Los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron significativamente en comparación con los dos años anteriores; las prácticas institucionales que restringen indebidamente el espacio cívico, afectando el ejercicio de defensa de derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y la participación en asuntos públicos; restricción de acceso a la información , así como torturas en las cárceles y desalojos vulnerando el derecho de acceso a la tierra, son solo algunos de los problemas que documentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, durante 2023.
El informe fue presentado por Isabel Albaladejo Escribano, Representante OACNUDH, en restaurante de Tegucigalpa repleto de asistentes de diversos sectores entre ellos de los diferentes poderes del Estado, sociedad civil y periodistas de distintos medios de comunicación. El mismo fue entregado oficialmente al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a través de Rodolfo Pastor de María Ocampos, ministro de la presidencia.
Las prácticas regresivas a los derechos humanos
La Oficina ha recibido numerosos reportes de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación que no pudieron acceder a información de interés público debido que sus solicitudes no fueron respondidas de manera adecuada u oportuna por la autoridad competente o habrían sido denegadas sin una justificación suficiente, indicándose que la información solicitada era “reservada” o “confidencial”.
Esta institución también observó que los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, aumentaron significativamente en comparación con los dos años anteriores, incluyendo los asesinatos.
Otro de los aspectos señalados es que a pesar del riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos, preocupa la falta de respuesta efectiva del Sistema Nacional de Protección, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección.
Problemática de las personas defensoras de la tierra
Ramón Ismael Navarro, Coordinador Técnico de Proyectos de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, señaló que el informe de la OACNUDH se quedó corto al señalar la problemática de la tenencia de la tierra y la represión contra las personas que defienden este derecho. Asimismo fue crítico contra el Partido LIBRE al que dijo ayudaron a llegar al poder y ahora ni los atienden para resolver de manera estructural la situación de la tierra en Honduras. En este video detalla su inconformidad:
La impunidad y la falta de acceso a la justicia
El informe hace hincapié en que las altas tasas de impunidad debido a la falta de investigaciones efectivas, demoras procesales injustificadas, la limitada posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal, y la falta de protección adecuada a las víctimas, familiares y testigos, siguen constituyendo desafíos para el acceso a la justicia.
En la mayoría de los casos de presuntas violaciones de derechos humanos que involucran a fuerzas de seguridad y armadas monitoreados por la Oficina, la investigación y juzgamiento no han permitido el establecimiento de los presuntos responsables, ni la determinación de la responsabilidad de mando.
Estado de excepción ha profundizado los abusos contra los derechos humanos por fuerzas de seguridad
El estado de excepción adoptado el 6 de diciembre de 2022 para luchar contra los delitos de extorsión y otros delitos conexos, ha sido prorrogado en ocho ocasiones17 y ampliado a todo el país. Esta medida otorga facultades a la Policía Nacional para realizar, en cooperación con Policía Militar del Orden Público (PMOP), detenciones y allanamientos sin orden judicial, lo que podría generar riesgos de violaciones a los derechos humanos, incluidos al debido proceso , destaca el documento.
La OACNUDH externó su preocupación en el informe por la duración prolongada del estado de excepción sin que se haya justificado su necesidad, proporcionalidad e idoneidad19, y sin que existan controles judiciales adecuados. En al menos tres ocasiones, los decretos ejecutivos se implementaron sin ratificación del Congreso.
En el periodo del informe, no se dieron pasos significativos para la adopción de una política integral de seguridad con enfoque de derechos humanos con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas estructurales de la violencia y la inseguridad.
Personas privadas de libertad a expensas de los abusos de la Policía Militar
OACNUDH entrevistó a más de 500 personas privadas de libertad en 25 visitas a nueve centros penitenciarios, constatando que dichos operativos fueron realizados con un uso excesivo de la fuerza, incluso contra personas que no prestaron resistencia a la intervención.
Las personas habrían sido expuestas durante largas horas al sol, golpeadas, resultando varias personas heridas e incluso ocasionando presuntamente la muerte de un detenido por insuficiencia cardiaca en el centro penitenciario de Danlí (El Paraíso). Además, las personas detenidas no tuvieron agua y comida por más de 24 horas, ni acceso inmediato a atención médica adecuada. Por otra parte, algunas personas habrían sido amenazadas por la Policía Militar del Orden Público.
En contraste con esta situación de las cárceles, expuesta en el informe por la OACNUDH, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene ocho meses de retrasar la juramentación de la comisionada Mildred Meléndez, designada por organizaciones de sociedad civil ante el CONAPREV.
Este organismo tiene serias falencias y no realiza inspecciones constantes a los centros penitenciarios contando solamente con una comisionada delegada por el Poder Legislativo pues la del Poder Ejecutivo renunció para estar de lleno en campaña política por el Partido LIBRE.
Las personas privadas de libertad a través de sus familiares cuentan con escasa o ninguna atención a sus denuncias de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes por la Policía Militar del Orden Público, que cuenta con la tolerancia de la presidenta Xiomara Castro al ratificar en al coronel Ramiro Fernando Múñoz Bonilla, quien ha sido señalado por graves violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios, y abusos contra personas defensoras de derechos humanos a quienes obstruye su trabajo en los centros penales.
Lea el informe en este link