Lunes, May 2024

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Foto: homosensual.com

El discurso en favor de los derechos humanos de la presidenta Xiomara Castro ha sido muy positivo, pero ya pasó un año y medio y ese discurso no se ha materializado, nos preocupa una retórica agresión contra las posiciones críticas de la sociedad civil y la violencia contra los Periodistas, dijo Santiago Menna, Asistente de la División para las Américas de Human Rights Watch, HRW.

Mientras Juanita Goebertus, Directora de esa misma organización expresó que las mujeres llevan una carga más pesada cuando luchan contra la corrupción porque son atacadas en redes sociales y se hacen señalamientos de género que violentas sus derechos.

Ambos representantes de HRW estuvieron en Tegucigalpa, Honduras, en una conferencia de prensa, el viernes 09 de junio de 2023, para presentar un informe denominado “Honduras: La lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes”.

En una entrevista con pasosdeanimalgrande.com sobre la situación de la sociedad civil y de las personas periodistas en este nuevo gobierno, Menna dijo que hay muchas preocupaciones entre ellas que el gobierno no adopta un discurso agresivo ante las críticas:

Esta es la entrevista completa

Por su parte Juanita Goebertus, resaltó la importante lucha de las mujeres contra la corrupción la cual lleva mucho riesgo porque se les ataca desde las redes sociales.

Escuche la entrevista completa para pasosdeanimalgrande.com

Recomendaciones de HRW hacia el gobierno de la presidenta Xiomara Castro

Al gobierno de la presidenta Castro y al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres:

Completar las negociaciones para establecer una comisión internacional independiente, autónoma y efectiva cuyo mandato incluya:

La investigación y el procesamiento de casos de corrupción, con una estrategia de priorización de los casos de alto impacto.

La facultad de proponer reformas legislativas para fortalecer el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

La capacitación de fiscales, jueces, policías y otros funcionarios hondureños para combatir la corrupción de forma efectiva.

La colaboración directa con organizaciones de la sociedad civil.

Sobre la base de experiencias comparadas de mecanismos similares, adoptar medidas durante la negociación con el propósito de:

Garantizar la protección de los funcionarios nacionales e internacionales de la CICIH de posibles represalias por su trabajo, tanto mientras opere la comisión como una vez que termine su mandato.

Asegurar la independencia de la comisión para realizar sus funciones, mostrar, entre otros, un mandato más largo que un período presidencial para la comisión y sus máximos representantes que puedan ser renovados.

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la comisión, entre otras medidas, a través de un mecanismo de supervisión independiente.

Incluir funcionarios con enfoques interdisciplinarios, así como expertos en análisis político y comunicaciones.

De conformidad con el memorándum entre la ONU y Honduras, trabajar con los Estados miembros de la ONU para obtener un amplio apoyo en un órgano intergubernamental de la ONU para aprobar el apoyo de la ONU a la CICIH.

A la presidenta Castro:

Colaborar con las investigaciones sobre corrupción brindando a los fiscales información gubernamental sobre contratos, gastos y otras cuestiones de interés.

Trabajar con el Congreso para reformar el marco legal de lucha contra la corrupción, incluyendo a través de la presentación de proyectos de ley para derogar o modificar leyes. (Ver las recomendaciones al Congreso a continuación).

Asegurar que todas las instituciones gubernamentales apliquen la política de transparencia consagrada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo mediante la publicación periódica de información de interés público, y garantizar que el mecanismo que permita al público y la prensa acceder a la información gubernamental funcionamiento de forma eficiente.

Al Congreso de Honduras:

Derogar o modificar las leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción, incluyendo los Decretos 116/2019, 117/2019, 57/2020, 93/2021 y 4/2022.

Aprobar una ley para reforzar la independencia del poder judicial, de conformidad con las normas internacionales, que incluya medidas para:

crear un sistema de administración del poder judicial que contenga un mecanismo justo, transparente e independiente para las medidas disciplinarias que se impongan a los jueces, que sea administrado por un órgano distinto de la Corte Suprema y que cuente con las salvaguardas necesarias para lograr su independencia de presiones politicas y externas de cualquier tipo;

Establecer que los jueces sólo puedan ser suspendidos o destituidos por razones de incapacidad o por conductas que no los hagan aptos para desempeñar sus funciones;

Establecer reglas claras para la designación, el traslado y el ascenso de jueces basados ​​en sus aptitudes e integridad;

Garantizar la designación oportuna de jueces permanentes; y establecer reglas claras para la distribución de causas entre los jueces, a fin de evitar conflictos de intereses y vulnerabilidad ante presiones internas y externas.

Modificar los procedimientos de designación del fiscal general, el fiscal general adjunto y otros altos cargos para prevenir la interferencia política.

Seleccione al fiscal general y al fiscal general adjunto en función de sus calificaciones, experiencia e integridad, mediante un proceso transparente basado en criterios claros y que permita la participación de la sociedad civil.

A los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y países de Europa y América Latina:

Apoyar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en Honduras y comprometerse públicamente a proporcionar apoyo financiero y técnico a la CICIH.

 

Lea el informe completo de HRW Aquí

Vea la transmisión de la conferencia de prensa Aquí

 

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