Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público (MP) a Celso Alvarado, secretario general de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos y abuso de autoridad.

En la queja se acusa a Alvarado de negarse a extender el acuerdo de nombramiento y juramentar a la abogada Mildred Johana Meléndez Mejía como comisionada ante el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), en representación de las organizaciones de la sociedad civil.

Ella fue designada en una asamblea general de 30 organizaciones de la sociedad civil, realizada el 25 de julio de 2023, misma que fue instalada por el secretario general de la Secretaría de Derechos Humanos, por la presidenta y secretario de la asamblea y con la presencia de los observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

El cuatro de agosto de 2023 se realizó ante la Secretaría de Derechos Humanos la entrega del acta de la asamblea referente a la elección de la comisionada representante de la sociedad civil ante el MNP-Conaprev, luego el 23 de agosto se remitió el oficio CZ02-230823 dirigido “al secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización solicitando la juramentación” de la abogada Meléndez”.

No obstante, el cuatro de septiembre mediante oficio numero 412-DSE-2023 la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización respondió expresando que de momento no ha recibido instrucción alguna para proceder a realizar tal juramentación.

Ante tal situación, mediante oficio número SEDH-0777-2023 la Secretaría de Derechos Humanos remite a Alvarado la documentación de la Asamblea General de Sociedad Civil para designar a la comisionada que integrará el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes MNP-Conaprev.

A través del oficio SEDH-0909-2023, el secretario de estado por delegación en el despacho de derechos humanos, Guido Eguigure le informa al secretario general de Gobernación, justicia y Descentralización que la designación de la comisionada por las Organizaciones de la Sociedad Civil para integrar MNP-Conaprev recayó en Meléndez Mejía, “quien con base a ley del mecanismo deberá seguir con el mandato correspondiente, por lo que en aplicación a la ley en referencia y en la Ley General de la Administración Pública, proceda emisión del acuerdo respectivo en atribución a la Secretaría de Gobernación”.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, en vez de cumplir con la ley, mediante oficio 1515-SG2023, Alvarado responde al oficio SEDH- 0909-2023, expresando que si bien es cierto la secretaria de Gobernación es responsable de algunos acuerdos ejecutivos de la presidenta, estos se elaboran de acuerdo a las directrices.

Ante la negativa de juramentación, a través del oficio SEDH-0932-2023 la ministra de derechos humanos Natalie Roque se dirigió al ministro de gobernación Tomás Vaquero Morris informándole que en dos ocasiones la secretaria de Derechos Humanos ha remitido la documentación relacionada a la Asamblea General que se llevó a cabo el 14 de julio y que en ambas ocasiones se las han devuelto.

En tal oficio Roque manifiesta su preocupación ante la respuesta de Alvarado “quien expreso que la Secretaría de Derechos Humanos depende de hacer un cabildeo o lobby”, dice la denuncia que ya está interpuesta en la fiscalía junto con los documentos de respaldo.

En el documento se pide darle el trámite de ley correspondiente. Asimismo, que se señale fecha y hora de esta para escuchar las partes y ampliar la información y que se proceda a la remoción del abogado Celso Alvarado en lo que se investiga la presente causa. La denuncia la interpusieron Alba Marina Medina, Delma Carolina Ordóñez, Mildred Johana Meléndez, Wendy Lizet Morales y Rihanna Ferrera.

Al momento de presentar la denuncia, Medina sostuvo que se conoce que las designaciones del ejecutivo ante el MNP-Conaprev son de dedo obedeciendo, criterios políticos, en contra de lo que se señalan los mecanismos internacionales de designación de comisionados; en cambio la sociedad civil realiza una asamblea general, lee las hojas de vida de las candidatas y seleccionar a la persona que reúne el criterio, la experiencia y el perfil ético.

La designación recayó en Meléndez y ahora hemos conocido una cantidad de obstáculos organizados y desarrollados a partir de una impugnación de un grupo que no está conforme con la designación, “¿por qué? La respuesta puede estar en que, la compañera es garífuna, porque la compañera no voto por Libre, o que otra razón no lo comprendemos”, sostuvo Medina.

Entre tanto Meléndez señaló que la denuncia se presenta por la falta de cumplimiento en la emisión del acuerdo de su nombramiento como representante de sociedad civil ante el Conaprev, dado que el 25 de julio se le seleccionó para ese cargo y a la fecha la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización tampoco la ha juramentado.