El año 2022 fue un ambiente sutil con retrocesos, restricciones y obstrucción para el ejercicio del periodismo y defensa de los derechos humanos en Honduras, según el informe "Honduras: Defensores y Defensoras en Riesgo y sin Protección", presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-participa, este 03 de mayo de 2023.

El informe señala que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Equipo de Monitoreo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Riesgo de ACI-Participa, documentó 453 violaciones a los derechos humanos dirigidas a 289 personas defensoras de los derechos fundamentales , en 16 de los 18 departamentos del país.

Un total de 18 defensoras y defensores de los derechos humanos fueron asesinados durante el 2022, en 12 de los 18 departamentos del país, según el informe presentado. En cuanto a periodistas y comunicadores sociales con el asesinato de Edwin Josué Andino, el pasado 10 de octubre, ya suman 98 periodistas muertos en Honduras, en los últimos diez años.

Seis de estas personas defendían los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; tres los derechos de la comunidad LGTBI+: seis la tierra y el territorio y uno la libertad de expresión.

Los ataques, la persecución y hostigamiento contra estos en comparación a los años anteriores agudizaron la crisis, en un país donde ejercer ambas tareas es extremadamente peligroso.

A la reunión que se llevó a cabo en un hotel de la capital, llegaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Milton Jiménez Puerto y Sonia Marlina Dubón, que fueron elegidos recientemente en este poder del Estado.

La Magistrada Sonia Marlina Dubón expresó “vamos a escribir un antes y un después,  en la Corte suprema de justicia encontramos un paciente en cuidados intensivos y pronóstico reservado que dejó de ser un centro de justica y ahora es un centro de negocios, nosotros vamos a cambiar eso”.

Por su parte el magistrado Jiménez Puerto dijo “quisiera que nos dieran el beneficio de la duda porque el hecho de afirmar tajantemente que la corte suprema de justicia  está al servicio de los poderes que están en el país, es una información a la ligera, midiéndonos a todos con la misma vara, tenemos recursos de amparo y la sala de lo constitucional  ha encontrado más de dos mil expedientes rezagados”.

Agregó que han sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y que han  luchado junto a  muchas organizaciones, “fue montada una estructura verdaderamente perversa para destruir las instituciones del Estado, para perseguir, para matar, para violar permanentemente los derechos humanos, estamos hablando de algo reciente, la intención  y el propósito es poder gradualmente modificar ese tipo de práctica “, aseguró.

Fuerzas militares y policiales para intimidar familias campesinas

El informe de ACI-Participa también señala la intimidación de que están siendo víctimas familias campesinas en la comunidad de El Carrizo, en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, en el Sur de Honduras, desde el 22 de enero de 2022, contra quienes pesaba una orden de desalojo. El 31 de mayo del año pasado elementos policiales volvieron a intimidarlos.

Agrega el documento que en la zona hay una persecución judicial permanente hacia quienes defienden el derecho a la tierra y el territorio. Asimismo, la presencia masiva de la Policía Militar del Orden Público, PMOP y de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen, que hacen detenciones arbitrarias de defensores.