Angélica Álvarez, ministra por Ley de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, asumió el cargo este viernes 23 de abril, firmando un acuerdo con los empleados que mantuvieron tomadas las instalaciones de esa dependencia por serias violaciones a los derechos humanos. A su lado también llegó Héctor Longino Becerra, quien fue nombrado vice ministro de Protección y prometió respeto a la Ley y a la dignidad de las personas que laborar para tal dependencia.
Las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU demandaron este 20 de febrero de 2024, a la presidenta Xiomara Castro nombrar la personas idónea, respetuosa de los derechos humanos, una pronta reestructuración de la Secretaría de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, atención a las víctimas de la política represiva de la ministra Natalie Roque y respeto a los derechos laborales de quienes levantaron la voz y llevaron a cabo la toma de las instalaciones de esa dependencia.
Pen International emitió una acción global a favor de Cesario Padilla, quien es miembro del Centro Pen Honduras, y que está condenado por el delito de detentación de edificios públicos, a tres años de prisión, intersección civil y a pagar la millonaria cantidad de 13 millones 800 mil lempiras, unos 187 mil dólares a la UNAH, por defender junto a sus compañeros Sergio Ulloa y Moisés Cáceres. Un juez de Ejecución les negó la amnistía para perseguidos políticos recientemente.
La apoderada legal de los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa salió incómoda del Juzgado de Ejecución, donde solicitó una audiencia Ad-Hoc para que se aplicara el decreto de amnistía que es aplicable a perseguidos políticos, petición obstruida por un fiscal del Ministerio Público que ya llevaba línea a la audiencia, por lo que el juez a cargo rechazó la medida, en su resolución el pasado 31 de enero.
El Ministerio Público se opuso a la aplicación del Decreto de Amnistía contra estudiantes perseguidos por la ex rectora Julieta Castellanos desde 2014 y quienes fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia anterior a tres años de cárcel por el delito de detentación de edificios públicos, a pesar que en la sentencia se les había criminalizado el derechos a la protesta con el ilícito de usurpación. Pero ahora hay nuevas autoridades del Poder Judicial y en el Ministerio Público, pero la persecusión continúa. La abogada Kenia Oliva de la defensa de los estudiantes hace un llamado urgente al rector Odir Fernández para que termine con este negro capítulo de la historia de la UNAH.
