El Coronel Ramiro Muñoz, Comandante de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, y director del Instituto Nacional Penitenciario, debe ser denunciado por abuso de autoridad y los jueces de Ejecución deben parar de inmediato la medida arbitraria de sacar a los privados de libertad a pintar paredes borrando grafitis en las calles de la capital , lo que constituye trabajo forzado y tratos crueles inhumanos y degradantes, dijo el abogado penalista Henriech Rommel Pineda Platero al ser consultado sobre el tema.
El pasado 08 de julio unos 30 privados de libertad fueron sacados a las calles de la capital a borrar grafitis de las paredes, lo cual emula los tiempos del General Tiburcio Carías Andino, quien cuando ejerció una dictadura entre 1937 a 1949 en Honduras y que obligó a los reclusos a construir calles, bajo el slogan de encierro, destierro y entierro.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), señalan en la Regla 73 que “Cuando los reclusos sean conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán las disposiciones adecuadas para protegerlos de los insultos y de la curiosidad del público e impedir toda clase de publicidad.
la Regla 1 que reza; “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
La versión de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP) es que se trata de un proceso de rehabilitación, reeducación y reinserción social
Desde que la PMOP al mando del coronel Muñoz tomó la administración de las cárceles por la delegación de la presidenta Xiomara Castro se han producido una serie de abusos que ponen en precario los derechos humanos de este sector.
El Abogado Pineda Platero es del criterio que quienes deben parar de inmediato esta arbitrariedad son los jueces de Ejecución porque son quienes deben vigilar que los privados de libertad cumplan su condena sin abusos contra sus derechos humanos. El profesional del derecho habló para pasosdeanimalgrande.com sobre el tema, vea este video: