Históricamente los gobiernos han destinados partidas millonarias para el pago de publicidad oficial, fondos que han sido y son utilizados actualmente también para controlar de manera sutil a los medios de comunicación y periodistas críticos, igual para favorecer financieramente a los que profesan la ideología del partido en el poder.

Entre 2012 y 2023, en la IM-Defensoras hemos documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 956 organizaciones. En el mismo período, 200 defensoras fueron asesinadas y otras 228 sobrevivieron a intentos de asesinato. El 45% de los ataques son perpetrados por autoridades del Estado a través de cuerpos policiales, autoridades de distinto nivel y fuerzas militares, según un informe de  la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ordenó sobreseimiento definitivo para los ex estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, quienes fueron condenados por detentación de edificios públicos en la causa impulsada por la ex rectora Julieta Castellanos desde 2017, como represalia por defender derechos estudiantiles.

“Desde el C.P.T.R.T estamos muy sorprendidos por la negación por parte del Estado de los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos durante la intervención militar, quienes dijeron que no ha habido ningún caso de tortura, cuando desde el C.P.T.R.T. tenemos debidamente documentados diferentes casos de actos constitutivos de tortura en contra de personas privadas de libertad y sus familiares”, señaló el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, CPTRT, al término de la evaluación de Honduras ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, CAT, este 18 de abril de 2024.