Hoy 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde ARTICLE 19 para México y Centroamérica, la  Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, PEN Internacional, Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación LGTB, Arcoíris de Honduras y Jóvenes por los Derechos Humanos en Honduras (JOPRODEH) mostramos nuestra preocupación por el deterioro de las condiciones democráticas y el precario ejercicio de la libertad de expresión en Honduras.

Esta situación atraviesa de manera particular y diferenciada a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, derivado de su ejercicio de defensa, y en el caso de la prensa, por informar, investigar y comunicar. Ambas son objeto de agresiones y ataques que tienen como fin censurar y silenciar sus voces, provocando que Honduras se transforme en un espacio donde ejercer la libertad de expresión y el derecho a defender derechos sea una actividad de riesgo

En el informe preliminar derivado de la visita en in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 24 al 28 de abril de 2023, se mostró que la prensa crítica y periodistas independientes son víctimas de agresiones, hostigamientos, amenazas y violencia estatal como consecuencia de  labor investigativa y periodística, especialmente cuando cubren temas como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros. Estas violencias no se quedan en actos intimidatorios y amenazas, sino que llegan a su punto más letal, haciendo que ejercer la libertad de expresión en Honduras sea un peligro de muerte. Ejemplo de ello, es que la CIDH desde su último informe país de 2018 ha documentado 13 asesinatos de periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación en el país, crímenes que continúan impunes derivado de la magra efectividad del aparato judicial en este territorio, haciendo que el país  sea uno de los más violentos de la región centroamericana. 

Estas violencias contra la prensa se profundizan como consecuencia del discurso estigmatizante de parte de autoridades y funcionarios públicos que señalan las voces críticas como “adversarios” y “criminales” poniendo en peligro la integridad de periodistas, personas defensoras y trabajadores de medios de comunicación, como es el caso de Erick Cruz del medio televisivo LTV, quien fue agredido a palos el 16 de enero de 2023 por simpatizantes del partido de gobierno en la ciudad de Santa Rosa de Copán, cuando daba cobertura a una protesta. También fue agredido en ese mismo escenario, Oscar Peña, camarógrafo del canal HCH a quien golpearon e intentaron quebrar su equipo de grabación. Este discurso se convierte en un arma mortal en un contexto de profunda impunidad y debilidad institucional del Estado, ya que, como hemos documentado y como constató la CIDH en su informe en su última visita, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, que se desprende de la Ley de Protección para las y los Defensores de DDHH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia de Honduras, se encuentra en una situación crítica, caracterizada por “problemas técnicos, administrativos y financieros que han erosionado la institución y que socavan su capacidad de respuesta pronta y efectiva para las personas solicitantes y beneficiarias”.

Un asunto preocupante, y que hemos constatado, desde la oficina regional de ARTICLE 19 México y Centroamérica, es la existencia de marcos normativos restrictivos y criminalizantes de la libertad de expresión, tal es es el caso de la permanencia de las figuras delictivas de calumnias e injurias en el Código Penal. En este tenor nos sumamos al llamado de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, sobre la imperiosa necesidad de “descriminalizar el ejercicio de la libertad de expresión en esta materia, y de establecer criterios de proporcionalidad para la fijación de las responsabilidades ulteriores, de conformidad con los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH”.

Amparado en este contexto, nos preocupa el hostigamiento sistemático que ha estado experimentando la periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, quien es actualmente Directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Presidenta de PEN Honduras y Directora del medio de comunicación independiente Pasos de Animal Grande, y quien desde hace varios meses ha sido víctima de acoso, vigilancia, hostigamientos,  amenazas y campañas de desprestigio. Se ha  documentado que ASOPODEHU, ha sido objeto de hostigamiento y persecución por parte de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación y Justicia, quienes de manera sistemática, reiterada y prolongada y sin brindar explicaciones sobre los procesos han estado solicitando los estados financieros de 2020  a 2022 de ASOPODEHU, a pesar que está organización ha respondido a las solicitudes, hemos constatado un ejercicio intencional de desgaste que no brinda respuestas, sino que busca extenuar administrativamente a la organización representada por Meza. La misma situación es enfrentada por las organizaciones Arcoíris, su director Donny Reyes y Jorge Jiménez de JOPRODEH, todxs han tenido un papel protagónico para denunciar la grave situación por la que atraviesa en Mecanismo de Protección en Honduras.

Es importante recordar al Estado hondureño, que el hostigamiento administrativo y fiscal que busca desgastar a medios independientes y organizaciones de derechos humanos, también constituye una agresión y una forma de violencia estatal, por lo que es necesario que ante cualquier solicitud y aclaración del estado legal de un medio u organización, se haga de manera expedita, transparente y favoreciendo la necesaria labor que realizan organizaciones y periodistas independientes. En este tenor, nos preocupa que el hostigamiento del cual están siendo objeto las tres organizaciones antes mencionadas, se suscriba en las recientes declaraciones de Tomás Vaquero, Secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien expresión que “a finales de Abril se publicará informe de ONG’s de ambiente, religiosas, económicas, asistencia social y de otros tipos suspendidas.”

Hacemos un atento recordatorio al Estado hondureño sobre lo señalado por la  la CIDH sobre la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes ejercen la libertad de expresión,  en el sentido de que “…las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”. Por lo que que es de vital importancia que el Estado hondureño se abstenga no solo de cometer agresiones contra quienes hacen uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión, sino que garantice su pleno goce y no use el aparato administrativo estatal para obstaculizar la labor organizaciones y medios independientes en Honduras.

Organizaciones firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).

Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH).

PEN Internacional.

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Asociación LGTB Arcoíris Honduras.

Reporteros sin Fronteras (RSF).