Aunque los ataque a los espacios ciudadanos ya se habían dado en gobiernos anteriores, en la administración actual se han incrementado. Las agresiones del actual gobierno son evidentes en las redes sociales y medios de comunicación afines al oficialismo.
La convocatoria a la asamblea para elegir a los dos representantes propietarios de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección (CNP) sin seguir la ley, y el trabar el nombramiento del representante ante el Comité Nacional de Prevención contra Ia Tortura y Otros Tratos crueles lnhumanos o Degradantes (Conaprev) son al menos dos hechos que reflejan como el gobierno busca controlar los espacios cívicos.
Defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones de desarrollo y de lucha contra la corrupción sostienen que los gobiernos, anteriores y actuales siempre han buscado controlar los espacios ciudadanos ya sea desde Casa Presidencial, desde la Secretaría de Derechos Humanos y ahora desde la Secretaría de Planificación Estratégica.
De acuerdo con Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) el ataque o invasión de los espacios cívicos es un tema que no solo afecta a la sociedad, sino también a la democracia, a los mismos partidos políticos y al gobierno en sí mismo.
Difícilmente podrían decir que gozan de legitimidad cuando hay cierre de los procesos de participación ciudadana, o cuando hay una disminución sobre aquellos procesos de consultas realmente efectivas, donde puedan presenciar que se consulta a la ciudadanía sin importar el color político, la ideología, si pertenece o no pertenece a algún grupo vulnerable, o a algún pueblo indígena, explicó.
Recordó que en a aquellos procesos participativos o espacios ciudadanos que pueden controlar o quieren controlar las expresiones ciudadanas, no se puede decir que se está desarrollando democracia. “De esta forma difícilmente vamos a salir de los problemas que comúnmente hemos venido padeciendo como hondureños”.
Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo sin salirnos del confort, de las mismas prácticas, y no vamos a conocer aquellas lecciones aprendidas de esas diferentes ideologías, porque solamente vamos a agachar la cabeza a aquellas personas que participen en esos procesos diciendo que sí y que todo está bien, expreso Elvir.
Manifestación de ataques
En cuanto a los ataques, ella consideró que hay una mezcla de todo un poco. No solamente es un tema de no respeto a los derechos sociales, sino que también a los derechos políticos. “Mientras no evidenciemos que realmente estamos respetando los derechos humanos, no vamos a poder mejorar aquellos indicadores que puedan levantarnos entonces de un país en el que nos han categorizado como un país subdesarrollado”, dijo.
Es del criterio que, si se afectan los espacios cívicos, se afecta la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo de la sociedad hondureña. Las agresiones, las amenazas a muerte ahora no necesitan realizarse de manera directa, es decir cara a cara en muchas ocasiones. En un mundo donde la era digital está en auge, las redes sociales han sido muy amenazadoras hacia aquellos defensoras y defensoras de derechos humanos, explicó.
Expuso que algunos funcionarios públicos han utilizado sus redes sociales, personales e institucionales, que aún es más grave, precisamente para amedrentar el trabajo de algunas organizaciones de sociedad civil o de personas que representan esas entidades. “No podemos comparar la fuerza política y el poder nato que tiene estos funcionarios con una persona natural que solamente ejerce una función privada”, reprochó.
Incluso varios gobiernos han utilizado las organizaciones de sociedad civil para poder desarrollar algunas actividades en las que de forma directa no se pueden involucrar; es decir, no solamente para afectar el espacio cívico, como el Fondo de Desarrollo Departamental, por ejemplo, donde utilizan a las organizaciones para poder ejecutar algunos proyectos.
Sobre las amenazas que son víctimas las organizaciones civiles desde la Secretaría de Gobernación y la de derechos humanos, Elvir explicó que la labor de la primera es más de vigilar si las organizaciones o asociaciones civiles cumplen o no con la normativa jurídica por la cual se rigen.
“Es un tema de orden, es un tema de cumplimiento, es un tema de generar diálogo con las organizaciones para poder tener un entorno habilitante. Tal vez es un tema de mejorar la burocracia para que ese entorno habilitante pueda ser el más efectivo”.
En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos a través del mecanismo de protección que debería de estar ejerciendo una labor más efectiva, en muchas ocasiones los defensores lo han visto como un arma de doble filo, donde posiblemente pueden encontrar respuestas, pero que también pueda ser una causa más bien de generar mayor persecución política o generar una piedra más grande en su camino para poder encontrar su protección”.
En el caso del bloqueo para nombrar a la representante de la sociedad civil ante el Conaprev, Elvir expresó que “pareciera que siempre quieren negociar estos espacios; es decir, mantener representantes que son afines a los partidos políticos que están en el poder y hay espacios en los que se debe de respetar la voluntad de las organizaciones de sociedad civil”.
Si esos espacios y los procesos no se respetan difícilmente “podemos decir que hay una democracia realmente efectiva y empezamos con ese círculo vicioso”. Con su control los gobiernos como que temen que se les vaya a salir de sus manos sus propios planes.
“Lo que nosotros realmente deseamos es generar participación y ser los más objetivos posibles y lo más neutral, no solo para poder cumplir con las normas jurídicas establecidas, sino también para poder generar aquellas lecciones aprendidas y buscar mecanismos en los que realmente podamos desarrollar aquellos temas que realmente estamos viendo que estamos atrasados como país”, reflexionó la directora de Foprideh.
Gobierno debe respetar
Unas de las organizaciones de la sociedad civil que más ataques han recibido del gobierno es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los medios de comunicación, el Conaprev y el Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Igualmente se ha criminalizado las protestas pacíficas.
El informe sobre concentración de poder donde se revela el nepotismo de la familia Zelaya Castro, llevó a que Casa Presidencial y sus funcionarios, incluidos los diputados del Congreso Nacional desataran una ferozmente cacería contra la directora del CNA y a quienes la apoyan.
Igualmente, desde la misma Casa Presidencial se ha boicoteado el nombramiento de la representante de la sociedad civil ante el Conaprev, la abogada Mildred Meléndez, electa democráticamente en una asamblea de organizaciones civiles. Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos casi destruyó totalmente el mecanismo de protección, en el cual se sigue imponiendo a personas sin seguir los procedimientos legales.
Sobre, la agresión a los espacios ciudadanos, Alba Mejía, directora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT) expresó: “nosotros hemos sido francamente sorprendidos, desilusionados con la actuación del Poder Ejecutivo desde una perspectiva tan sectaria para no reconocer los créditos de una profesional como la abogada Mildred Meléndez, una profesional con mucha experiencia nominada por la sociedad civil para el Conaprev”.
Recordó que eso nunca había pasado en el sistema nacional de prevención de la tortura. En los gobiernos anteriores se trabajó bajo el respeto de la ley y a la sociedad civil nunca se le cuestionó su representante y nunca se anduvo preguntando de qué partido era, detalló Mejía rememorando las designaciones de las abogadas Odalis Nájera y Glenda Ayala.
“El punto es que puedo, con todo mi conocimiento, afirmar que ese espacio- Conaprev- ha sido totalmente irrespetado por el Poder Ejecutivo al no hacer el nombramiento de la abogada Mildred Meléndez de conformidad con la voluntad mayoritaria de las organizaciones de sociedad civil que la elegimos”.
No hay que manosear las instituciones creadas para cumplir una misión. Deben ser respetadas, deben ser apoyadas, deben ser auditadas. El gobierno debe estar encima de ellas, pero para respaldarlas en la misión.
Nosotros no somos enemigos de ningún gobierno. De hecho, le puedo decir que los avances más importantes los hicimos cuando estaba el abogado Leónidas Rosa Bautista, en el Ministerio Público. Él es “una persona de filiación nacionalista, pero con una mentalidad democrática en cuanto a las relaciones con el otro, para mí era un ejemplo”.
Ahora es muy difícil “para nuestras organizaciones hacer propuestas porque todo lo ven matizado por el rojo y el negro o por el azul y no sé qué otros colores. La intromisión en los espacios de la sociedad civil, tienen que criticársele a los gobiernos independiente de quienes sean.
Los que gobiernan tienen que entender que los espacios cívicos son espacios de fortalecimiento de la democracia. El gobierno actual necesita reconocer y abandonar el sectarismo, abandonar ese malestar, esa carcoma que se lleva en el alma política para relacionarse con los demás, demandó Mejía.
Entre tanto el analista Miguel Cálix, lamentó la hipersensibilidad del gobierno a la crítica. “Quieren que a fuerza los medios no hagan balance, o sea, que solo se muestre lo bueno que ellos ven y creen que es bueno y que no se les señalen sus errores”. Un buen ejemplo fue el tema de los hospitales con el suministro de algodón, agregó.
Cuando estaban en oposición querían que se publicara todo, que se dijera todo lo malo. Y ahora que son gobiernos no quieren que se critique y siempre salen con esta cantaleta de la corporativa mediática que no reconoce méritos. ¿Por qué voy a felicitar al gobierno por lo que es su deber hacer? cuestionó Cálix.
Por otro lado, las organizaciones de sociedad civil están hechas y concebidas para hacer propuestas, trabajar y señalar si se han perdonado delitos, condonado deudas, amnistiado delitos que no debieron amnistiarse, la prevención de la corrupción, o el tema del abuso de la compra directa como un mecanismo de contratación del Estado. Esto se señaló antes y se señala ahora.
Por ejemplo, el trabajo del CNA es mostrar cuáles son las prácticas que pueden ser un riesgo, como la corrupción; en el caso de las organizaciones que trabajan con población penitenciaria velar por los derechos humanos, “que por cierto ahora no se ven, están guardando complicidad, silencio a muchos temas”.
Actualmente “hay un estado de excepción que ha tenido casi dos años, matan gente en medio del estado de excepción y nadie dice nada. Ahora, si ha habido reducción de homicidios, que creo que el Observatorio de la Violencia los ha destacado”. Es que al gobierno cuando algo le sale mal, “quieren matan al mensajero”, reflexionó Cálix.
Qué es el espacio cívico según la ONU
El espacio cívico es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros:
- acceder a la información,
- participar en el diálogo,
- manifestar disidencia o desacuerdo, y
- unirse para expresar sus opiniones.
Un espacio cívico abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación, es un requisito indispensable para que el desarrollo y la paz sean sostenibles.
El espacio cívico está sometido a presión
En la actualidad, el espacio cívico está sometido a presión. Se multiplican las leyes represivas, que acarrean mayores restricciones a la libertad de expresión, participación, reunión y asociación. Las nuevas tecnologías han contribuido al crecimiento de las redes de la sociedad civil, pero también han proporcionado a los gobiernos excusas para controlar los movimientos de esa sociedad y las libertades de la prensa, a menudo con el pretexto de la seguridad.