El Ministerio Público libró requerimiento fiscal contra los generales retirados Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, por suponerlos  responsables del crimen contra  el joven  Isy Obed Murillo Mencías, el 05 de julio de 2009 en el marco del golpe de Estado.

En esa fecha el periodista César Silva, quien auxilio a Murillo Mencías dijo a BBC Mundo "Nos tiramos al suelo porque los militares comenzaron a disparar. Él se levantó y en ese momento le dispararon en la cabeza. Yo lo auxilié, lo tomé en mis brazos y ahí me di cuenta que estaba perdiendo la masa encefálica. Lo cargamos a un vehículo, pero cuando llegamos ya estaba muerto".

Ese día miles de manifestantes esperaban la llegada al aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa, del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue depuesto por un golpe de Estado. El mandatario era acompañado por  los presidentes de Ecuador, Argentina, Paraguay, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el presidente de la Asamblea General de la ONU, sin embargo no pudo aterrizar porque militares obstaculizaron el aterrizaje del avión.

Ministerio Público acciona para deducir responsabilidades?

Los militares fueron capturados por la mañana de este 05 de enero de 2025 y puestos a la orden del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, donde al cierre de esta nota no había concluido la audiencia de imputado donde los apoderados legales están pidiendo que se les emitan medidas sustitutivas a la prisión para que se defiendan en libertad.

En un comunicado de prensa emitido este 05 de enero de 2025, el Ministerio Público detalló que los imputados estaban siendo acusados por los delitos de homicidio y lesiones graves contra Murillo Mencías y Alex Roberto Licona, que fueron víctima de un ataque de militares que dispararon armas M-16, cuando se manifestaban haciendo uso de su derecho a la protesta.

Los familiares del joven que participaba de las manifestaciones contra el golpe de Estado tienen más de 15 años de exigir justicia y fueron objeto de múltiples amenazas por sus demandas.

Aunque desde el 2010 se presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra lo imputados por este caso y otros relacionados con acciones represivas y muertes de manifestantes, las mismas se mantuvieron engavetadas durante la gestión del ex fiscal general Oscar Chinchilla.

Integrantes de la oposición política han señalado que se está manipulando el sistema de justicia con este caso lo que sería el comienzo de una serie de juicios contra la oposición al estilo Nicaragua y Venezuela, con el objetivo de amedrentar a la oposición, previo a las elecciones de noviembre de 2025.

Mientras los familiares de Isy Obed han manifestado a medios de comunicación que esperan justicia y que no quieren venganza, pero que lamentan que se quiera tildar de persecución política un caso donde está claramente evidenciada la participación de los militares requeridos.

Este es el texto del comunicado del Ministerio Público:

Los contextos

Mientras Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, leyó un comunicado atribuido a las Fuerzas Armadas, en el cual se desmarcan de los imputados y prometen no más golpes de Estado y respeto a los derechos humanos, aunque el oficial leyó con vehemencia dicho documento, él se lavó las manos a pesar que pertenece a las fuerzas militares desde 1990 y actualmente es señalado por violentar la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas al parcializarse con el gobierno del partido LIBRE, y es visto como un activista político.

La lucha contra la impunidad

No obstante que las capturas se dieron en el marco de un contexto polarizado en Honduras a las puertas de las elecciones primarias a realizarse en marzo próximo y de las generales a finales de noviembre, hace falta acciones contundentes contra la impunidad dirigidas a civiles que han estado en  altos cargos como el ex dictador Roberto Micheletti, quien fungió como presidente durante el golpe de Estado; militares de altos rangos y jefes policiales que han participado activamente en graves violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado; en las elecciones que llevaron a reelegirse ilegalmente al ex presidente Juan Orlando Hernández, en 2017, cuando el pueblo salió a las calles a protestar y se cometieron más abusos contra los derechos humanos, entre ellos al menos 35 personas asesinados, sin que hasta la fecha hayan responsables tras las rejas. Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia.

Pero también las lucha contra la impunidad, a lo cual se comprometió fervientemente la presidenta Xiomara Castro ,  debe enfocarse a los impunes de ayer y de hoy, de lo contrario no tendrá un efecto aleccionador que conlleve a que los hechos no se repitan sino que se fortalezca la impunidad y el caso de Isy Obed se convertirá en una burla más a los familiares de las víctimas.