15 meses pasaron que la presidenta Xiomara Castro anunciara la desmilitarización de las cárceles, para que ésta cediera el control nuevamente a la Policía Militar del Orden Público, PMOP, no solo en los centros penales sino en todo el país como parte de las medidas contra la violencia, faltando a su palabra de desmilitarizar la seguridad ciudadana.

La medida fue tomada después de los crímenes contra privados de libertad en la cárcel de mujeres el 21 de junio recién pasado, a través de un comunicado público la mandataria anunció que la PMOP se encargaría de la seguridad en las cárceles a partir del 01 de julio de este año pero la medida fue adelantada para el lunes 26 de junio.

Paradójicamente mientras la Comisión Interventora de las cárceles conformada por la vice ministra de seguridad, Julissa Villanueva, la abogada Sandra Rodríguez, ex comisionada de CONAPREV y el Master en políticas públicas y gestión de la seguridad, Mario Chinchilla, no contaron con el apoyo decidido de los altos mandos policiales y militares, ahora hay un gran desplazamiento de agentes militares y la presidenta prometió el presupuesto necesario a las Fuerzas Armadas.

La PMOP inició operativos en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán, donde colocaron a decenas de miembros de maras desnudos y rapados, con la cabeza sobre los hombres del otro, una situación parecida a las imágenes de las cárceles de El Salvador, lo que muchos llaman el efecto Bukele. Otros señalan que se trata de una operación psicológica de los militares para crear en el imaginario de la población que son los héroes y que pueden controlar la violencia, pero los antecedentes de sus actuaciones en labores civiles han dejado una estela de luto y terror.

La presidenta Castro dijo en su plan de gobierno con respecto a la policía militar: “Determinar la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público que militariza el orden civil y contamina a la fuerza armada con una función ajena”.

En el año 2017 el gobierno de Juan Orlando Hernández ante unos 16 crímenes contra privados de libertad nombró una comisión interventora constituida mayoritariamente por militares, en ese período el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Internacional, CEJIL, dijo que “vemos con profunda preocupación que se haya nombrado una comisión interventora compuesta mayoritariamente por militares, lo cual no es un hecho nuevo, sino una manifestación más del fenómeno de la militarización de los espacios públicos y de diversas funciones estatales que corresponden a otras instancias civiles del Estado, y que se ha profundizado a partir del golpe de Estado de 2009”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita in loco a Honduras entre el 24 al 28 de abril de 2023, provocó con preocupación la alta presencia de militares participantes en acciones civiles, en especial en los operativos en el marco del estado de excepción decretada desde el 06 de diciembre de 2022 y prorrogado en varias ocasiones.

Uno de los argumentos para aumentar la presencia militar en las calles son las últimas masacres ocurridas en la zona norte de Honduras donde la presidenta decretó este 25 de junio un toque de queda en Choloma, donde fueron asesinadas unas 11 personas en un billar de esa localidad , donde cuatro eran sindicalistas de una maquila y otro a partir del 04 de julio en San Pedro Sula.

Funcionarios del gobierno y diputados del Congreso Nacional como Rasel Tomé, han manifestado que la violencia que en estos momentos se vive en el país es un plan para desestabiliazar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y quitarla del poder.