Las alarmas están encendidas, pero no hay un alto para revisar prácticas deleznables contra los derechos fundamentales en el marco del estado de excepción. Durante la vigencia esta medida el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), atendió más de 50 quejas contra autoridades del orden público.

Diferentes sectores de sociedad civil y defensores de derechos humanos advirtieron que esta medida se podría prestar para que se registraran violaciones a los derechos humanos de la población hondureña, sin embargo, este llamado no ha sido tomado en cuenta por las autoridades.

En el marco del estado de excepción, instaurado desde el 06 de diciembre de 2022 y prolongado por ahora hasta abril de este año, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, ha documentados quejas relacionadas con violaciones a derechos humanos. 

Los datos surgen del trabajo que realizas el Observatorio y la Clínica de Control de Convencionalidad de esta entidad,  que dan seguimiento a situaciones que podrían indicar la concurrencia de malos tratos, uso desproporcionado de la fuerza e incluso actos de tortura en el marco del estado de excepción. 

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, denunció que durante el estado de excepción son más de medio centenar las quejas atendidas en contra de autoridades del orden público de Honduras, las cuales se mantienen en seguimiento activo y constante.

Agregó que actualmente el Conadeh realiza acciones de monitoreo y acompaña el litigio estratégico de dos casos en los cuales hubo un presunto sometimiento de las víctimas a actos de torturas.

Izaguirre recordó que los derechos a la vida e integridad personal, revisten un carácter esencial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que forman parte del núcleo inderogable y presuponen el disfrute de los demás derechos humanos. Asimismo alertó que los actos de tortura atentan directamente contra la vida, salud e integridad física o mental de sus víctimas.

Estado de excepción con falencias y sin atacar de manera frontal al crimen

Es preciso mencionar que la suspensión de garantías constitucionales inició en Honduras desde el 06 diciembre del 2022, luego de la aprobación del Decreto por la Presidenta  Xiomara Castro, en Consejo de Ministros.

Dicha medida fue ampliada hasta el 6 de abril del 2023 “por la grave perturbación de la paz y la seguridad en las principales ciudades del país”. Además para contrarrestar el delito de la extorsión que afecta en mayor número al sector transporte, sin embargo, los empresarios de este rubro aseguran hace falta mucho para que se cumpla con todo los plasmado en esta medida.

Wilmer Cálix, dirigente del transporte, manifestó a pasosdeanimalgrande.com que desde diciembre de 2022 hasta la fecha,  la violencia ha cobrado la vida de 26 trabajadores de este rubro.

A juicio de Cálix el estado de excepción no ha golpeado la violencia como debería debido a que hay muchas instituciones de gobierno que no están cumpliendo con el decreto emitido.

“Creemos que el estado de excepción tiene falencias y hay cosas estipuladas ahí que no se han llevado a la práctica, las ventas de los chip de manera clandestina  y las llamadas  extorsivas desde los centros penales continúan”, aseguró Cálix.

El dirigente del transporte es de la opinión que al final las autoridades están “patinando en lo mismo” y considera que contrarrestar debe ser con una comitiva interinstitucional verdaderamente conformada.

Expuso que esta medida no se está llevando a cabo tal cual lo estipulado porque hay instituciones de gobierno que no están haciendo su trabajo como debería. Al tiempo que indicó que Tegucigalpa y San Pedro Sula siguen siendo las ciudades más violentas para los trabajadores del transporte.

“Nosotros pedimos un compromiso real para enfrentar el flagelo de la extorsión, no enfrentarlo mediáticamente sino que reformen las leyes. Si  las instituciones vinculadas no están en una mesa halando hacia el mismo lugar, vamos a continuar con lo mismo y los resultados negativos no solo son para el sector transporte, sino para la ciudadanía en general que se ve afectado por esta problemática”, lamentó Cálix.