Mientras la Secretaría de Derechos Humanos convierte el Mecanismo de Protección en un visceral instrumento político e ideológico, Honduras a partir del año 2022, con un promedio de 18 defensores ultimados anualmente, se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita en el mundo, según el estudio denominado “defensores sin defensa” presentado este 10 de septiembre de 2024, por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

El estudio muestra como una instancia de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que nació con grandes expectativas se hundió en un fracaso, del cual ahora no puede salir.

El mecanismo de protección ha caído en la total desconfianza a tal grado que muchos de los beneficiarios prefieren un círculo de confianza que les genera alguna salvaguarda. Ellos sienten que esa instancia los pone en mayor vulnerabilidad, los deja más expuesto y con posibilidades de ser un blanco fácil, destacaron panelistas que participaron analizando la problemática.

Duele que Honduras sea un país con más asesinatos de defensores en el mundo

Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ lamentó que Honduras aparezca como el país con el mayor número per cápita de asesinatos de defensores en el mundo, “eso duele, pero eso debería dolerles más a ellos (Secretaría de Derechos Humanos y gobierno.

Hernández es del criterio  que la defensa de los derechos humanos no tiene ideología, ni color político. No se puede evitar cuestionar aquel que en el pasado enarbolaba la bandera de la protección de derechos humanos pero que hoy en el poder se le olvidó y el defensor se volvió enemigo y lo ataca de manera visceral, con irrespeto, con ofensa, lamentó.

Asimismo, el director de la ASJ cargó contra el cinismo bárbaro de aquellos miembros de la sociedad civil que antes actuaban con beligerancia, pero ahora callan o salen con planteamientos a medias tintas. Incluso eso se pudo ver recientemente con la divulgación del narco video, rememoró.

“Hoy más que nunca tenemos que integrarnos, tenemos que apoyarnos, no caer en la trampa de esa polarización malvada que te pone a competir. Tenemos que unirnos, defendernos, porque hay que defender la vida. También hay que inspirar y animar a otros a sumarse a este esfuerzo”, invitó.

Impactante informe

El informe “defensores sin defensa” hace referencia a la ineficacia del Mecanismo de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia creado en 2015, así como de la inoperancia de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ((FEPRODDHH), creada en 2018.

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ explicó cómo se conforma el mecanismo, y como muchas personas que han buscado su apoyo al verse amenazas no han recibido una respuesta adecuada.

A pesar de la creación del mecanismo, los asesinatos aumentaron en un 42 por ciento y la tasa de impunidad es casi total. De 2012 a 2014 un promedio per cápita de 12 personas eran asesinadas anualmente, posteriormente entre el 2015 y 2021 la cifra subió a 117 dejando un promedio de 17 víctimas por año.

Del 2022 al 2024 la cifra ascendió a un promedio de18 asesinatos por año. Solo en el 2023 Honduras registró siete asesinatos en dos meses y seis de las víctimas tenían medidas de protección. Estas estadísticas para Irene Khan, relatora especial de las Naciones Unidas  “reflejan una colosal falta de voluntad política y un desastroso fracaso del sistema legal y judicial”, según el documento.

El expositor del informe recordó que el mecanismo nació con falencias financieras. En el 2016 se le otorgaron 14.9 millones, el pico fue en 2019 cuando llegó a tener 31.2 millones y bajó en el 2020 y repuntó un poquito en 2021.

En el 2024 se logró la mayor asignación de presupuesto al tener un presupuesto de 35.2 millones de lempiras, de los que 5.5 millones se asignaron a sueldos y salarios, pero siempre hay una reducción de personal que impacta directamente en el trabajo de protección.

En teoría a mayor presupuesto debería existir un mayor fortalecimiento dentro del mecanismo, pero que al menos en resultados no lo hemos visto materializado. Despido de personal capacitado por motivos políticos, ahora la SEDH habla de necesitar 55 personas, explicó.

Según los datos del estudio, la demanda de solicitudes de protección en el 2018 llegó a 178, luego una reducción materializada por esa falta de respuesta muchas veces desde la propia institucionalidad. Hasta la fecha esa cantidad de solicitudes no ha sido superada.

Según las entrevistas realizadas a beneficiarios, existe una enorme desconfianza en el mecanismo de protección al grado que algunos muchas veces prefieren un círculo de confianza que les genera alguna salvaguarda. Ellos sienten que el mecanismo los pone en mayor vulnerabilidad, los deja más expuesto y con posibilidades de ser un blanco fácil.

En la investigación de ASJ también detectó que en el mecanismo existe una asignación del presupuesto desproporcional entre beneficiarios; seis casos absorben el 83 por ciento de los recursos y esas personas que cuentan con medidas son funcionarios que ya tienen una protección especial desde el propio Estado. Se genera una sobreprotección a unos pocos y se desprotege a muchos.

La labor de la FEPRODDEHH también es cuestionable. Entre el 2018 y el 2020 recibió 199 denuncias y en ninguna de ellas presentó requerimiento fiscal. Otro dato revela que del 2018 al 2023 recibió 266 denuncias, de estas solo judicializó tres agresiones contra operadores de justicia, lo que significa que el 98 por ciento de los casos están en la impunidad, o han sido traslados a otras fiscalías.

Indefensión

De acuerdo con Dina Meza, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación para la Democracia y los Derechos Humanos,(Asopodehu), hay una multiplicidad de factores que están afectando la labor del Mecanismo de Protección bajo la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos.

Estamos en gobiernos que no tienen la voluntad política para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué es tan difícil ser defensor y defensora y ser periodista? Porque sencillamente el Estado tiene leyes que no se aplican.

Cuando un periodista habla y posiciona temáticas que incomodan al gobierno de turno, entonces les llaman  personas disidentes, opositoras, enemigas, ya puede ser de este gobierno o del otro, y “nos tienen en salas de crisis ahí con nuestras fotografías, ubicadas  nuestras viviendas y los familiares, estamos mapeados totalmente”.

“Esto implica ser defensor en Honduras y ser defensor, ser periodista, porque estamos en un contrapoder. Nacemos justamente para defender derechos humanos, no para coludirnos con gobiernos de ningún tipo y no tener sesgos políticos en la defensa de lo que estamos haciendo”, expreso Meza.

Ella considera que la sociedad civil también tiene responsabilidad y no puede dejar “que los gobiernos vengan a hacer y deshacer con el mecanismo nacional de protección, sino que debemos ser veedores constantes de esta instancia”.

“Debemos actuar porque es nuestro mecanismo, no fue una dádiva de ningún gobierno. ¿Por qué nos vamos a rendir? ¿Por qué vamos a tener miedo de que nos digan epítetos contra nuestra accionar? Debemos hacernos sentir como sociedad civil, de lo contrario perdemos nuestra patria, perdemos una institucionalidad”, reflexionó.

Pormenorizó que actualmente hay una multiplicidad de actores que están amenazando a los beneficiarios de la ley de protección. Empresas, narcotráfico, crimen organizado, el propio gobierno y funcionarios. “Ahorita nos está viendo el viceministro de protección, lo vemos por ahí, Longino Becerra, una persona que ha sido nula completamente en todo este accionar”.

Él es el viceministro de protección que debe estar encargado de que todo alrededor del mecanismo funcione y no lo hace. “Lo que hace es estigmatizar a la gente, decirle narcocachurecos a los que estamos defendiendo que el mecanismo funciona”, reprochó Meza.

Mientras para Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) sin lugar a dudas, estamos en un momento crítico, no solo para el periodismo, sino que, para la sociedad entera, para el país como tal. “Estamos en uno de los momentos más álgidos en la historia”, dijo.

En este momento, un periodista que tenga una situación de riesgo, una situación que lo ponga en verdadero peligro desgraciadamente no tiene dónde acudir. Estamos con la ley de sálvese quien pueda.

Pero vemos que pasa el tiempo y seguimos teniendo la misma actitud. Entonces ahora nosotros ya podríamos llegar a la primera gran conclusión de que no es realmente falta de capacidad, es falta de voluntad. No les interesa como gobierno en este momento mejorar el mecanismo de protección. No es importante, no está en la agenda, no estuvo en la agenda en ningún momento.

Desgraciadamente, quienes hoy están dándole la espalda al mecanismo, son la gente que antes se protegieron de la narcodictadura que ellos decían, y que se fueron a las calles y que el Estado los quería agredir, ¿tuvieron una respuesta en el mecanismo de protección? Si. De hecho, la siguen teniendo, opinó Reyes.

Aún, dijo, ahora están en el poder, disfrutando de las canonjías y las excentricidades que les da este gobierno. Ahora dicen que este mecanismo- palabras textuales de una exministra de Derecho Humano- “nació en la era de la narcodictadura en el país”.

Recordó un caso que el CPH atendió en San Pedro Sula, y cuatro días después de la denuncia, aparecieron “los flamantes funcionarios del mecanismo de protección. A la víctima le cayeron unos mensajes donde le decían: somos del mecanismo de protección, me podría mandar toda la información y los datos que tiene para ver qué podemos hacer.

“A ese grado de desfachatez, de inoperancia y de vulgaridad ha caído el mecanismo. No tienen una medida de protección, no hay una forma, un canal seguro de comunicación”, lamentó Reyes.

Manifestó que el Colegio de Periodistas, al recibir denuncias, prefiere acudir a otras organizaciones defensoras de derechos humanos y no al mecanismo de protección, porque las víctimas temen que esa entidad del Estado conozca y maneje el caso, porque no hay confianza.

Entre tanto, Dunia Orellana del medio digital Reportar sin Miedo, afirmó que los datos del informe son muy fuertes. Estas cifras están ahí y los que “sufrimos y que tratamos de sobrevivir en un país como Honduras”, donde a diario hay múltiples violaciones hacia la libertad de expresión las condenan.

“Me sorprende mucho la falta de respuesta institucional del anterior gobierno y del actual gobierno. Y los vínculos que existen ahora con todo el tema del narcoestado de un gobierno y del otro, entendemos mucho mejor por qué no funcionan las cosas, y por qué hay muchos funcionarios de este y del anterior gobierno empecinados en poner sus garrar en el mecanismo”.

Recomendaciones

Tanto Meza, como Reyes y Orellana recomendaron una mayor voluntad política para sacar adelante al mecanismo. En este aspecto Meza recordó que la sociedad civil está neutralizada en el Consejo Nacional de Protección, desde que ahí se eligieron a concejales en una asamblea que no llenó los requisitos legales.

Pidió a la Sala de lo Constitucional que desempolve la impugnación sobre esa asamblea que fue ilegal. “Ahí nos dan la razón de que debe realizarse una nueva asamblea, porque sociedad civil está calladita ahí, sin pena ni gloria, pero no quieren notificarnos”.

Detalló que, en un listado de recomendaciones del anterior Consejo Nacional de Protección, le pidieron a la presidenta Xiomara Castro que le dé autonomía funcional y presupuestaria al mecanismo, y que lo saque de la Secretaría de Derechos Humanos, porque ahí las ministras que llegan se creen las jefas de la instancia.

Igual a la Fiscalía de Protección hay que deducirle responsabilidades por no actuar conforme a la ley de protección y por archivar los expedientes sin reunir los requisitos, exigió Meza.

Entre tanto, Reyes aseguró que el CPH puso condiciones para su regreso al Consejo de Protección. “Mientras siga la actitud autoritaria, irresponsable y malcriada de las que han llegado a ser secretarias de Estado de Derechos Humanos, que creen que los derechos humanos solo son para sus activistas, no volvemos al mecanismo”, aseguró.

Ve la comparecencia de panelistas analizando el estudio: