El gobierno muestra un total abuso de los medios de comunicación del Estado al utilizarlos para promover la imagen de Rixi Romana Moncada, precandidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente en el poder, generando una competencia desigual con el resto de los precandidatos tanto dentro del mismo oficialismo como con los opositores.

La Secretaría de Planificación Estratégica, que dirige Ricardo Salgado, tiene en planilla alrededor de 120 periodistas laborando en Radio Honduras, Canal 8, el periódico Poder Popular y en las distintas plataformas sociales. Aparte de ellos tiene otro centenar de profesionales como camarógrafos, técnicos, diseñadores gráficos, fotógrafos, editores de video, técnicos en comunicación, entre otros.

Esta cantidad de personal podría ser mayor porque hay periodistas que su sueldo sale de Casa Presidencial. Por otro lado, también está a disposición de la candidata oficialista el canal 20 del Congreso Nacional, donde su titular Luis Redondo va en la primer casilla de la nómina de diputados que promueve el Movimiento 28 de Junio que lidera Moncada.

Toda esto este aparataje tiene que responder no solo a fortalecer la labor e imagen del gobierno, sino que actualmente, según los mismos periodistas que trabajan para el Estado, que pidieron protección de su identidad para evitar represión, se les obliga a impulsar la campaña de Moncada, de lo contrario pueden ser marginados. “La orden es cubrir todos los eventos donde está ella” relató uno de los periodistas.

Igualmente, el gobierno ha desplegado sus tropas digitales, que se pagan con fondos públicos y que se esconden en el anonimato, para atacar a la oposición y a los críticos en todas las redes sociales.

Para el abogado y analista Kenneth Madrid, el uso de los medios de comunicación nacional para promover solamente la candidata afín a la Casa Presidencial es un ventajismo, una acción desleal en una competencia democrática donde todos deben participar en la misma condición de igualdad.

Es que hay una ventaja porque se están utilizando medios que son del Estado, televisión, radio, redes sociales. Bajo esa circunstancia también se aprovechan las obras públicas que se hacen con recursos del Estado para promocionar a una funcionaria, pero a la vez precandidata.

Aquí lo que uno ve es una preferencia, sin lugar a duda contrario a la ética, a la moral por el conflicto de interés que conlleva. “Lamentable que esto sucede de la misma manera que en el pasado. Los que criticaban esto y que uno esperaba que no lo repetirían actúan igual. Está sucediendo exactamente lo mismo que en otras campañas políticas que habíamos visto en el pasado”, lamentó.

Madrid consideró que para mostrar respeto por los demás, Moncada debió apartarse del cargo de ministra de defensa y correr únicamente por una precandidatura para “efecto de no utilizar los medios del gobierno, tampoco utilizar fondos públicos, porque al salir junto a la presidenta Xiomara Castro, promocionando obras que se han hecho con recursos del pueblo, le da mucha ventaja sobre los otros candidatos”.

“De tal manera que no se está jugando limpio con los candidatos de su mismo partido y con los de los otros partidos de oposición. Recordemos que vamos a una elección interna, y prácticamente dentro de su mismo partido no se está dando el mismo tratamiento igualitario. Se está abusando obviamente de los recursos públicos, de los medios de comunicación del Estado y eso no es correcto. Deja mucho que desear para el partido oficialista”, deploró.

Abusos

El artículo 24 de la ley de política limpia contenida en el decreto 137-2016,  publicada en La Gaceta el 18 de enero de 2017, precisa que “los recursos o bienes del Estado no pueden ser utilizados ilícitamente para actividades electorales, quienes contravengan esta disposición son administrativa, civil y penalmente responsables”.

Fátima Mena y Kenneth Madrid

Igualmente, el artículo 32 sobre la neutralidad política, establece que “los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de realizar actos de proselitismo político de conformidad con el Artículo 142 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Durante los últimos cuarenta y cinco (45) días del período de propaganda, quedan suspendidas las inauguraciones de obras públicas y su difusión en medios de comunicación”.

No obstante, actualmente es notable el uso de los recursos públicos como los programas sociales, los medios de comunicación y los vehículos del Estado para fortalecer la campaña de la precandidata del Movimiento 28 de Junio.

Esta facción de Libre, hasta hace tres meses era coordinada por Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, pero luego él dejó ese cargo tras aparecer en un video con un grupo de narcotraficantes negociando un soborno para Libre y para su hermano.

Incluso, los empleados públicos, son obligados a ir a concentraciones políticas del partido en el poder, como sucedía en el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández.

Ante tal situación, los analistas proyectan que para el próximo año, tal como marchan las cosas, la candidata oficialista tendrá más preponderancia en los medios de comunicación privados y del Estado. O sea, una campaña con un evidente desequilibrio.

De acuerdo con la diputada Fátima Mena, debido a los abusos que se están cometiendo con los recursos públicos y los medios de comunicación del Estado para potenciar la imagen de Moncada, el Poder Ejecutivo no le quiere dar recursos a la unidad de política limpia, “porque claramente eso está prohibido”.

Una vez que ha inscrito el movimiento por el cual ella se postula ya es una precandidata del partido Libre por lo tanto no puede hacer de uso de los recursos estatales y andar inaugurando obras junto a la presidenta Castro, demandó también la congresista.

En este caso, manifestó que Moncada debe ser separada de su cargo como ministra de defensa porque hay un conflicto de intereses ya que las Fuerzas Armadas es de los entes a cargo del proceso y debe movilizar logística. “Todo esto representa un conflicto de intereses como funcionaria pública y como precandidata del partido Libertad y Refundación”.

Desgraciadamente los medios de comunicación del Estado han seguido una línea de responder a un partido político y no al Estado en sí. “Esto lo hemos visto también en el pasado, pero aquellos que antes criticaban esos abusos, ahora que están en el poder los reproducen. Lo que para ellos antes era malo ahora es bueno. Son malas prácticas que se deben cambiar, pero hasta el momento no hemos visto esa intensión”, expuso Mena.

Recordó que el uso de los recursos públicos para promocionar a la candidata oficialista violenta el principio de igualdad que debe regir en todo proceso democrático, y pone en una situación de clara desventaja a todos aquellos y aquellas que no tienen acceso a los recursos de los programas sociales del gobierno y a los medios de comunicación del Estado.

Reproducción

Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó que él creía que el uso de los medios del Estado y los recursos públicos para promocionar candidatos ya se había superado, pero lamentablemente se sigue haciendo lo mismo de los gobiernos pasados.

Cuestionó que por órdenes superiores los periodistas que trabajan para el Estado pierdan el norte y se plieguen a campañas políticas oficialistas. “¿Cómo puede ser que un medio de comunicación del Estado, de la sociedad, esté al servicio de una candidatura política, de un partido político, de un movimiento interno político?”, reclamó.

Asimismo, lamentó que los medios de comunicación estatal y los grupos de personas pagadas con dinero de los contribuyentes- llamadas tropas digitales, se utilicen para apoyar a un candidato afín al poder o para denigrar a la oposición. Los recursos públicos no deben ser instrumentos para favorecer intereses particulares o de grupos de poder, reprochó Reyes.