgrande.com

Tábora es uno de los abogados defensores de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, que demanda de la mandataria la aprobación de un decreto para instalar la Mesa Interinstitucional para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, a favor de los garífunas de las comunidades de Triunfo de la Cruz y San Juan, en la zona atlántica de Honduras.

El abogado del BJP es del criterio que hay tres elementos que dejan al descubierto la falta de voluntad política del gobierno actual, uno es que envían funcionarios que no tienen poder de decisión a las reuniones donde se aborda la falta de cumplimiento de las sentencias de la CorteIDH.

Otro punto es que la Procuraduría General de la República, PGR, en marzo de 2022, en la audiencia ante la CorteIDH alrededor del juicio sobre la problemática de tierras de la comunidad garífuna de San Juan, el representante de esta institución del Estado reprodujo la tésis del gobierno anterior al manifestar que se debe garantizar la tierra a los terceros, que son terratenientes y empresarios.

Y un tercer elemento que evidencia que no hay voluntad política del gobierno actual para proteger las tierras ancestrales es que sigue la criminalización, persecución , hostigamiento y otras violencias contra los pueblos ancestrales donde el Ejecutivo tiene que ver porque son los policías los que preparan los casos .

“El secretario de Seguridad ha dicho que manejan un protocolo cuando se trata de los pueblos indígenas, pero eso es mentira porque hemos visto que la investigación apenas dura un día y los agentes toman como cierto cualquier documento que empresarios o terratenientes les presentan como respaldo de que son dueños de las tierras, sin que los funcionarios del Estado observen los convenios internacionales donde se expresa que son tierras colectivas no sujetas a transacciones.

Escuche la entrevista completa del abogado Edy Tábora:

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