Sábado, Jul 2024

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Foto:proceso.hn

Con apoyo de algunos entes civiles afines, el Poder Ejecutivo demanda que se repita la asamblea del 25 de julio de 2023 donde las organizaciones de derechos humanos designaron como su representante a Mildred Meléndez.

Lo que el Poder Ejecutivo pretende con tomar el control del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumano o Degradante (CONAPREV) es evitar que haya denuncias por delitos de tortura y abusos de autoridad en los centros penales, analizó Orle Solís, excomisionado de esa entidad defensora de los derechos humanos.

Según la ley, este organismo debe ser dirigido por tres comisionados, uno en representación del Poder Ejecutivo, otro por el Legislativo y el tercero es seleccionado por las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, desde Casa Presidencial se ha montado un boicot para evitar el nombramiento de la abogada Mildred Meléndez, designada en una asamblea de al menos 30 organizaciones realizada el 25 de julio del 2023, y que 17 de ellas la seleccionaron.

Aunque las decisiones del CONAPREV pueden ser tomadas por dos de los tres comisionados y se consideran colegiadas, la falta de la representación de la sociedad civil crea un vacío, que según los expertos, es contraproducente, ya que todas las violaciones de derechos humanos que se están ocultando, tarde o temprano, serán conocidas a nivel internacional y el Estado pagará las consecuencias.

De acuerdo con Solís, es preocupante que, a esta fecha, el Poder Ejecutivo no haya juramentado al representante de la sociedad civil ante el CONAPREV, creando así un vacío muy perjudicial en la protección de los derechos humanos en las cárceles del país.

El problema es que han intervenido prácticamente a la institución. Aunque la ley es bien clara, precisa y determinante. “Incluso, tengo entendido que el ministro de finanzas, Marlon Ochoa, abusando del poder ha pasado los fondos del CONAPREV a la Secretaría de Derecho Humano”, lamentó.

Él es del criterio que al no nombrar al representante de la sociedad civil, el Ejecutivo está cometiendo un grave error, y esto debe ser denunciado ante Comité contra la Tortura, ante la representación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Honduras y ante el representante de la ONU en Tegucigalpa.

“El no nombramiento del representante de la sociedad civil obedece a que quieren pues debilitar al CONAPREV, y  ya lo han conseguido, porque no hay presencia en los centros penitenciarios, no hay presencia en las postas policiales, no hay presencia en ningún centro de detención… tal como lo establece la ley”, sostuvo Solís.

Recordó que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo “siempre han estado en componendas o de acuerdo”, mientras que el representante de la sociedad civil es la que establece un balance en todos los actos de ese mecanismo de prevención de la tortura.

“¿Qué se pretende con el control CONAPREV? Que no haya denuncias por delitos de tortura, que no haya denuncias por abusos de poder o de autoridad en los centros de detención, sean estos centros de privados de libertad o cualquier centro donde haya detención”, criticó.

Según el excomisionado del CONAPREV, la ley señala que la falta de un comisionado representa “intereses políticos, intereses de poder en el ámbito de la aplicación lo cual lo establece el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, artículo 19”.

Violación de la ley

El artículo 8 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos, o Degradantes señala que el o la representante de la sociedad civil ante el CONAPREV debe seleccionada en una asamblea general de las organizaciones defensoras de derechos humanos “de conformidad a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública.

Posteriormente el artículo 9 precisa que los miembros del Comité Nacional deberán verificar por sí mismos los resultados de los informes de las investigaciones que realice este órgano y sus responsabilidades son indelegables, salvo caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo establecido en el reglamento de esta ley”.

De acuerdo con Solís, los tres comisionados del CONAPREV tienen las mismas responsabilidades, pero el balance para evitar que haya manipulación del sector oficial, es el representante de sociedad civil, entonces es fundamental que los informes, las inspecciones en las instituciones sujetas al mecanismo tengan el visto bueno de los tres representantes.

Entre tanto, Ester Salinas, asesora legal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) cuestionó que el Poder Ejecutivo en vez de cumplir con el nombramiento de Meléndez como representante de la sociedad civil, como manda la ley, más bien ahora está proponiendo que se repita la asamblea.

En una reunión sostenida el martes 18 de junio reciente, en el Centro Cívico con la subsecretaria de derechos humanos, Angélica Álvarez, Desiré Flores, Vice Ministra de la Presidencia y la subsecretaria de gobernación y el secretario Celso Alvarado, “nos dijeron que se llamaba a la sociedad civil para un diálogo, para llegar a un acuerdo en común”, recordó.

Para ella, que el Ejecutivo haya llamado a un diálogo para llegar a un acuerdo, eso les da a entender que no reconocen la designación de Meléndez, realizada en una asamblea del 25 de julio del 2023, donde 17 de 30 organizaciones votaron a favor de ella.

Se accedió al diálogo, pero la propuesta que después surgió es que se repitiera la asamblea del 25 de julio del año pasado, como lo proponen 11 organizaciones de la sociedad civil que no aceptan la designación de Meléndez, “mientras que nosotros que somos 17 mantenemos en la mesa la no repetición”.

“¿Cuál es el problema de esa nueva asamblea? Es que esas once organizaciones presentaron una manifestación a fin de declarar nula la asamblea del 25 de julio y el Estado no ha resuelto ese escrito, tampoco ha resuelto otros recursos que nosotros presentamos”. Al final de la reunión “el Estado lo que hizo fue que nos dio una semana para que lleguemos a un acuerdo, sino ellos resolverían”, explicó Salinas.

Asimismo se han presentado dos Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justica, uno por JOPRODEH y ASOPODEHU, por violación al espacio cívico y el otro por las 17 organizaciones que eligieron a Meléndez, los cuales no han sido resueltos.

Respeto a la independencia del CONAPREV

Entre tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recientemente recomendó al Poder Ejecutivo que  designe a la comisionada o comisionado correspondiente ante el CONAPREV y que se procure que dicha persona reúna los requisitos de idoneidad del cargo y que la misma no tenga afiliaciones políticas manifiestas que puedan traducirse a un conflicto de interés real o percibido al momento de ejercer el mandato.

El Conadeh emitió una “Alerta Temprana” en la que instan al Estado hondureño a respetar y fortalecer la independencia de mandato, operativa y financiera del mencionado mecanismo de protección, para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas bajo custodia del Estado.

Para Ricardo López, delegado adjunto del CONADEH, los estándares internacionales exigen que los mecanismos nacionales de prevención de la tortura deben tener independencia financiera, operativa y funcional para poder ejercer su mandato.

Además, advirtió que la independencia del mandato y operatividad de CONAPREV podrían ser vulnerado debido a la falta de nombramiento de la persona designada de la sociedad civil, así la del mismo Poder Ejecutivo, quien renunció al cargo el 14 de marzo de 2024.

En lo que respecta a la designación consideró que la vacancia del puesto podría deberse a la falta de la reglamentación del proceso de selección, nombramiento y juramentación de los comisionados y a la falta de claridad por parte de la institucionalidad respecto a quién le corresponde conocer de los recursos de impugnación interpuestos y realizar el nombramiento.

No obstante las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU, ante esa alerta temprana del CONADEH manifestaron a través de un comunicado que "La institucionalidad del MNP- CONAPREV se encuentra debilitado desde hace mas de un año, por lo que mas que "Alerta Temprana", existe una reacción tardía a la situación que atraviesa el órgano encargado de monitorear, asesorar y recomendar al Estado sobre la Prevención de Ja Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, que no solo adolece de falta de recursos financieros y desarticulación por la falta de nombramiento de quienes lo integraran".

Agregaron que l“El CONADEH tuvo conocimiento de la elección realizada hace casi 10 meses, en la que se eligió con el voto de más de la mitad de las organizaciones presentes en la asamblea de sociedad civil, aunque con la intención de boicotearla las organizaciones afines al Gobierno de Xiomara Castro se retiraron, pero esto no impidió que realizara la elección de su representante, la que no ha sido juramentada ni emitido su acuerdo por motivaciones políticas y la negativa de parte de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización“.

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