Históricamente los gobiernos han destinados partidas millonarias para el pago de publicidad oficial, fondos que han sido y son utilizados actualmente también para controlar de manera sutil a los medios de comunicación y periodistas críticos, igual para favorecer financieramente a los que profesan la ideología del partido en el poder.

Esta es una cadena que ningún gobierno ha querido romper. La tendencia es que los medios afines a la ideología del partido en el poder son premiados con pauta publicitaria, mientras que los críticos son estrangulados para intentar doblegarlos.

En Honduras los contratos y pagos de publicidad nunca ha sido auditados y los gobiernos siempre guardan con mucho recelo su distribución, pero el movimiento de este dinero normalmente se evidencia cuando la línea editorial de los medios tradicionales y ahora de los medios alternativos o periódicos digitales cambian de un momento hacia las políticas del oficialismo.

Por primera vez, en la administración de Rafael Leonardo Callejas- 1990-1994- se conoció públicamente como el gobierno utilizaba los recursos de publicidad, incluso de viáticos, para premiar, corromper y castigar a la prensa.

Un modus operandi en todos los gobiernos 

Las administraciones subsiguientes continuaron con el modus operandi a tal extremo que desde Casa Presidencial algunos gobernantes se atrevieron a dar órdenes en ciertas redacciones, censuraron noticias, pretendieron dictar titulares y quitaron periodistas que les eran incomodos.

Hasta el año 2014, eran las oficinas de Relaciones Públicas las que manejaban la partida presupuestaria para publicidad asignada a cada institución oficial, pero en el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández (2014- 2018 luego 2018-2022) la distribución de esos recursos se centralizó en la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia del Gobierno, que dirigió la ahora fallecida Hilda Hernández, hermana del expresidente, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Según el abogado y periodista Saúl Bueso, experto en el tema de libertad de expresión, los gobiernos siempre han manejado los recursos para publicidad de forma discrecional y nunca han rendido cuentas, por lo que es necesario que se apruebe una ley de publicidad que regule esa inversión del Estado.

Al continuar con la tendencia de usar esos fondos como premio y castigo, lo que se pretende es que los medios de comunicación de alguna forma se inclinen a opinar como patrocinadores, destacando la línea oficial, creando así un espacio para que prolifere la corrupción y todo aquello ilegal, sostuvo el profesional del derecho.

Bueso considera que es necesario una normativa sobre ese tema para evitar que por un anuncio el medio de comunicación pierda su independencia, para no permitir también que las administraciones del Estado utilicen el dinero destinado a la publicidad para de alguna manera empujar u obligar a los medios de comunicación a inclinarse a favor del gobierno de turno.

Pero por otro lado también juega un papel importante la ética y la responsabilidad social de los medios de comunicación, cuyos representantes deben tener claro, que a pesar de ser empresas con fines de lucro, se deben a sus audiencias, de lo contrario no tienen razón de existir, dijo.

Lamentó que en el manejo de estos fondos los gobiernos no muestren transparencia y voluntad para rendir cuentas. Se desconoce cómo se distribuye este dinero. Por ejemplo, no es lo mismo pautar en una radio que solo se escucha a la redonda de una comunidad que en otra emisora que tiene cobertura nacional, comparó.

De acuerdo con Bueso, actualmente se está hablando también de una ley para las radios comunitarias sobre la cual hay que tener mucho cuidado para evitar que estas que por un apoyo económico estatal se conviertan en instrumentos ideológicos de un gobierno.

“En primer lugar, la radio comunitaria, su frecuencia debe ser comunitaria, no debe ampliarse, que pierde el concepto de comunitaria. También se debe establecer la forma que el gobierno va a pautar publicidad en estos medios evitando la manipulación”, analizó el periodista y profesional del derecho.

Opacidad en manejo de fondos para publicidad

Ningún gobierno, ni el actual,  ha rendido cuentas de cómo ha distribuido la partida de publicidad, y aunque hay periodistas que han solicitado esa información, jamás han tenido una respuesta.

Según el expediente 037-2020 R del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el 30 de enero de 2020, Robert Marín García, periodista de diario El Heraldo, haciendo uso de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública solicitó “copia de los contratos de publicidad otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia Presidencial a periodistas y comunicadores sociales durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019”.

Además, pidió “copia de los contratos de publicidad y pautas publicitarias que la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia Presidencial pagó a los diferentes medios de comunicación social durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019”.

Como la institución obligada nunca entregó la información solicitada dentro de los plazos establecidos por la ley, entonces el cuatro de marzo de 2020 García interpuso un recurso de revisión. La resolución declarando con lugar el recurso de revisión se emitió hasta el 15 de agosto de 2023.

Aunque el reglamento de la Ley de Transparencia establece que el pleno del IAIP tiene diez días para emitir un dictamen, en este caso en mención se tardó tres años y cinco meses en emitir una resolución. “Esto desincentiva a cualquier ciudadano que busca acceso a la información pública”, lamentó el periodista.

Para García, la tardanza puede deberse, por un lado, a que los representantes de los entes obligados buscan trabar como sea el proceso de entrega de información solicitada; por otro, que los comisionados que integran el pleno del IAIP dejaron acumular su trabajo, también puede haber negligencia y complicidad para quedar bien con las autoridades del gobierno de turno y así continuar en el cargo o aspirar a uno nuevo.

En la resolución SO-550-2023, donde el IAIP declara con lugar el recurso de revisión presentado por García, deja bien claro que “la Presidencia de la República (Casa Presidencial) es una institución obligada al tenor de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo establecido en el artículo 3 numeral 4 en relación a ser una institución que recibe y administra fondos públicos”.

Publicidad condicionada

Sobre este tema, Carlos Ortíz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), dijo que  los gobiernos a través de la publicidad buscan condicionar la línea editorial de los medios de comunicación conduciéndolos al silencio para ocultar ilegalidades y actos de corrupción.

Incluso los medios de comunicación digital que dicen ser alternativos e independientes cayeron en ese juego de dinero por silencio o censura y esto es peligroso en una democracia donde la denuncia y el debate de las ideas debe ser una constante, reflexionó Ortíz.

Así como marchan las cosas, también existe el riesgo de que los medios de comunicación comunitarios, sobre todo las radios, sean condicionados para que no hablen mal del gobierno. Si bien estos medios necesitan apoyo financiero para fortalecerse no tiene que ser poniendo en riesgo su independencia, dijo el presidente de la APH.

“Debemos exigirle al gobierno rendición de cuentas sobre cómo distribuye los recursos destinados a la publicidad oficial, asimismo hay que estar vigilantes a ciertas normativas sobre medios de comunicación que se quieran aprobar en el Congreso Nacional o vía Poder Ejecutivo a través de PCM como ha venido sucediendo en los últimos años”, advirtió.