Vecinos de la comunidad de Cuacú, Brisas del Mar,  en el municipio de Santa Rosa de Aguán, en Colón,  aseguran que al menos cuatro hombres armados del grupo irregular anduvieron por la comunidad preguntando los nombres de la dirigencia de la empresa campesina Auxiliadora, situación que es sumamente preocupante porque coloca sus vida en mayor vulnerabilidad.

Aunque la denuncia fue difundida desde el 09 de marzo de este año por la Plataforma Agraria, la situación se torna más peligrosa porque ya los agresores se hacen más visibles en el marco de la impunidad  y quieren establecer más terror contra las personas defensoras de los territorios, situación que por años ha sido denunciada. Los operadores de justicia se han de oídos sordos y han sido denunciados por los familiares de las víctimas y organizaciones del Aguán que están coludidos con los responsables por eso no prosperan las denuncias.

Honduras continúa siendo escenario de violencia para los defensores del territorio, pese a que existe una promesa por parte del gobierno en funciones , de ponerle un alto la violencia registrada constantemente en estas zonas que son de mayor vulnerabilidad, no obstante, los campesinos siguen poniendo sus vidas ante el silencio y displicencia de las autoridades.

Gran parte de  la persecución y represión la viven en carne propia los pobladores y defensores en el Bajo Aguán, departamento de Colón, al norte del país, localidad  que desde 2009 es escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, quienes a menudo denuncian ser víctimas  de persecución y hostigamiento por parte de empresarios que pretenden despojarlos de lo poco que tienen. Los campesinos aseguran que las denuncian se quedan en papel y no hay autoridad que los escuche.

La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) recientemente denunció el desplazamiento forzado de familias de la Empresa Asociativa Campesina Auxiliadora por un “grupo armado irregular”, que estaría al servicio del ex diputado por el Partido Nacional, Óscar Nájera, acentuado en la comunidad de Cuacú Brisas del Mar en Colón .

La denuncia fue interpuesta el 9 de marzo del año en curso para que las autoridades fijen su mirada en esta problemática y que organismos internacionales defensores de derechos humanos conozcan la situación que viven estos pobladores.

Las plataformas campesinas aseguran que el territorio del que fueron desplazadas un gran número de familias, son terrenos que fueron incautados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), a la familia Rivera Maradiaga, quienes lideraban el cartel de drogas de “Los Cachiros”, mismos que hoy están privados de libertad en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico.

Los afectados testifican que desde hace más de una semana, como consecuencia del desalojo por parte de este grupo irregular las familias campesinas de la Empresa Auxiliadora se han mantenido acampados en la orilla de la carretera donde han estado bajo amenaza permanente por parte de grupos armados que les intimidan. Las familias campesinas siguen a la espera que las autoridades actúen, sin embargo, “hemos visto al gobierno actuar con total indiferencia”, dice la denuncia.

El vocero de la Plataforma Agraria regional del Valle del Aguán, Yoni Rivas, dijo a Pasos de Animal Grande que en los últimos años cerca de 180 campesinos han sido asesinados y hoy por hoy pareciera que los agroindustriales se han vuelto más agresivos con sus grupos criminales que están atentando contra la vida de los y las defensoras.

Acuerdos firmados el año pasado siguen sin respetarse y sin cumplirse

Aunque la promesa de Castro está en la memoria de gran parte de la población y trajo hasta cierto punto tranquilidad para las víctimas de persecución y amenazas, hoy por hoy  la violencia y la conflictividad por tierras en contra de los defensores del ambiente continúan.

El acuerdo pactado entre el Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria para solucionar el conflicto en el Aguán ya cumplió un año el 22 de febrero de 2023  y los asesinatos no paran en los territorios que viven con el miedo de ser la próxima víctima. No obstante, los hechos violentos han continuado a pesar de que varias de las víctimas estaban adscritas al Sistema Nacional de Protección (SNP).

Dicho acuerdo incluye investigar violaciones a los derechos humanos y una investigación que determine la tenencia de las tierras en disputa en el Valle del Aguán, zona norte de Honduras. No obstante, el mismo sigue sin arrojar resultados que beneficien a las víctimas.

La abogada Leila Reyes Mejía, quién es la encargada de la Defensoría de los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños y del Medio Ambiente, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), lamentó que  a más de un año de los acuerdos firmados estos no se estén cumpliendo y la muerte siga rondando entre los y las defensoras.

“Nosotros hemos hecho las sugerencias y hemos dicho que desde el Estado no se están atendiendo problemas estructurales, solo atienden cosas pequeñas, se debe atender la situación  porque al final la Constitución es clara,  el Estado existe para la persona humana, no al revés, los cambios tienen que ser reales y los cambios reales parten de eso, de tomar medidas”, manifestó la abogada.

En conversación con Pasos de Animal Grande, Reyes mencionó que la voluntad política debe ir encaminada no solo a generar espacios de diálogo. Asimismo lamentó que de las 18 personas de la Plataforma Agraria que denunciaron que el año pasado se estaba construyendo un plan para asesinarlos seis de estas personas ahora ya están muertas, dijo.

Para Rivas en Honduras la inoperancia de las autoridades con relación a las investigaciones de estos asesinatos es demasiada, y en vez de que haya un cese a la violencia y a las muertes, más bien han aumentado.

“Nos sentimos consternados somos 15 mil personas organizadas en la Plataforma Agraria y merecemos defensoría a nuestros derechos humanos, al ver que la impunidad prevalece en esta región  nos llena de tristeza, pero a la vez recobramos dignidad y rebeldía para seguir con nuestra lucha pacífica y legal”, aseguró.

Ante esta problemática secretarías no toman el papel que les corresponde

 A juicio de la abogada del Conadeh Leila Reyes, las gestiones que está realizando la comisión tripartita son demasiado lentas y burocráticas  y nada pragmáticas y los esfuerzos no van encaminados a dar una respuesta de inmediato.

Es cuestionable como una secretaría responsabiliza a la otra dice Reyes, cuando ninguna de las dos cumple las funciones que les corresponde (refiriéndose a la Secretaría de Derecho Humanos y a la Secretaría de Seguridad).

Al tiempo que manifestó que esta última de acuerdo a estándares internacionales no debe brindarle protección  a los defensores de derechos humanos porque esto se puede convertir en un doble riesgo.

“Una le exige a la otra respuestas sobre la problemática, pero la que tiene que dar respuesta es la Secretaría de Derechos Humanos, porque tiene a cargo la dirección nacional del Mecanismo de Protección”, delimitó la representante del Conadeh.

Manifestó que la percepción que existe desde el organismo que ella representa es que el gobierno no quiere hacer cambios de raíz y solo “están tapando el sol con un dedo”.

Expuso que Honduras sigue sin atender problemas estructurales y aunque hay un equipo técnico que si tiene voluntad, no es así en el más alto nivel, el pueblo hondureño necesita cambios serios y profundos para la solución de todos los problemas sociales, y eso solo lo pueden hacer los titulares de los poderes, subrayó.

El 23 de febrero del año en curso la presidenta Xiomara Castro, dio a conocer el nombramiento de una  comisión para investigar la ocupación de tierras a nivel nacional, la cual estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y el INA.

El objetivo de esta comisión según el viceministro de la Secretaría de Seguridad  Hugo Suazo, mismo que también lidera dicha comisión, es “contrarrestar ese apoderamiento de bienes inmuebles por parte de personas que se dedican a andar invadiendo propiedades que luego mercantilizan o venden por lotes, y luego se desaparecen”.

Suazo recalcó en medios de comunicación que el trabajo de la comisión que se ha ordenado para que trabaje el Valle del Aguán en donde dijo «se están dando las invasiones».

Para Rivas es abominable ver como los grupos de poder ubicados en la región trafican con la corrupción en conjunto con los operados de justicia, autoridades policiales y judiciales. “Esto a veces nos llena de tristeza, pero seguimos con la esperanza que mientras podamos seguir con vida seguiremos luchando y buscando que prevalezca la verdad”.

Asimismo manifestó que mientras las estructuras policiales que se han mantenido en la región sigan ahí a ellos no les garantiza nada, porque las mismas están confabuladas con las estructuras criminales como las de Oscar Nájera y de la familia Facussé, denunció  el líder campesino.

“Nos preocupa que estos personajes no se les investigue, cuando hay pruebas hasta en el extranjero, las autoridades de investigación en este país no escuchan ni miran esas cosas, no les interesa combatir el delito”, cuestionó Rivas.

Pese a las constantes peticiones de los campesinos del Valle del Aguán solicitando protección al Estado de Honduras, los mismos aseguran que la persecución y la muerte continúan.

En lo que va de 2023, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha registrado el asesinato de cinco personas defensoras de derechos humanos relacionados con el conflicto agrario del Bajo Aguán.

El hecho violento más reciente suscitado entorno a la misma problemática, fue el atentado contra la vida del defensor campesino Santos Hipólito Rivas quien también era miembro de la Cooperativa Gregorio Chávez de la Plataforma Agraria, quien pereció junto a su hijo Javier Rivas, suscitado el doce de febrero de 2023 en la comunidad de Ilanga de la ciudad de Trujillo.

Pasos de Animal Grande conoció que el dirigente campesino  había sido incluido en el programa de protección nacional desde el 28 de marzo de 2019, ante las constantes amenazas y la persecución  de las cuales era víctima, sin embargo, tras no ver resultados que favorecieran su seguridad, Rivas viajó a la capital hondureña para exponer personalmente a los encargados del mecanismo de protección la condición de riesgo en la que se encontraba, sin embargo, resultó ser una víctima más.

Víctimas de la persecución, violencia y despojo por defender el territorio

Entre los primero asesinatos registrados el 2023, uno se dio un 7 de enero donde perdieron la vida los ambientalistas de Guapinol, Alí Domínguez (35) y su Jairo Bonilla (28), originarios de Tocoa, departamento de Colón, según dieron a conocer los defensores fueron emboscados y posteriormente ejecutados.

El otro hecho violento se registró  el 17 de enero de 2023, el líder campesino de la Plataforma Agraria de Colón, Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez, fueron asesinados dentro de su vivienda.

Sin que la comunidad pasara el luto tras la pérdida  de sus defensores, el 28 de enero, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció el asesinato de Ricardo Arnaúl Montero, quien también gozaba de medidas de protección nacional.

Las últimas muertes violentas se registraron el 12 de febrero, en la comunidad de Ilanga, Trujillo, departamento de Colón, fueron asesinados a disparos el líder campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier.

Pese a que organismos nacionales e internacionales han exigido el cese a la violencia en esta zona, dichas peticiones no toman fuerza. La OACNUDH ha mostrado su preocupación ante la violencia generada en El Aguán, de igual forma ha exigido que se cumplan los acuerdos firmados con la Presidenta Castro, sin embargo, las autoridades se hacen de oídos sordos ante estas recomendaciones.

El equipo de Pasos de Animal Grande buscó entrevista con el Viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, sin embargo, dicha petición no tuvo éxito.