Así están las cosas en Honduras. Los delitos de injuria y calumnia, se siguen sancionando con multas o con una pena de hasta un año de privación de libertad. Esto mantiene en zozobra el ejercicio del periodismo en este país centroamericano.

Esta amenaza en contra del derecho a la libertad de expresión en el país , tiene un primer registro en el Decreto Número 144-83, del 26 de septiembre de 1983, el que en el Título III Delitos Contra el Honor, Capítulo I,  señala sanciones de carácter penal en los delitos de calumnia, Injuria y Difamación, al entrar en vigencia el Código Penal,  transcurría el gobierno del presidente Roberto Suazo Córdova, siendo titular del Poder Legislativo José Efraín Bú Girón.

Considerando que diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los Derechos Humanos y diferentes gremios de periodistas y comunicadores sociales manifestaron su rechazo a la puesta en vigencia de un nuevo Código Penal, el cual entró en vigor el 10 de mayo de 2019 y contiene sanciones penales para los delitos de injuria y calumnia, confirmando un vez más lo peligroso que es ser periodista en Honduras.

A siete meses de gobierno de Iris Xiomara Castro, calificado como socialismo del siglo XXI, se sigue teniendo como bandera de lucha la despenalización de los delitos contra el honor. Esta figura penal  “ criminaliza el ejercicio del periodismo”, según Dagoberto Rodríguez, ex presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH.

Además de que ejerce un efecto intimidatorio también genera un ambiente de censura y autocensura entre los periodista y comunicadores sociales quienes “sienten el temor que una expresión o un señalamiento contra algún funcionario Público tenga repercusiones y al final termine pagando pena de cárcel”, sostiene Rodríguez.

De ahí que el gremio de periodistas sugiere que  se despenalicen los delitos de injuria, difamación y calumnia y que dejen de ser sancionados con cárcel siendo traslados al ámbito civil.

Respecto a este asunto, para el analista político Efraín Díaz Arrivillaga “el problema de la despenalización de los Delitos contra el Honor, no es un aspecto fundamental en el tema de la libertad de expresión”, este tiene que ver tiene con las estructuras de poder que hay en una sociedad y   el control que ejercen los dueños de los medios de comunicación social producto de su vinculación a los grupos de poder establecidos.

De igual manera señala Arrivillaga  que es más creyente que la libertad de expresión tiene que ver con el fortalecimiento democrático, el aumento de las libertades en el país y sobre todo en cómo vamos construyendo un periodismo más profesional e independiente.

Por la experiencia obtenida a lo largo de todo su ejercicio periodístico, especialmente en la prensa escrita, la licenciada Ninfa Arias,  no considera que haya anuencia política “para hacer una reforma de este calibre, quitando  la prisión contra los delitos contra el honor”, la información que se tiene es todo lo contrario,  la clase política no quiere hacer una reforma, la actual corte tampoco lo quiere, sostiene Arias.

En caso que haya esta voluntad , sería bueno que sea consensuada no solamente por los partidos políticos, sino entre los gremios involucrados, tanto por los abogados como los periodistas. De darse este cambio a  futuro, “ojalá que la medicina no vaya a ser peor que la enfermedad”, enfatiza.

El contenido de la reforma debe ser concertado y por supuesto que se garantice el honor de las personas, porque “el honor es un derecho trascendental que incluso cuando uno muere, las personas y los descendientes pueden reclamar ese  derecho que todos tenemos, que ni muerto prescribe” apunta esta periodista hondureña.

Un total de 18 artículos regulan la libertad de expresión en el Código Penal en Honduras, seis de ellos están relacionados a delitos contra el honor.

Ante este panorama, la mirada de la comunidad internacional se mantiene sobre Honduras, de hecho dos meses después de entrar en vigencia el nuevo Código Penal en el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) exteriorizaron preocupación por las restricciones sin límites a la libertad de expresión y la libertad de prensa contenidas en el nuevo Código Penal con las responsabilidades penales contra la injuria y la calumnia.