La percepción generalizada de varios periodistas y comunicadores sociales hondureños es que, en los dos últimos años, la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos atenuaron su lucha y se acomodaron al poder político de turno.
El gobierno debilitó a unas entidades y marginó a otras que no eran afines a su política e ideología; por otro lado, empleó a los que dirigían estas instancias; el resultado es la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos dispuestas a defender los derechos fundamentales sin sesgo político, dijeron quienes hablan del tema en esta nota.
Diez periodistas entrevistados coincidieron en que ese alineamiento con el gobierno ha generado un silencio cómplice de las entidades defensoras de derechos humanos, poniendo en situación de vulnerabilidad a sus propios activistas, así como a los ambientalistas, a los defensores de los territorios ancestrales, del agua. . y de la libertad de expresión e información.
Los datos manejados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) revelan como Honduras cada año retrocede en esa materia, olvidando incluso las recomendaciones dadas en el último Examen Periódico Universal (EPU) realizado en noviembre de 2020.
A criterio de los profesionales entrevistados, a los fríos números de víctimas se une el actuar de la Secretaría de Derechos Humanos, que en la presente administración no solo desbarató el Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia, sino que actualmente también atenta contra otras organizaciones, buscando cooptarlas y silenciarlas.
Para el periodista Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) el Estado ha incumplido en la defensa y protección de los defensores de derechos humanos. “Los defensores del ambiente, de los territorios, del agua, están en una situación muy vulnerable. Cada día hay activistas en estas áreas que son amenazados por grupos que ya se saben de dónde provienen, que son los que están metidos en la explotación minera, en la explotación del agua, del bosque”, señaló.
Ante tal situación, la APH se reincorporó al desbaratado Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero esta instancia prácticamente está haciendo poco, por no decir nada. Desde el estado mismo le dicen que no hay recursos financieros, otras veces que ya se habilita, pero que en realidad no hay nada. ¿Con esta actitud que resultados concretos va a tener? cuestionó Ortiz.
Criticó que cuando algún activista necesita protección ante amenazas, hostigamiento y agresiones, “tanto el gobierno de Xiomara Castro, como la mayoría de las organizaciones que antes hacían bulla, hoy se hacen los sordos, los ciegos”, dejando expuestos a los que verdaderamente luchan. . . . . por la vida, por sus tierras y por los recursos naturales.
Las víctimas y el silencio.
Desde inicios del presente siglo, Honduras se volvió letal para los abogados, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión, ambientalistas y defensores de los territorios ancestrales y del agua. Las amenazas contra ellos van desde agresiones, persecuciones, hostigamientos, querellas, secuestros y asesinatos.
De acuerdo con los registros del Conadeh, desde el año 2001 en Honduras se han asesinado a 96 personas vinculadas a los medios de comunicación, igual a unos 210 abogados; además desde el 2014 otros 140 activistas de derechos humanos, entre ellos ambientalistas, defensores de territorios ancestrales y el agua también perdieron la vida a mano de sicarios. De esta cantidad alrededor de 40 crímenes se dieron desde el 2021 a la fecha.
El último informe de 2022 de la OACNUDH señala que los conflictos sociales y ambientales relacionados con la tierra y el territorio, junto con los conflictos agrarios, tienen un fuerte impacto negativo en los derechos humanos y la seguridad, desestabilizan el país, y contribuyen directamente a la violencia, el desplazamiento y la migración.
En el 2022, esta Oficina registró al menos 173 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2022, resultando en un total de 242 víctimas, de las cuales 191 son defensoras y 51 periodistas.
“De estas víctimas, 147 (60.7%) estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, 36 (14.9%) a periodismo y 19 (7.9%) a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI. Del total, 117 víctimas (48.3%) eran hombres cisgénero, 66 (27.3%) mujeres cisgénero, 5 (2.1%) mujeres transgénero y 1 (0.4%) hombre transgénero”.
“En 53 casos (21.9%) los ataques fueron contra organizaciones, medios de comunicación u otros colectivos. Asimismo, 68 (28.1%) eran indígenas y 26 (10.7%) afrohondureñas”, detalla el documento.
Para el periodista Kenny Castillo, de origen garífuna, su pueblo siempre ha caminado solo, “Algunas veces hemos visto intervenciones cortas, cuando los temas se ponen de moda y cuando pueden constituir algo de visibilidad pública para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ahí es cuando salen a defender a los amenazados, de lo contrario los abandonan”.
En los últimos meses, afirmó Castillo, que ha visto un Estado indiferente y unas organizaciones de derechos humanos totalmente calladas. “En las comunidades garífunas hemos reclamado por toda una vorágine criminal y muy pocos han llegado a apoyarnos; lo que comunmente vemos son constantes ataques a comunidades indefensas, a una comunidad que no tiene armas”.
Igualmente, para el comunicador social Carlos Rivera, quien labora en la región occidental del país, pareciera que las organizaciones defensoras de derechos humanos ahora están más alineadas al gobierno que con sus propios objetivos.
“No se les mira la beligerancia que habían tenido, por ejemplo, aquí en Santa Rosa había organizaciones de derechos humanos y han desapareció”. Aparte de eso, uno llega a las instituciones estatales de derechos humanos y lo ignoran. “Hoy no es como otros años donde a las víctimas las atendían de inmediato y gestionaban protección”, rememoró.
Recordó que como reporteros ha acompañado a algunas personas víctimas de amenazas, pero en las organizaciones ni en las instituciones del Estado no ve aquel interés para auxiliarlos y ayudarlos a resolver la situación.
Aquí no hay oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, las organizaciones también han desaparecido, prácticamente solo está el Conadeh, donde si reciben las denuncias; “uno llega, se sienta, reciben la denuncia y dicen ahí le vamos a avisar, eso es todo; algunas veces avisan otras no”, lamentó Rivera.
Es que aquí en el occidente del país, las organizaciones defensoras de derechos humanos hace meses perdieron su protagonismo. “Aquí no hay protección de los derechos humanos. Aquí nos defendemos como podemos”, sostuvo también José Alemán, veterano comunicador social en el occidente del país.
Debilitamiento
De acuerdo con el periodista Dagoberto Rodríguez, este gobierno ha venido a coptar a las organizaciones sociales y dentro de ellas a las de derechos humanos. “Por ejemplo en la secretaria de Derechos Humanos, la ministra Natalie Roque prácticamente lo que realizó fue enfrentar, marginar y sacar del Sistema de Protección a las organizaciones de derechos humanos que consideraba que no eran afines al gobierno”.
Aparte de eso, muchas de las organizaciones que en el gobierno de Juan Orlando eran muy beligerantes prácticamente las han debilitado, otras cooptado; por eso, con ligeras excepciones, las organizaciones de derechos humanos en este momento guardan silencio ante muchos abusos en el tema de libertad de expresión, violencia contra las mujeres y contra los ambientalistas.
¿Qué han dicho las organizaciones de mujeres ante las agresiones que han venido cometiendo los mismos diputados contra sus compañeras de cámara y hasta de su propia bancada? Nada. “Esto nos indica que prácticamente se han alineado con el gobierno y las que no, han sido marginadas”, criticó Rodríguez.
Su percepción es que prácticamente se ha politizado la protección de los derechos humanos; el gobierno protege a los que baraja son de su pensamiento o línea de acción, dejando sin cobertura a las organizaciones o activistas que consideran que fueron afines al gobierno anterior, o por alguno otro motivo que ellos consideran no está dentro de la óptica de su ideología, a estos se marginan.
“Tenemos una ministra de derechos humanos que ha tolerado los abusos, los ataques, las amenazas contra diferentes organizaciones o sectores que no están dentro de la órbita de Libre. Las acciones de defensa de derechos humanos solo existen para los que son leales al gobierno no para todos aquellos sectores que permanentemente han mantenido una verdadera lucha de protección de los derechos humanos”, deploró Rodríguez.
Sin agenda
Tanto para Rodríguez como para Ortíz, la verdadera defensa de los derechos humanos no está en la agenda del gobierno. Rodríguez es del criterio que el gobierno debería darle prioridad a este tema, basándose en que viene de sufrir amenazas, persecución y exilio. No es posible que gente que abogaba por la defensa de los derechos humanos cuando no eran gobierno ahora más bien ignoran los abusos, entrando en una total contradicción.
Hemos visto atentados, asesinatos a los defensores de derechos humanos sin que las organizaciones defensoras y el gobierno actúen, eso indica la ruta. Lamentablemente hoy tenemos un gobierno y unas organizaciones apáticos que guardan silencio frente a los abusos, cuestionó Rodríguez.
Entre tanto Ortiz, igualmente percibe que el tema de los derechos humanos no está en la agenda pública de este gobierno; “Al contrario, ellos están pensando más en como perpetuarse en el poder cueste lo que cueste, en generar caos, anarquía, incertidumbre. Los derechos humanos a la salud, la educación y la seguridad están colapsados.
Resintió el hecho de que muchos que lideraban organizaciones de derechos humanos hoy son parte de la burocracia gubernamental, cuya factura es de beneficio directo a esta administración, pero de gran perjuicio para la sociedad. Ahora muchos defensores de derechos humanos que están en el gobierno han cambiado sus discursos y más bien atacan a los que verdaderamente defienden los derechos humanos, reprochó el presidente de la APH.