En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro, entre ellos David Castillo, presidente de DESA y exmilitar de inteligencia, quien fue señalado como coautor del crimen. Sin embargo, la Corte redujo su condena, dejando en evidencia la influencia de los poderes sobre el sistema judicial hondureño. Este fallo confirmó la existencia de la estructura criminal que asesinó a Berta, vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de ello, los autores intelectuales siguen en la impunidad, señaló el COPINH en un comunicado público  este 02 de marzo de 2025, a nueve años del crimen contra la defensora y Coordinadora del COPINH, Berta Cáceres.

Cáceres fue asesinada en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando  cuatro hombres armados le dispararon al ingresar a su casa en  La Esperanza, Intibucá. Al principio se pretendía hacer creer que era un crimen pasional, pero la presión internacional obligó a las autoridades hondureñas a actuar, siendo capturados  los exmilitares David Bastillo,  Henry Hernández y Douglas Bustillo, el mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Elvin Humberto Rápalo, Óscar Aroldo Torres y Edilson Atilio Duarte. 

La creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue vital para desnudar la complicidad e inoperancia del sistema de justicia de Honduras. Este grupo investigó gran cantidad de gigas de audio y mensajes de los autores materiales y fueron descubriendo una red criminal conformada por ex militares, empresarios y funcionarios gubernamentales.

Este es el comunicado emitido por el COPINH:

COMUNICADO N°5/2025 | ¡9 años sin Berta! Que no sean 10 sin justicia.

Hoy, 2 de marzo de 2025, se cumplen 9 años de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres, luchadora incansable por los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza y de la vida en Honduras. A casi una década de su asesinato, el camino hacia la justicia ha sido arduo y marcado por obstáculos impuestos por quienes han querido garantizar la impunidad de los autores intelectuales del crimen.

En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra los siete condenados por el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.

Entre ellos, David Castillo, presidente de DESA y exmilitar de inteligencia, fue señalado como coautor del crimen. Sin embargo, la Corte redujo su condena, dejando en evidencia la influencia de los poderes sobre el sistema judicial hondureño.

Este fallo confirmó la existencia de la estructura criminal que asesinó a Berta, vinculada a la familia Atala Zablah y fuerzas de seguridad estatales. A pesar de ello, los autores intelectuales siguen en la impunidad. 

A su vez el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado la condena a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ratificando que es culpable de asesinato agravado del crimen contra Berta Cáceres y la condena de 30 años de prisión. 

En estos nueve años, la familia Atala ha respondido cada una de nuestras acciones con campañas de desprestigio, ataques mediáticos, presión en la Corte Suprema y agresiones a nuestros plantones. La persecución contra los movimientos sociales y defensores del territorio no ha cesado. Las mismas estrategias usadas contra Berta se han repetido con otros compañeros y compañeras.

El asesinato del defensor ambiental Juan López, el 14 de septiembre de 2024, es una prueba de ello. Como Berta, Juan López fue amenazado y tenía medidas cautelares de la CIDH, pero el Estado de Honduras no garantizó su protección.

La violencia contra quienes defienden la vida y los bienes comunes sigue siendo una estrategia de terror impuesta por el poder empresarial y criminal en el país.

En este noveno aniversario, exigimos que las investigaciones avancen sin interferencias y que los autores intelectuales sean procesados. La conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) es clave para esto. Su trabajo debe contar con todas las garantías para investigar las responsabilidades intelectuales del crimen, los delitos de corrupción y los fraudes financieros.

Aunque hemos avanzado, la justicia sigue incompleta. Exigimos la identificación y enjuiciamiento de todos los responsables A quienes idearon este asesinato y a quienes lo financiaron. Daniel Atala, sigue prófugo de la justicia porque se evidenció y hay pruebas contundentes de su vinculación con el asesinato de Berta. 

Berta Cáceres vive en la lucha de los pueblos. Su legado nos impulsa a seguir defendiendo la vida, la justicia y la dignidad de nuestros territorios.

¡Berta vive, la lucha sigue!

Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 2 días del mes de marzo de 2025.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”