Martes, Oct 2024

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La abogada Mildred Meléndez en la foto cuando denunció ante JOPRODEH y ASOPODEHU la obstaculización por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para asumir como Comisionada ante CONAPREV por sociedad civil , cuya designación 17 organizaciones le dieron desde el 25 de julio de 2023.

El 20 de agosto del presente año el Ministerio de Gobernación Justicia y Descentralización, procedió a juramentar a la representante designada por el Poder Ejecutivo ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), pero mantiene su negativa a juramentar a la representante electa en legal y debida forma por la Sociedad Civil, señalaron las organizaciones de derechos humanos JOPRODEH y ASOPODEHU, en un comunicado de prensa este 26 de agosto de 2024.

Cuestionaron la mala práctica de  los funcionarios de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización , su ministro Tomás Vaquero y el Secretario General Celso Alvarado, que violentan el espacio cívico de las organizaciones de Sociedad Civil al  su posición de no juramentar a la Abogada Mildred Meléndez, quien fue electa en legal y debida forma en asamblea de organizaciones de Sociedad Civil como su representante ante el MNP-CONAPREV en fecha 25 de julio del año 2023 , cumpliendo 13 meses de la elección se empecinan en mantener como vacante dicho espacio.

“La recuerdan que tras fallidos intentos de montar una asamblea paralela y colocar en ese lugar una persona afín al gobierno de turno, hecho denunciado por varias organizaciones. Para evitar que se siga violentando por esta arbitrariedad de las autoridades el derecho de las organizaciones que participaron en la elección, las Organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU presentaron ante la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, Acción Constitucional de amparo, al igual se presentó otro por otras personas y a la fecha ambos no han sido resueltos”.

Agregan que el abuso de poder y la violación a los espacios cívicos se han convertido en una constante en la administración de Xiomara Castro, donde los funcionarios estatales de forma descarada evidencian la intención del Estado de controlar en su totalidad todos los espacios de participación ciudadana, delegados por ley a las organizaciones de Sociedad Civil para la elección democrática de sus representantes.

Lea el comunicado completo :

 

 

 

 

 

 

 

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