A casi 24 horas después del asesinato del ambientalista Juan López, las autoridades no han enviado señales de que iniciaron la investigación del crimen, pero la iglesia católica a través del padre Carlos Orellana, de la Parroquia San Isidro Labrador, responsabilizó al alcalde Adán Funez, de ser el autor intelectual de la muerte a través de hombre a sueldo. Mientras el CONADEH denunció que ya había advertido sobre la falta de implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH para el Comité de Bienes Comunes y Públicos.
Juan López fue asesinado la noche de este 14 de septiembre de 2024, cuando salía de la iglesia donde se congregaban en la colonia Fabio Ochoa, de Tocoa, Colón. Según descripciones de medios de comunicación, la víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando sujetos desconocidos le dispararon en cuatro ocasiones y después se dieron a la fuga. Él era constantemente asediado y su casa estaba permanentemente vigilada por hombres en motocicleta.
CONADEH ya había advertido que no se implementaban las medidas para el Comité de Bienes Comunes y Públicos
Mientras el CONADEH en un comunicado público dijo que “El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), condenó el asesinato del defensor de los derechos humanos, Juan López e instó al Mecanismo de Protección para que aborde con seriedad su mandato, de lo contrario persistirán hechos lamentables que suponen la responsabilidad internacional del Estado hondureño”.
Blanca Izaguirre, titular de ese organismo señaló que Recordó que el pasado 10 de septiembre, el CONADEH emitió una Alerta Temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas.
En la Alerta Temprana, el CONADEH señaló, al Estado hondureño, la gravedad y el riesgo al no adoptar oportunamente las medidas de protección, por lo que realizó 11 recomendaciones tendientes a garantizar el derecho a la vida e integridad de los beneficiarios.
Reiteró que en dicha alerta el CONADEH advirtió a la comunidad internacional, a las autoridades estatales y a la población en general, sobre la falta de adopción de medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor de los Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Recordó que, el 20 de febrero de 2023, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron a la CIDH medidas cautelares y le instaron para que requiriera al Estado de Honduras la adopción de las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad personal de los integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, defensores criminalizados del mismo Comité, y profesionales jurídicos del Bufete Justicia para los Pueblos.
Otro beneficiario de medidas de protección asesinado en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro
Desde noviembre de 2023 la CIDH emitió medida cautelar y Estado no la había implementado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió la medida cautelar 137-2023, en una resolución aprobada el 05 de octubre de 2023 para 13 Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, entre ellos Juan López, por las constantes amenazas por su trabajo en defensa del ambiente.
En relación a Juan Antonio López la CIDH señaló que “Habría sido víctima de numerosas campañas de difamación, las que se han recrudecido recientemente. En el mes de junio de 2023, tras el asesinato de Oscar Oquelí Domínguez, habría sido objeto de amenazas, alegando que una persona afín a la empresa minera le habría indicado que “si alguno de sus familiares salía lastimado, acabaría con quien sea de las familias”. También, un empresario de Tocoa le habría dicho "vos tenés las tablas en el lomo", insinuando que “anda cargando su propio féretro”. El 26 de junio de 2023, habría sido amenazado de muerte por un miembro de una banda delictiva y desde entonces se reportaría la presencia de dos hombres en motocicleta en las cercanías de su vivienda”.
En la decisión la CIDH solicitó al Estado de Honduras adoptara acciones inmediatas para proteger la vida de los ambientalistas
La Comisión Interamericana considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, se solicita a Honduras que:
- a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes identificadas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, y del Bufete Justicia para los Pueblos;
- b) adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que las personas beneficiarias puedan continuar realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia;
- c) concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y
- d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Presidenta Xiomara Castro apenas le dedicó unos segundos para mencionar el crimen
La mandataria Xiomara Castro en su discurso en conmemoración de las fiestas patrias este 15 de septiembre dijo que la institucionalidad hiciera esfuerzos para encontrar a los culpables, apenas se refirió al caso unos segundo y se enfocó en los asesinatos contra defensores en la narcodictadura, los cuales dijo sumaban unos 174.
No obstante no asumió ninguna responsabilidad porque su gobierno no hizo lo necesario para protegerlo a pesar que su vida pendía de un hilo, y se aceleró su riesgo con una carta pública que circuló junto a cuatro regidores más de la municipalidad de Tocoa Colón que pidieron la renuncia del edil Funez por haber salido en un narcovideo donde aparece el cuñado de la presidenta Castro y hermano de su asesor Manuel Zelaya Rosales. Los regidores señalaron que él aceptó públicamente haber estado con narcotraficantes y que eso violenta el código de conducta del servidor público y en menoscabo de su gestión en la alcaldía municipal.
Esta es la carta pública emitida el 10 de septiembre recién pasado por los regidores solicitando la renuncia del alcalde Adán Funez
Iglesia Católica de Tocoa, Colón responsabiliza del crimen al Alcalde Adán Funez
Diversas organizaciones de derechos humanos han emitido comunicados de condena, al igual que organismos internacionales como el OACNUDH que solicitó una investigación tomando en cuenta que se señala la participación del Alcalde Funez.