En el Juzgado de Ejecución se debe llevar a cabo una audiencia Ad-Hoc luego de ser solicitada para la aplicación del decreto de amnistía 004-2022, a favor de los exlíderes estudiantiles Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa.

De acuerdo con la resolución escrita de carácter normativo aprobada en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el 03 de febrero de 2022, conocida como “Ley para la Reconstrucción de Estado de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”, se establece que  la amnistía política es para exculpar a presos políticos y  aquellas personas perseguidas judicialmente por motivos políticos y por su ejercicio en la defensoría de los derechos humanos, durante y después del Golpe de Estado de 2009.

Cabe mencionar que los exlíderes estudiantiles fueron criminalizados en el 2015, por ejercer el derecho a la protesta social, como parte del Movimiento Estudiantil Universitario, al ser defensores de la educación superior pública, realizaron acciones que exigían el respeto de los derechos estudiantiles, los cuales eran violentados al iniciar el proceso de privatización de la educación superior y al no permitir la participación en el Consejo Universitario, ya estipulado en la Ley Orgánica.

Por otra parte, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), desde el 2014 ya habían empezado a ejercer operaciones de seguimiento y persecución contra el movimiento estudiantil, empleando medidas como la expulsión de clases contra los hoy criminalizados y otros estudiantes del Alma Mater.

Por esta razón, que varias personas defensoras de derechos humanos y periodistas que apoyan a los exlíderes estudiantiles, Cáceres, Padilla y Ulloa, instan al  Poder Judicial , que aplique el decreto de ley, ya que ellos cumplen con los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la amnistía política.

Y entre las exigencias de los defensores también se encuentra un llamado enérgico hacia el Poder Legislativo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH) y la Secretaría de Derechos Humanos, (SEDH) a cumplir con su rol de ser garantes fieles al Decreto 004-2022 tal cual lo manda la aplicación de Amnistía.

Se exige también al Mecanismo de Protección, en el marco del cumplimiento de la Ley de Protección de medidas preventivas para defensores, comunicación directa con otras instancias estatales para la protección de la vida de sus beneficiarios.

Para finalizar el pronunciamiento reza que  los defensores criminalizados  esperan una sentencia que reivindique los derechos humanos. También consideran que la defensa de la educación pública no se debe de contemplar como un delito, sino como un elemento indispensable para el fortalecimiento al derecho a la educación pública, motivo por el cual se dirigen al nuevo rector, Odir Fernández, para que rectifique el mal accionar de quienes ocuparon su cargo anteriormente y que apele a la figura del “Perdón”, misma ya contemplada en el Código Penal de Honduras.

Este es el pronunciamiento emitido este 24 de enero de 2024: