Un Juez de Letras de lo Penal decidió este domingo 12 de enero de 2025, auto de formal procesamiento con arresto domiciliario para tres generales que fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de homicidio contra Isy Obed Murillo Mencía y lesiones graves a Alex Roberto Zavala Licona, lo que fue considerado como una burla para los familiares de las víctimas y la vigencia de estructuras de poder en el sistema de justicia.

El pasado 05 de enero de este año el ente acusador a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, presentó requerimiento fiscal contra los generales Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Carlos Roberto Puerto Fúñez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, sobre quienes pesa el señalamiento de estar involucrados en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado de 2009.

Los militares fueron capturados ese mismo día 05 de enero , llevándose a cabo la audiencia de imputado donde el juez decidió enviarlos a la cárcel de Támara en el Distrito Central donde permanecieron seis días en espera de la audiencia inicial que empezó desde el viernes 10 de enero hasta concluir en las primeras horas de la madrugada del 12 de enero.

Desde el 10 enero en que dio comienzo la audiencia inicial que duró más de 48 horas, los familiares de Isy Obed Murillo Mencía y testigos llegaron a la audiencia, también centenares de manifestantes del partido LIBRE salieron a las calles pidiendo cárcel para los generales en mención.

En el preámbulo de la resolución sobre esa audiencia, el Ministerio Público a través de su Fiscal General señaló que el requerimiento Fiscal estaba muy bien sustentado porque tenían todas las pruebas necesarias, mientras la defensa de los imputados destacó  que estaban en indefensión porque no tenían acceso completo al expediente.

Pruebas, testigos y peritos presentados por el MP fueron insuficientes para el Juez

En la audiencia inicial el Ministerio Público presentó 14 medios de prueba documentales; cuatro testigos y tres peritos, y la defensa de los generales pruebas documentales, consultores y también cuatro testigos, con lo que el Juez no recalificó el delito de homicidio por el de asesinato, pero sí el de lesiones graves por tentativa de homicidio, lo que concluyó con el auto de formal procesamiento con una medida sustitutiva a la prisión como es el arresto domiciliario para los tres imputados.

Tanto la parte acusadora de los generales como la defensa dijeron estar inconformes con el fallo del Juez y anunciaron apelaciones. Desde la perspectiva del MP y la acusación privada se deben valorar mejor otros elementos que supuestamente debe castigar severamente a los militares  y la defensa reitera que los ex oficiales deben ser dejados en libertad definitiva.

MP: Considera logro el auto de formal procesamiento

Ministra de SEDH y Delegado del Poder Popular: Se logró demostrar un vínculo con crímenes de lesa humanidad pero algo pasó que no sabemos

Angélica Álvarez, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, dijo muy convencida a  pasosdeanimalgrande.com que “no será fácil el cumplimiento de justicia en éste y otros casos, las estructuras de poder están vigentes en el sistema de justicia hondureño, permitirle a Romeo Vásquez Velásquez arresto domiciliario es una bofetada a los familiares de los mártires de la resistencia, a la resistencia como tal”. Agregó que “lo rescatable es que se mostró su vínculo a crímenes de lesa humanidad. La resolución de hoy reconoce ese extremo. El juez ha encontrado razones para vincularlo al proceso criminal y eso será importante y determinante en los pasos siguientes, esperamos sea castigado en juicio oral y público”.

Por su parte Sergio Rivera, quien funge como Delegado del Poder Popular dijo a este medio que “seguro pasó algo ahí que no sabemos, mandarlo a casa es premiarlo, hay que esperar a ver si pasa algo”, señaló refiriéndose al general Romeo Vásquez Velásquez, pero consideró como un logro que le dictaron auto de formal procesamiento.

Qué es un crimen de lesa humanidad

El Artículo 7  del Estatuto de Roma,  de la Corte Penal Internacional,  señala que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) g) Tortura; Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, entre otros.

Sigue la “justicia selectiva” en el gobierno de la refundación

Honduras ha funcionado a lo largo de los años con una justicia selectiva que arremete contra quienes defienden derechos y acaricia con manos de seda a los que cometen graves violaciones a los derechos humanos, así las víctimas y los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas en la década de los ochenta esperan justicia, igual que las relacionadas con el golpe de Estado , de los sucesos de elecciones de 2017 con la reelección del ex presidente Juan Orlando Hernández, esto se debe a que este sistema de justicia ha sido construido con impunidad, los hechos se repiten porque el mismo funciona a la medida de los gobiernos que llegan al poder y de quienes han manejado la nación por más de una centuria. En la actualidad la situación no ha cambiado en nada.

Ese sistema de justicia en que funcionan coordinadamente el Poder Judicial en su conjunto desde las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, donde los nombramientos de los magistrados también se hacen a la medida del gobierno de turno; se suma el Ministerio Público; fiscales, jueces, Policía Nacional, las Fuerzas Armadas ahora con más poder que nunca en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro quien dijo que "los militares deben volver a los cuarteles".

Así se ha observado en casos emblemáticos que el sistema de justicia se lució para mantener a defensores de Guapinol José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández, por dos años y medio en prisión preventiva, sin acceso a recursos legales que los sacara de la cárcel sino que se coludieron fiscales, jueces, policías y cortes de apelaciones , para que no pudieran ver la libertad, aunque habían recomendaciones internacionales que señalaban al Estado que parara la arbitrariedad.

Eso sucede cuando se ha dicho a la saciedad desde la entrada del actual Fiscal General Johel Hernández que ahora el Ministerio Público protagoniza acciones para castigar a los responsables de graves delitos, lo cual es cuestionado por la oposición de que no hay un mismo trato con el ex diputado Carlos Zelaya, quien fue exhibido a través de un video de coludirse con narcotraficantes sin que hasta ahora el ente acusador haya iniciado un proceso legal que le deduzca responsabilidades.

El Ministerio Público tampoco acciona para castigar a los responsables de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, cuyas denuncias ni siquiera pasan por el primer filtro porque son rechazadas.

Un vivo ejemplo es el caso de Alba López, periodista, defensora del ambiente y de la democracia que ha sufrido graves amenazas, despido de su trabajo en el SANAA en este gobierno por hostigamiento del gerente de esa institución sin que sufriera ninguna consecuencia. Otro hecho gravísimo es que cuando salía de una reunión del Frente Nacional de Resistencia en diciembre de 2023 fue arrollada por un vehículo desconocido, estuvo a punto de perder la vida y todavía lidia con secuelas en su rostro por este atropellamiento que el Ministerio Público no ha avanzo ni un centímetro para investigarlo. López ha sido una activista crítica del partido LIBRE y sigue luchando por los derechos de la población.

También se ha señalado la prontitud de acciones para la emisión de un requerimiento fiscal contra el defensor Jorge Jiménez, el año pasado, en momentos en que criticaba duramente a la Policía Nacional por actuar tardíamente en el crimen de varios jóvenes que fueron asesinados y cuyos cuerpos según dijo el afectado permanecieron tirados mientras la policía no actúo para no opacar el Foro de Sao Pablo que se realizó en julio de 2024 en Tegucigalpa. Después de exponer el tema públicamente recibió amenazas a muerte y después se impulsó un requerimiento fiscal por supuesta estafa contra militares, caso que ya fue sobreseído por falta de pruebas.

Ese escenario hay un reiterado señalamiento en contra el Ministerio  de que actúa con fines de persecución política y que en estos momentos es proclive a mejorar la imagen del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que en la próximas elecciones generales sea garantizado el triunfo de LIBRE por medio de su candidata Rixi Moncada.

Varios sectores han coincidido de que en el caso de los tres generales  se trata de una operación mediática en un año político que no llegará a nada, contrario a la esperanza que se instaló en los familiares de las víctimas de que por primera vez verían operar a la justicia en favor de los derechos humanos, pero la esperanza se está esfumando como la neblina.