El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha estado enredado en constantes manifestaciones, los distintos gremios han exigido que se cumpla con las promesas divulgadas en campaña política, en la toma de posesión y las que están plasmadas en el Plan de Gobierno. Pero sectores advierten que puede tratarse de una situación política para crear crisis en el gobierno de la titulas del Ejecutivo.

La mañana de este 14 de marzo de 2023, los y las fiscales de la zona norte se tomaron la carretera en el puente del Río Danto, en La Ceiba, Atlántida este paso es uno de los principales en el país y que mueve gran parte de la economía hondureña, los afectados aseguran que no pueden seguir en las condiciones precarias que viven actualmente.

Tras cumplirse un año del mandato de Castro, la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), uno de los brazos más importantes en el tema de investigación, abandonó labores desde el 6 de febrero de 2023, en protesta nacional y en exigencia de mejoras a las condiciones laborales de las y los empleados del Ministerio Público.

Los fiscales también exigen que les den aumentos salariales y los aumentos de costo de vida, pues aseguran que no han obtenido esos beneficios. El costo de vida en Honduras cada día es más elevado y los precios de la canasta básica se han disparado, situación que afecta su economía. Asimismo, testifican que hay servidores que trabajan 24 horas seguidas y reciben un salario indigno.

Aunque hay quienes aseguran que dicha manifestación pudiera tener otro trasfondo y este puede ser político. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales, particularmente, al Fiscal General de la República, al Congreso Nacional ya la Secretaría de Finanzas para que adopten las medidas necesarias para resolver las exigencias de los fiscales y de esa forma garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En conferencia de prensa Ariel Díaz, abogado del Conadeh, reconoció que las exigencias de la AFH son legítimas, sin embargo, le corresponden al Fiscal General de la República, solicitó las reformas presupuestadas necesarias para garantizar a los afectados una retribución por concepto de salarios dignos , capaz de garantizarles una estabilidad económica y que puedan desempeñar sus funciones en un entorno digno y libre de violencia.

Expuso que la situación que los fiscales enfrentan detona en el marco de una crisis institucional que incumple las obligaciones internacionales del Estado, principalmente en su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y todas aquellas vulneraciones que emanan de particulares.

 “Debemos resaltar la obligación que tiene el Estado de actuar con la debida diligencia en las investigaciones, facultad exclusiva que se le atribuye al Ministerio Público, por lo tanto, los fiscales tienen esa responsabilidad con toda la población hondureña”, expresó.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado en conversación con Pasos de Animal Grande, manifestó que “estamos en una situación muy delicada y seguimos en una indefensión, el Estado prácticamente está dejando a la deriva a las víctimas con una actitud irresponsable y poco ética de parte de los señores del Ministerio Público”.

Ángela María Figueroa, presidenta del Tribunal de Honor de la Asociación de Servidores y Empleados del Ministerio Público, conversó con Pasos de Animal Grande y manifestó que hace más de una semana un equipo de fiscales se reunió con una comitiva del Congreso Nacional de la Secretaría de Finanzas, quienes les pidieron que no hicieran el problema más grande y que les iban a resolver en los próximos días, sin embargo, asegura que todo fue una mentira, porque no han recibido respuestas ni ven intenciones de darles solucionar a más de una semana de dicha reunión.

“Nosotros no queremos hacerle daño al gobierno de la presidenta, más bien la esperanza que pueda mejorar esa situación, porque nuestros derechos se han menoscabado con el actual fiscal nos ha menoscabado nuestros derechos”, denunció la abogada.

Incapacidad institucional de ofrecer respuesta ante las exigencias

El abogado Ariel Díaz también dijo que la crisis institucional que se vive actualmente, en el Ministerio Público, es el resultado de la incapacidad institucional de ofrecer una respuesta oportuna a las exigencias planteadas por los fiscales.

Al tiempo que instó al Fiscal General a sentarse a dialogar con las y los perjudicados para buscar una salida ejemplar ya la vez realizar cuanta diligencia sea necesaria ante el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para que sean aprobadas las modificaciones y ampliaciones presupuestarias necesarias para garantizar salarios dignos a los y las fiscales.

Maldonado también comparte con Díaz con que los derechos laborales deben de ser exigidos, pero lamenta que esto se haya ido al extremo por la misma inoperancia del Fiscal General del Estado y por la inoperancia de las autoridades administrativas del Ministerio Público. “Desde esa perspectiva cree que los compañeros y compañeras fiscales tienen derecho a pelear sus derechos sociales, como les corresponde, pero no dejar en una vulnerabilidad a la sociedad hondureña”, subrayó.

Los fiscales no harán levantamiento de pericias ni autopsias pero CSJ instruye que lo hagan los jueces de paz

Por su parte, la AFH en la Octava Convocatoria Nacional, confirmó la determinación adoptada junto al personal de Medicina Forense que, por tiempo indefinido, no realizarán ningún tipo de levantamiento, pericias ni autopsias.

Además, instruyeron que no envíen cadáveres para autopsia ni evidencias para periciar ya que, todo el personal de Medicina Forense estará en manifestación permanente hasta obtener una respuesta.

Pero la Corte Suprema de Justicia ante esta acción de los fiscales procedió a instruir a los jueces de paz con competencia en materia penal en todo el país para que procedan en coordinación con los funcionarios de salud de las localidades a nivel nacional , al cumplimiento del artículos 59 inciso 2 del Código Procesal Penal, Esta instrucción fue divulgada  a través de un comunicado.

Tampoco fiscales comparecerán a juicios

En otra de las cláusulas advierten que, no estarán compareciendo a ninguna audiencia ni juicio hasta obtener una respuesta positiva a sus peticiones.

“No es que nosotros queremos hacerle daño a la población hondureña o dejarla en el abandono pero estamos luchando por nuestros derechos y el gobierno nos orilla a seguir en protestas porque no nos dejan otra salida”, alertó la fiscal Figueroa.

Al tiempo que denunció que el Fiscal General no les atiende ni da respuesta a la problemática, “este señor se ha perdido, no atiende a nadie ni vía teléfono ni de manera presencial, el presidente del Colegio de Abogados hace tres semanas  fue para intermediar y pedir que nos resuelva, pero este señor ni siquiera lo recibió”, manifestó Figueroa.

“Tenemos un Fiscal General del Estado que jamás ha dado la cara, aunque la comunidad internacional lo catalogó como un fiscal cinco estrellas, pero para la sociedad hondureña y para los que conocemos su actuar, sabemos que deja mucho que desear”, cuestionó el titular del CODEH.

Maldonado urgió al Fiscal General para que comparezca y al Congreso Nacional para que lo interpele para que pueda dar soluciones al problema, pero que la situación no se maneje por la vía política, sino que con la mejor voluntad para minimizar este impacto social que está causando el paro de todo el personal del Ministerio Público que afecta a gran parte de la sociedad hondureña.

Otras manifestaciones y tomas

A tan solo un día de la toma de posesión como presidenta, Castro experimentó la primera protesta, esta vez fueron los maestros internos y del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), los mismos que exigían un contrato de trabajo permanente. Esta exigencia se reforzará por todo el país.

A estos se les sumó el gremio médico y de enfermería que laboraban bajo contratos temporales durante la pandemia del Covid-19 quiénes exigían acuerdos permanentes que les prometieron bajo Decreto Legislativo 108-2021 y el Decreto Ejecutivo PCM 130-2021.

Los transportistas también formaron parte de la toma de carreteras ante la ola de violencia y la desmedida extorsión que se profundizaba cada vez más enlutando a este sector.

Aunque hay problemas sociales en diversos sectores que el gobierno no ha logrado resolver, algunos sectores insisten en que se trata de una crisis que está siendo provocada para afectar la gestión de la presidenta Xiomara Castro por parte de grupos de poder que se sintieron amenazados por las decisiones que esta tomando en diferentes ramas.