En los dos primeros años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el Estado hondureño ha hecho muy poco para fortalecer la libertad de expresión y de prensa, por el contrario, los ataques a estos derechos persisten sutil y abiertamente.

Los gobiernos, incluyendo el actual, no muestran mayor voluntad política para seguir las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales para mejor el clima de respeto al derecho ciudadano de expresarse, de buscar y recibir información libremente.

La última evaluación de Reporteros sin Fronteras 2023, señala que Honduras viene experimentando un descenso en materia de libertad de prensa al caer cuatro puntos entre el 2022 y 2023 pasando de un puntaje de 165 a 169.

Este medio consultó a las autoridades de comunicación de casa de gobierno sobre el trabajo que realiza el Ejecutivo para revertir esa tendencia negativa que señalan que la libertad de prensa en este país vive un “lento descenso al infierno”, y la respuesta fue que, por tratarse de un tema de derechos humanos, eso le corresponde a la secretaría del ramo presidida por Natalie Roque.

Se trata de la misma secretaria que abrió el frente que terminó poniendo en riesgo a los activistas de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, al desbaratar el sistema de protección dejándolos en total vulnerabilidad ante los agresores provenientes del Estado, de mafias y grupos oscuros que operan en este país.

Otra de las manifestaciones abiertas de abuso contra el derecho de libertad de expresión y prensa se dio el 19 de noviembre del 2022, cuando el gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta el PCM 023-2002 donde se crea una Dirección de Monitoreo de Medios de Comunicación adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica.

Diversos sectores consideran que este monitoreo tiene como fin no solo el condicionamiento de la publicidad estatal como una forma sutil de control y de censura a los medios de comunicación, sino que también lleva implícito el objetivo de concentrar el discurso público estatal.

La Secretaría de Planificación Estratégica actualmente es liderada por Ricardo Salgado, uno los funcionarios más activos y agresivos- en la red X- contra los medios de comunicación, periodistas y contra aquellos que no piensan acorde a la ideología del gobierno actual.

Su último post, de fecha 19 de octubre dice: “El @FrenteaFrente de hoy es un claro espacio pagado del lobby Sionista, para aplaudir la limpieza étnica y el castigo colectivo del criminal Estado israelita contra millones de palestinos, y, aprovechando montan show contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Que periodismo!”.

Igualmente, periodistas como Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, así como el medio digital El espectador, críticos de la administración de la cuestionada Junta Directiva del Congreso Nacional no solo han soportado las respuestas virulentas de Luis Redondo, titular del legislativo, sino que también los bloqueó en la red X (antes Twitter), la cual se ha convertido en el nuevo escenario de opinión, crítica y respuesta.

Por otro lado, Rodríguez también ha tenido que lidiar con señalamientos de Miroslava Cerpas- quien dirige una Junta Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911- luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declarara sin lugar un solicitud de reserva de información presentada por ese ente estatal para, supuestamente, intentar ocultar la contratación de carros blindados.

Represión

Para el analista Olban Valladares, la libertad de expresión, de prensa y de información son pieza fundamental en el sostenimiento de la democracia, por lo que cuando estos derechos se ven vulnerados por el autoritarismo está en riesgo el sistema.

“Nosotros no hemos tenido una libertad de expresión plena, ha habido maneras de reprimir el pensamiento. Recordemos que los conductos adecuados han sido los medios de comunicación y estos se coptan de diferentes formas, una de ellas es mediante amenazas, particularmente del sector ejecutivo del gobierno”, añadió.

Valladares es del criterio que estos atentados ya se vieron en Nicaragua, Venezuela y Colombia, manifestados en presiones de tipo judicial, fiscal, cierres de medios de comunicación y otras acciones efectivas.

Es que casi la mayoría de los medios de comunicación han dependido históricamente de la pauta publicitaria estatal y esta es usada para silenciarlos, por eso hay unos que se convierten en grandes defensores de un gobierno, o a la inversa en grandes atacantes, sencillamente porque no reciben el beneplácito o el favor económico mediante la publicidad oficial”.

Las otras formas de amedrentamiento son la amenaza y asesinatos de los profesionales de la comunicación. “Aquí en el país hay un centenar de periodistas que han perdido la vida violentamente y la mayoría de los casos siguen en la impunidad”, lamentó el analista.

Aseguró que en cuanto a libertad de expresión, en este país no se garantiza ni el derecho a la protesta, y peor la libertad de prensa. Y más, últimamente, con el aparecimiento de estos grupos violentos llamados colectivos, que en otros años también se les conoció como mancha brava. “No podemos declarar libertad absoluta de expresión si tenemos mecanismos de coerción, represión algunos abiertos y otros encubiertos pero que existen, existen”, dijo Valladares.

Legislación

Honduras es suscriptora de la Declaración Universal y de la Declaración Interamericana de Derechos humanos que tutelan la libertad de expresión, de prensa y de información. Asimismo, es firmante de la Declaración de Chapultepec que dice en su principio número uno: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

El preámbulo de esta declaración expone claramente el valor que tiene la libertad de expresión en las sociedades. “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”, establece.

De igual forma señala que “sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos”.

Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. “Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”, dice la declaración.

Señala que “la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión, pero “constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”, precisa el documento.

Un problema grave

De acuerdo con el dirigente obrero, Daniel Durón, un país donde se restringe la opinión pública y la libertad de prensa tiene un problema grave. Uno de los principales instrumentos para el ejercicio democrático es la libertad de expresión manifestada en sus distintas formas, el derecho a la libertad de prensa, de información y de protesta, recordó.

También rememoró que en Honduras muchos periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados, otros perseguidos y también están aquellos que se fueron al exilio. “He leído los informes de organizaciones internacionales que se refieren muy mal en el caso de Centroamérica y particularmente de Honduras sobre el peligro y la complicación que tiene la libertad de expresión en estos últimos años”.

Es un derecho que siempre está en riesgo y depende muchas veces de la visión de los gobiernos. En este país hay que revisar el nuevo Código Penal porque ahí hay artículos con una restricción brutal que no solo atentan contra la libre comunicación, sino también con el derecho a la protesta y de movilización, derechos constitucionales, advirtió Durón.

Es del criterio que desde que este instrumento jurídico se aprobó los obreros realizaron sus observaciones y denuncias correspondientes, no obstante, no se le ha dado la importancia que el tema requiere. Estamos en un momento de peligro y eso hay que retomarlo y esto no solo corresponde a los periodistas, el sector laboral, sino también por los medios de comunicación, empresarios y otros sectores sociales, demandó el dirigente obrero.

Un contexto complejo

El periodista Osman Reyes, presidente de Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) siente que en el país hay libertad de expresión y de prensa, pero sobre ellas actualmente hay muchas amenazas ya que desde el Estado se promueven controles, regulaciones, intimidaciones, ataques, hostigamientos y agresiones por los funcionarios públicos y los grupos de choque afines al gobierno.

El ambiente es hostil, ya que desde las redes sociales hay mucho insulto, odio, ataque contra los periodistas y ciudadanos que se expresan libremente. “En la web tenemos un discurso de odio de parte de algunos funcionarios del gobierno que son alérgicos a la crítica, que reaccionan agresivamente cuando son señalados por la prensa”, explicó Reyes.

Él es del criterio que “hay mucha gente que tiene temor hacer uso de su derecho a expresarse libremente porque puede terminar agredida por grupos respuesta del gobierno, que no son otra cosa que los denominados colectivos o grupos de choque” patrocinados por el partido en el poder.

Reyes deploró que el Estado no haya avanzado en la investigación del asesinato de 97 personas relacionadas a los medios de comunicación y en la protección de al menos 190 colegas amenazados, lo cual expone el clima de violencia para la prensa en Honduras.

“Es que tenemos un contexto complejo que solo viene a confirmar lo que ya ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la organización Reporteros sin Fronteras y otras que hacen estudios al respecto que confirman que Honduras es un territorio complicado para ejercer la libertad de expresión y de prensa”, reflexionó el presidente de la APH.

Reyes lamentó que el gobierno actual no muestre voluntad política para reducir las amenazas a la libertad de expresión y prensa, a pesar de las múltiples recomendaciones dadas por distintos organismos internacionales.

El presidente del CPH consideró de suma importancia la presencia en Tegucigalpa, esta semana, de Irene Khan, Relatora Especial para la Libre Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a quien diferentes sectores civiles, medios de comunicación y periodistas expusieron la situación que se vive en el país en lo relacionado con la libertad de expresión y prensa.